Resumen en español

El argumento central del presente artículo plantea que la tensión entre legislación y jurisdicción constitucional puede ser resuelta con la ayuda de los principios formales. Tradicionalmente esta tensión ha venido siendo resuelta mediante argumentos referidos a un autocontrol del órgano jurisdiccional tales como el judicial self-restraint y la political question. Estos argumentos no son suficientes para determinar el ámbito de discrecionalidad del órgano creador de normas, así como para dotar de legitimidad a sus decisiones. Los principios formales permitirían no solo determinar el margen de decisión tanto del órgano legislativo como del jurisdiccional, sino también fundamentar la legitimidad de las decisiones autoritativas provenientes de un procedimiento de toma de decisión. Ambos aspectos constituyen condiciones necesarias de la institucionalización de la razón y son el núcleo de la autoridad del derecho. En el presente trabajo nos referiremos sustancialmente a la tensión existente entre jurisdicción constitucional y legislación, y cómo pueden los denominados “principios formales” aportar una solución factible a dicha tensión.