Justicia, verdad y reparación en el proceso de paz en Colombia
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Resumen en español
Uno de los principales retos del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP es la conciliación entre el logro de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación. El Congreso de Colombia aprobó en julio de 2012 el “Marco Jurídico para la Paz”, un conjunto de mecanismos de justicia transicional que pretenden facilitar las negociaciones, evitar la impunidad de los graves crímenes cometidos por los diferentes actores (guerrillas, grupos paramilitares y agentes estatales) y otorgar garantías a las víctimas. Este Marco introduce los principios de priorización y selección para el ejercicio de la acción penal, es decir, define en qué supuestos y con qué criterios se pueden priorizar unos delitos respecto de otros e, incluso, si se puede centrar la investigación penal exclusivamente en los máximos responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Este es el umbral mínimo que cabe exigir tanto al Estado colombiano (y en particular a las fuerzas armadas) como a los miembros del Secretariado de las FARC. El Marco Jurídico para la Paz también prevé la creación de una Comisión de la Verdad que arroje luz sobre los gravísimos crímenes cometidos en Colombia, y deja en manos del Estado instrumentos importantes en materia de flexibilización de la respuesta penal ante los crímenes cometidos por diferentes actores armados. Estos beneficios están condicionados a que los desmovilizados efectúen contribuciones significativas para una paz duradera, la verdad y para lograr la reparación de las víctimas.
Resumen en inglés
One of the main challenges facing the peace process between the Colombian government and the FARC-EP is how to secure peace while at the same time guaranteeing the victims’ rights to justice, truth and reparation. In July 2012 the Colombian Congress adopted a Legal Framework for Peace, a package of transitional justice mechanisms designed to facilitate negotiations, prevent impunity for the serious crimes committed by the different actors (guerrillas, paramilitary groups and State actors) and provide guarantees to the victims. Under the Framework, the principles of prioritisation and selection are to be applied to the bringing of criminal proceedings, in other words, for deciding in which situations and on the basis of which criteria some offences may be prioritised over others and even whether the criminal investigation might focus solely on the main perpetrators of war crimes, crimes against humanity and genocide. This is the minimum threshold that should be demanded of both the Colombian State (and especially the Armed Forces) and members of the FARC Secretariat. The Legal Framework for Peace also provides for the establishment of a Truth Commission to shed light on the extremely serious crimes committed in Colombia and leaves in the State’s hands a number of important instruments that allow a flexible approach to be taken with regard to the punishment of crimes committed by the different armed actors. The granting of such benefits will be subject to those being demobilised making significant contributions towards achieving lasting peace and securing truth and reparation for the victims.