Acerca de la relevancia de las investigaciones sobre sesgos implícitos para el control de la decisión judicial

Abstract

La categorización social (i.e., la clasificación de personas en grupos sobre la base de determinadas características [TAJFEL, 1978]) es un componente básico de nuestro modo de pensar y actuar (LAKOFF, 1987). Asimismo, es una herramienta indispensable en el funcionamiento del derecho, puesto que las normas generales asocian una solución normativa a una clase de casos identificada, en parte, mediante referencia a una categoría de personas (ALCHOURRÓN y BULYGIN , 1971). No obstante, el uso de categorías sociales no está exento de dificultades. En ámbito jurídico se exige a los jueces que contrasten los efectos perjudiciales derivados de clasificaciones basadas en características sensibles (o sospechosas), referidas a grupos que han sufrido discriminación en el pasado (SABA , 2009). Numerosos ordenamientos jurídicos, con mayor o menor éxito, han introducido dispositivos para reducir la discriminación producida por categorizaciones sospechosas.