Ley 546 de 1999: propuesta de una regulación frente a la disyuntiva entre la estabilidad financiera y el acceso a la vivienda digna
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Resumen en español
Como medidas microprudenciales para contener una crisis financiera se han establecidos límites a los indicadores de préstamos otorgados sobre el valor del activo financiado y la deuda sobre el ingreso del prestatario (Loan To Value o LTV y Debt To Income o DTI). El LTV hace parte del marco normativo que regula en Colombia el sistema de financiamiento de vivienda a largo plazo, Ley de Vivienda o ley 546 de 1999. Sin embargo, al consistir en restricciones al acceso al crédito y, por ende, a su democratización, ha generado un impacto negativo directo sobre el número de hogares que han podido adquirir vivienda propia, resultando una medida regresiva en cuanto a la materialización del Derecho de rango constitucional a la Vivienda Digna, (Artículo 51 CP), pero favorable como garantía de la estabilidad financiera al permitir una asignación responsable de créditos, privilegiando este último indicador. No obstante, se sugiere replantear estos límites sin generar efectos desestabilizadores del sistema financiero, en desarrollo del postulado de progresividad en la atención de derechos de carácter asistencial, y recordando el compromiso social derivada de nuestra Carta Constitucional consistente en concretar el derecho a la vivienda como postulado de la dignidad de los colombianos.
Resumen en inglés
As microprudential measures to contain a financial crisis, limits have been set on the indicators of loans granted on the value of the financed asset and debt on the borrower's income (Loan To Value or LTV and Debt To Income or DTI). The LTV has been part of the regulatory framework that regulates in Colombia the long term financing housing system, Housing Law or Law 546 of 1999. However, given the restrictions on access to credit and, therefore, its democratization, it has been generated a direct negative impact on the number of households that have been able to acquire their own home, resulting in a regressive measure in terms of the materialization of the constitutional right to Decent Housing, (Article 51 CP), but favorable as a guarantee of financial stability by allowing a responsible allocation of credits, privileging the latter indicator. It is suggested to rethink these limits without generating destabilizing effects of the financial system, in development of the postulate of progressivity in the attention of welfare rights, and recalling the social commitment derived from our Constitutional Charter consisting of concretizing the right to housing as a postulate of the dignity of Colombians.