El derecho a la doble conformidad judicial como garantía convencional en el ordenamiento jurídico colombiano
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Resumen en español
El derecho a la doble conformidad judicial es una garantía reconocida en nuestra Constitución Política de 1991 y en diferentes tratados internacionales de derechos humanos debidamente ratificados por Colombia, cuya protección garantiza al condenado la posibilidad de apelar la primera sentencia que lo declaró penalmente responsable. Lo anterior, mediante la interposición de un recurso ordinario, de fácil acceso y que permita al juez superior pronunciarse sobre aspectos fácticos, jurídicos y probatorios de la sentencia recurrida. A pesar de haber sido creada desde 1991, su reconocimiento efectivo solo surgió de la sentencia C-792 de 2014 que declaró la inconstitucionalidad diferida de algunas normas y exhortó al Congreso a regular la materia. Actualmente, el derecho a la doble conformidad protege a quienes fueron condenados desde el 30 de enero de 2014, razón suficiente para preguntarse si dicha garantía debería proteger también a todos los condenados desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.
Resumen en ingles
The right to double judicial compliance is a guarantee that is recognized in our 1991 Political Constitution and in different international treaties on human rights duly ratified by Colombia, whose protection guarantees the convicted the possibility of appealing the first sentence that declared him criminally responsible. The foregoing, through the filing of an ordinary resource, easily accessible and that allows the superior judge to rule on factual, legal and evidentiary aspects of the appealed ruling. Despite being created since 1991, its effective recognition only emerged from ruling C-792 of 2014, which declared the deferred unconstitutionality of some norms and urged Congress to regulate the matter. Currently, the right to double conformity covers those who were convicted since January 30, 2014, reason enough to wonder if said guarantee should also protect all those convicted since the entry into force of the 1991 Political Constitution.