Límites legales a la facultad de la administración para ascender a los miembros de las fuerzas militares
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Resumen en español
La investigación analiza la aplicación del principio del mérito dentro del régimen especial de carrera de las Fuerzas Militares y los problemas a los que se enfrenta, haciendo énfasis en el sistema de ascensos dentro de la estructura jerárquica militar al cual se accede normativamente a través de un proceso de selección por meritocracia. No obstante, dadas las particularidades de dicho régimen, el Consejo de Estado jurisprudencialmente ha aceptado que los procesos meritocráticos empleados difieren del sistema general de carrera administrativa; según el Alto Tribunal, el otorgamiento de los ascensos dentro de las Fuerzas Militares corresponde al ejercicio de una facultad discrecional justificada en las necesidades del servicio y, de ninguna manera, el mérito que demuestren los aspirantes les otorga el derecho de ascenso o se constituye como un mandato obligatorio para la selección de personal. Por otra parte, la Corte Constitucional sostiene que los ascensos en la Fuerza Pública hasta el grado de coronel están plenamente reglados y atan a la administración a la observancia estricta de la meritocracia o selección de los mejores, postura jurídica que resulta armónica con el principio del mérito como pilar esencial y eje definitorio de la estructura básica de nuestra Carta Política.
Resumen en inglés
The research analyzes the application of the principle of merit within the special career regime of the Military Forces and the problems it faces, emphasizing the promotion system within the military hierarchical structure which is normatively accessed through a selection process by meritocracy. However, given the particularities of the regime, the Council of State has jurisprudentially accepted that the meritocratic processes used differ from the general system of administrative career; According to the High Court, the bestowal of promotions within the Military Forces corresponds to the exercise of a discretionary power justified in the needs of the service and, in no way, the merit demonstrated by the applicants grants them the right of promotion or is constituted as a mandatory mandate for the selection of personnel. On the other hand, the Constitutional Court maintains that promotions in the Public Force up to the rank of colonel are fully regulated and bind the administration to strict observance of meritocracy or selection of the best, a legal position that is harmonious with the principle of merit as an essential support and defining axis of the basic structure of our Political Charter.