Resumen en español

Desde la última década del siglo xx el sector energético español está privatizado y liberalizado. Las empresas que operan en el ámbito de los hidrocarburos (gas y petróleo) y de la electricidad, están en manos de inversores privados y compiten entre sí. Se trata, entre otras muchas, de empresas multinacionales como Iberdrola, endesa, Naturgy, edp, Viesgo, Repsol, cepsa, acciona, etc. Sin embargo, subsisten algunos organismos públicos relevantes, como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (ciemat) y el Instituto Geológico y Minero de España (igme), que son organismos públicos de investigación, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (idae), la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (cores) –una Corporación de Derecho Público que garantiza la seguridad del suministro de hidrocarburos en España a través de reservas y el control de existencias de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural–. Además, hay algunas (pocas) sociedades mercantiles de capital público, como la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (enresa). Por último, el Grupo hunosa opera en el sector energético-minero español, fundamentalmente en las explotaciones residuales de carbón, participada al 100% por la sepi. Hay también una participación pública en los operadores de los sistemas gasista (5% de enagas) y eléctrico (20% de ree). Las entidades locales participan cada vez más activamente en la generación de electricidad mediante fuentes renovables de energía (y su suministro a los vecinos del municipio), bien a través de la creación de empresas municipales, bien mediante la toma de participaciones en cooperativas o comunidades energéticas.