Análisis de la eficacia del régimen simple de tributación en el sector calzado del municipio de San José de Cúcuta : estudio de un caso
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Resumen en español
El Régimen Simple de Tributación en Colombia fue instituido a través de la Ley 1943 de 2018. Desde que este Régimen ingreso al ordenamiento jurídico causo un sin número de reacciones no solo para las entidades de orden territorial, sino para académicos, doctrinantes y contribuyentes, que a pesar oír los grandes beneficios fiscales que generaba la nueva figura, especialmente en cuanto a ser un programa para la formalización de las empresas, también sentían desconfianza sobre los efectos que traería su aplicación. El punto más álgido en un primer momento se centró en determinar si la inclusión del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros a un régimen de orden Nacional era constitucional o si por el contrario vulneraría la autonomía de las entidades territoriales otorgada a través de la Constitución política de 1991. Sin embargo, esta discusión fue zanjada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-493 de 2019, al no encontrar merito para afirmar que el incluir un impuesto de orden territorial en un Régimen de orden Nacional despojara o vulnerara la autonomía que gozan las entidades territoriales. Con el paso de los días la constitucionalidad del RST se convirtió en el más mínimo problema para el Gobierno Nacional, pues el verdadero reto se centra en la eficacia de este para la formalización de pequeñas y medianas empresas que actualmente funcionan en la informalidad, además de la formalización de empleos que aumente los ingresos tanto de las entidades territoriales como de la Nación.
Resumen en ingles
The Simple Taxation Regime in Colombia was instituted through Law 1943 of 2018. Since this Regime entered the legal system, it caused countless reactions not only for territorial entities, but also for academics, scholars and taxpayers, who Despite the great tax benefits generated by the new figure, especially in terms of being a program for the formalization of companies, they also had mistrust about the effects that its application would bring. The most critical point at first focused on determining whether the inclusion of the Industry and Commerce Tax and its complement of notices and boards to a National order regime was constitutional or if, on the contrary, it would violate the autonomy of the territorial entities granted to through the 1991 Constitution. However, this discussion was settled by the Constitutional Court through Sentence C-493 of 2019, when it did not find merit to affirm that including a territorial order tax in a National Regime would deprive or violate the autonomy enjoyed by territorial entities. As the days went by, the constitutionality of the RST became the slightest problem for the National Government, since the real challenge or high point is centered on its effectiveness for the formalization of small and medium-sized companies that currently operate in informality, in addition to the creation of formal jobs that increase the income of both the territorial entities and the Nation.