Responsabilidad extracontractual del Estado colombiano en sede de Justicia y Paz : un debate sobre la victimización secundaria como fuente de responsabilidad post reconocimiento indemnizatorio en sentencia
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Resumen en español
El propósito de este trabajo fue establecer que la victimización secundaria derivada del pago parcial de la indemnización reconocida en las sentencias proferidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, es fuente potencia de responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano. Para tal fin, se hizo un análisis documental de fuentes primarias: sentencias judiciales, autos y decisiones administrativas, así como de fuentes secundarias, como entrevistas a las víctimas en medios de comunicación y noticias. Con ello se determinó que esta responsabilidad es atribuible a la Fiscalía General de la Nación y al Congreso de la República, por falla en el servicio y daño especial, respectivamente. En el primer caso, por la dilación injustificada en la creación de la Sub-Unidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas y por la omisión en el cumplimiento efectivo de su función de perseguir los bienes de los postulados; y en el segundo caso, debido a que al expedir la Ley 975 de 2005 se ha impuesto a las víctimas una carga exagerada, en tanto que el sistema diseñado por el legislador conlleva o es una de las causas del pago incompleto de las indemnizaciones.
Resumen en inglés
The purpose of this work was to establish that the secondary victimization derived from the partial payment of the compensation recognized in the sentences handed down within the framework of the Justice and Peace Law, is a potential source of extracontractual liability of the Colombian State. To this end, a documentary analysis was made of primary sources: court rulings, orders and administrative decisions, as well as secondary sources, such as interviews with the victims in the media and news. With this, it was determined that this responsibility is attributable to the Office of the Attorney General of the Nation and the Congress of the Republic, for failure of service and special damage, respectively. In the first case, due to the unjustified delay in the creation of the Elite Sub-Unit for the Prosecution of Assets for the Reparation of Victims and due to the omission in the effective fulfillment of its function of pursuing the assets of the nominees; and in the second case, due to the fact that when enacting Law 975 of 2005, an exaggerated burden was imposed on the victims, while the system designed by the legislator entails or is one of the causes of incomplete payment of compensation.