En octubre de 2018, la Corte Constitucional expidió la Sentencia su095 que buscaba esclarecer jurídicamente el problemático asunto de las consultas populares como mecanismos efectivos para impedir o no el desarrollo de las actividades extractivas en cualquier región del país. El alto Tribunal estableció con claridad que en ningún caso una consulta popular puede constituirse en un mecanismo jurídico eficaz para impedir la actividad petrolera en un municipio o región. El alto Tribunal dejó en claro que hay un ordenamiento jurídico e institucional con competencias legítimas para dirimir los problemas derivados de la administración de los recursos petroleros del país por la vía de licencias ambientales o la adjudicación de contratos de exploración y explotación de estos recursos.