Análisis sobre la protección constitucional de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en relación con los gastos administrativos de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) desde la perspectiva de tres impuestos (GMF, IVA e ICA)
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Resumen en español
En este trabajo se aborda el alcance de la protección de los recursos de la seguridad social previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, como consecuencia de la vaguedad extensional de dicho enunciado normativo. Como ejemplo de dicha vaguedad, se propone la viabilidad jurídica de su extensión a los gastos administrativos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero cuyos recursos podrían o no estar cobijados por esta protección. El análisis, que tiene como finalidad reducir dicha vaguedad, se hace por medio del estudio de la organización del sistema en mención, de la consagración normativa del Impuestos de Industria y Comercio, del Impuesto sobre las Ventas y del Gravamen a los Movimientos Financieros y de las subreglas jurisprudenciales que han sido propuestas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con el tema de marras.
Resumen en ingles
This paper addresses the scope of social security resources’ protection stated in article 48 of Colombia’s Constitution, as consequence of the extensional vagueness of that normative statement. As an example of this vagueness, is under analysis the legal feasibility of its extension to the administrative expenses of the Health Service Provider Institutions (IPS), entities that are part of the General System of Social Security in Health, but whose resources may or may not be sheltered by that protection. The analysis, which aims to reduce said vagueness, is done through studying of the organization of the system in question, the normative consecration of the Industry and Commerce Tax, the Sales Tax and the Tax on Financial Movements and the jurisprudential sub-rules that have been proposed by the Council of State and the Constitutional Court in relation to the subject in question.