La doble instancia en los procesos penales contra aforados, ¿un asunto de convencionalidad o de constitucionalidad?
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Resumen en español
La aplicación del control de convencionalidad, tal como ha sido planteado, ha encontrado algunos obstáculos en los Estados. Por ejemplo, en Colombia es objeto de un trato ambiguo, siempre usando como justificación el ordenamiento jurídico interno. Pese a que en el país su relevancia siempre ha sido ampliamente reconocida por las altas cortes, antes de 2018 los jueces desconocían en sus providencias una de las garantías contempladas en el derecho internacional de los derechos humanos: la doble instancia en los procesos penales adelantados contra los aforados. Esto puede explicarse dada la evolución que ha tenido el principio general de la doble instancia en el caso de los aforados en Colombia. Este derecho no fue previsto en la Constitución Política por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, sino que fue agregado vía reforma constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de enero de 2018 que modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Carta. En razón a lo anterior, se puede señalar que la aplicación del principio de la doble instancia, dependió durante muchos años de la discrecionalidad de las autoridades judiciales que, con el argumento de la Supremacía Constitucional, se negaron a adoptar la normatividad del Derecho Internacional en la materia. La inaplicación del control de convencionalidad sobre la doble instancia en los procesos adelantados en contra de aforados, punto central del presente trabajo, comprende, no solo al derecho interno y a las autoridades nacionales, sino a todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues involucra tanto la protección de los derechos de los aforados como la fuerza vinculante del derecho internacional. Dicha inobservancia del ordenamiento jurídico internacional por parte de un Estado que se ha comprometido a respetarlo y a aplicarlo despierta la curiosidad y el estado de alerta entre la comunidad académica y motiva a los estudiosos del derecho a investigar, plantear nuevas preguntas, aportar nuevas consideraciones y nuevas propuestas al respecto. Surgen así algunos interrogantes. ¿El Estado Colombiano ha vulnerado el derecho de los aforados a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior? De haber sido así, ¿conllevaría esto a la nulidad de todos los procesos? O, por el contrario, ¿las decisiones tomadas por las autoridades nacionales tienen verdadero sustento jurídico, no han sido violatorias de derechos protegidos y, por tanto, no deben ser declaradas nulas? Y, aunque la ambigüedad provocada por la diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional sobre la doble instancia en los procesos de aforados quedó superada gracias al Acto Legislativo expedido por el Congreso en enero de 2018 (que reguló la situación conforme a las normas internacionales), el tema no ha perdido importancia jurídica ni política ya que la problemática no ha desaparecido de la mente de los juristas ni de aquellos aforados a quienes los jueces negaron la posibilidad de recurrir el fallo.
Resumen en inglés
The application of conventionality control, as it has been proposed, has encountered some obstacles in the States. For example, in Colombia it is subject to ambiguous treatment, always using the domestic legal system as justification. Despite the fact that its relevance in the country has always been widely recognized by the high courts, before 2018 the judges were unaware of one of the guarantees provided for in international human rights law: the double instance in the criminal proceedings carried out against the persons with jurisdiction. This can be explained given the evolution that the general principle of double instance has had in the case of the persons with jurisdiction in Colombia. This right was not provided for in the Political Constitution by the National Constituent Assembly of 1991, but was added via constitutional reform through the Legislative Act of January 1, 2018 that modified articles 186, 234 and 235 of the Charter. Due to the above, it can be pointed out that the application of the principle of double instance, depended for many years on the discretion of the judicial authorities that, with the argument of the Constitutional Supremacy, refused to adopt the regulations of International Law in The matter. The inapplication of the control of conventionality on the double instance in the advanced processes against the persons with jurisdiction, the central point of this work, includes not only domestic law and national authorities, but the entire Inter-American Human Rights System, since it involves both the protection of graduates' rights as the binding force of international law. Such non-observance of the international legal order by a State that has committed to respect and apply it arouses curiosity and alertness among the academic community and motivates scholars of law to investigate, raise new questions, contribute new and new considerations. proposals in this regard. Thus some questions arise. Has the Colombian State violated the right of the persons with jurisdiction to appeal the ruling to a higher judge or court? If so, would this lead to the nullity of all processes? Or, on the contrary, do the decisions taken by the national authorities have real legal basis, have they not violated protected rights and, therefore, should not be declared invalid? And, although the ambiguity caused by the difference between domestic law and international law regarding the double instance in volumetric proceedings was overcome thanks to the Legislative Act issued by Congress in January 2018 (which regulated the situation in accordance with international standards ), the issue has not lost legal or political importance since the issue has not disappeared from the minds of the jurists or those the persons with jurisdiction who the judges denied the possibility of appealing the ruling.