Browsing GPABA. Trabajos de Grado - Maestría en Derecho de Estado con énfasis en Gobierno y Desarrollo de las Entidades Territoriales by Issue Date

La incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales sobre violencia contra la mujer en Colombia : una garantía de protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

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Las mujeres en Colombia tienen derecho a una vida libre de violencias. Si bien el Estado colombiano ha realizado esfuerzos significativos para proteger a las mujeres víctimas de violencia de todo tipo (física, verbal, sexual, psicológica, patrimonial y/o económica) con la integración de normas de derecho internacional al orden interno; no es menos cierto que, las decisiones de sus agentes, llámese autoridades administrativas y/o judiciales, reproducen estereotipos de género, perpetúan la violencia y discriminación hacia las mujeres en nuestros días. El presente artículo tratará de demostrar que aún persisten decisiones judiciales que no incorporan la perspectiva de género como garantía de eliminación de todo acto de agresión contra las mujeres.

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La consulta popular como mecanismo de participación ciudadana frente a las decisiones en materia de minería en los municipios

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El problema central del presente artículo monográfico reside en la pregunta: ¿Cómo articular en Colombia la consulta popular como instrumento de la democracia participativa con las decisiones nacionales de explotación minera, para lograr con ella una eficacia preventiva en materia ambiental? Después de la sentencia C053 de 2019, la consulta popular perdió su carácter vinculante en materia de minería. Se Identifica que la participación ciudadana y la minería son dos hechos de gran relevancia para el Estado. La primera, como objeto del derecho constitucional y el segundo, como fuente directa de la dinámica económica del país. Es así que en la actualidad se buscan los mecanismos legales e idóneos para armonizar ambos conceptos, con el fin de resolver los conflictos existentes entre las entidades territoriales, el Gobierno nacional, la población y la industria del sector minero, que se han convertido en el escenario de inseguridad jurídica y conflictividad social. En este entendido, este análisis se centra en la consulta popular y en los fallos más recientes de la Corte Constitucional que comprometen las decisiones de la población referidas a la explotación y exploración minera de sus municipios; se revisa brevemente dicho mecanismo en algunos países de Latinoamérica; y por último, se plantea la armonización de las actividades mineras con los derechos de los ciudadanos, el uso del suelo y la propiedad nacional sobre el subsuelo, para concluir con la necesidad urgente que tiene Colombia de crear e implementar un mecanismo funcional en el que confluyan todos los actores directos e indirectos en la problemática de explotación minera.

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La responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos a la luz de las normas de derecho blando

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Esta investigación se apoyó en el estudio de la responsabilidad de los servidores públicos por incumplimiento del soft law administrativo” o normas de derecho blando en correlación al derecho disciplinario desde el punto de vista de sus implicaciones como sanción. De este modo se aproxima a un concepto concreto de lo que significa la reserva de instrucción, asimismo se abordó un análisis de su origen, características, funciones, consecuencias, control judicial, tipología y efectos. Se planteó además que con la aparición de este tipo de “normas dúctiles, mudas o indefensas” se da paso de una sociedad burocratizada a una denominada: “de nueva gobernanza” basada como producto del “neoinstitucionalismo” propio no solo de las acciones de la administración u organismos de control (ad intra) con relevancia hacia terceros (ad extra), sino también mixtos (estatal-privado) e incluso interorgánicos.

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El caso del gobernador de Caldas : nulidad electoral y prohibición de la reelección de autoridades locales

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La reelección de gobernadores ha sido objeto de discusión del poder legislativo sin lograr una posición clara que evite demandas y disputas, las cuales aún continúan siendo objeto de análisis. Una muestra de esta disputa es el Acto Legislativo 02 del año 2002, en donde no se aprobó la reelección inmediata de autoridades locales pero que extendió su periodo de tres a cuatro años. La reelección continua siendo un tema en pleno debate y más aún cuando, a pesar de existir una norma clara ésta ha sido objeto de análisis en diversos pronunciamientos jurisprudenciales relacionados con la nulidad electoral, la cual es una de las figuras jurídicas más controvertidas en el ordenamiento jurídico colombiano ya que a través de esta se resuelven una serie de discusiones que niegan los efectos hacia el pasado – ex tunc – y hacia el futuro – ex nunc – conforme la óptica del juzgador, bajo diferentes fundamentos doctrinarios y jurídicos, en pro de ofrecer la mejor alternativa, no solamente para el elegido sino para la ciudadanía. Bajo estos parámetros el presente artículo se desarrolla a partir de un diseño metodológico que se centra en una investigación dogmática jurídica con una técnica documental y a través del estudio del caso del gobernador de Caldas Guido Echeverri Piedrahita.

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Una aproximación a la autonomía territorial a la luz del principio constitucional de no regresividad de los derechos sociales. El caso del sistema de transferencias en el sector salud

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En un Estado unitario el ensanchamiento de la autonomía territorial con un enfoque diferencial podría convertir la descentralización de la prestación de servicios públicos en un vector de realización de derechos sociales, entre estos, el derecho fundamental a la salud. Tal perspectiva permitiría frenar la recentralización como técnica regresiva patente tanto en el Sistema General de participaciones, como en el régimen competencial de las entidades territoriales, lo que menoscaba la autonomía territorial y apuntala el excesivo unitaritarismo; En su lugar, se plantea propiciar un mayor grado de autonomía en función de los diferentes niveles de gobierno local para impulsar el desarrollo equitativo y la garantía de los derechos sociales como una nueva visión de ordenamiento territorial en Colombia. En este sentido, repensar el sistema municipal para promover la generación de capacidades locales de gestión, desde el nivel cercano a la prestación efectiva de los servicios o realización de los derechos sociales es el planteamiento que responde al problema de la presente monografía de investigación.

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Política pública de equidad de género para las mujeres del departamento de Casanare : un análisis desde el enfoque de derechos

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La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe ha establecido compromisos que los Estados parte deben priorizar en sus políticas públicas sobre o para las mujeres para acelerar la garantía de la igualdad. Se propone analizar el diseño de la Política pública de equidad de género para las mujeres del departamento de Casanare y su garantía de los enfoques, derechos y nudos estructurales planteados en los acuerdos de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible 2030. Se utiliza un enfoque cualitativo y análisis documental, en el marco de un estudio de caso. Se encuentra que la política pública objeto de estudio garantiza derechos respecto a la violencia, economía, salud, educación, participación política y transformación cultural, pero no incluye estrategias respecto al conflicto armado, medio ambiente, acceso a ciencia y tecnología, concentración del poder político y división sexual injusta del trabajo. Se concluye que el desconocimiento de los compromisos adquiridos por el país en los acuerdos regionales ocasiona que, por omisión, la desigualdad y discriminación de las mujeres se profundice en los aspectos que allí no se reconocen.

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Origen, experiencias, dificultades y retos de los presupuestos participativos en Colombia

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En este artículo se presenta el contexto histórico en el que se originó la herramienta de presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil, así como algunas de las repercusiones en américa latina que llevaron a la definición actual de dicha herramienta. Igualmente se muestra una revisión del marco normativo colombiano que respalda el uso de estas estrategias de participación. Se revisa el desarrollo de algunas de las propuestas exitosas de presupuesto participativo en los municipios colombianos de San Juan de Pasto, Marsella y Medellín. Finalmente se describen algunos de los retos que deben superar para la implementación de esta práctica de participación ciudadana y las reflexiones derivadas del análisis.

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Presupuesto participativo una oportunidad para Duitama – Boyacá, de afianzar la gestión pública

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El presente artículo se centró en determinar como la implementación de la política pública de presupuestos participativos puede constituirse en una herramienta para el favorecimiento del desarrollo social y de la gestión política en el municipio de Duitama. Para ello primero se realiza un análisis de adecuación normativa, evidenciándose que desde la misma Constitución Política de 1991 se establece la posibilidad del desarrollo de herramientas de participación ciudadana conformes a la teleología del Estado; la cual cobra mayor fuerza con la expedición de la Ley 1757 de 2015. Posteriormente se hace un estudio de casos de éxito a nivel nacional e internacional sobre su implementación; e inclusive, en el análisis nacional se observa que una serie de elementos pueden ser extrapolados al caso de Duitama. Por último, con el sustento legal y de las experiencias analizadas, se procede a un estudio de la realidad duitamense para la implementación de los Presupuestos Participativos, lo que permite concluir que este municipio cuenta con la infraestructura y logística necesaria para implementar esta política pública, que ya ha sido probada con éxito en otras regiones.

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La reforma al control fiscal colombiano y su incidencia en la autonomía del control fiscal territorial

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La Constitución Política de 1991, trajo consigo cambios en el modelo del control fiscal Colombiano, referenciándolo como un modelo unipersonal en la imagen de Contraloría General de la Republica pero descentralizando el control en las Contralorias Territoriales, actualmente este modelo fue objeto de reformas estableciendo sobre las Territoriales un sistema de intervención funcional o administrativa por parte de la CGR lo que puede llevar a centralizar el control fiscal y afectar el control fiscal territorial. El artículo posee tres apartados para lograr llevar a cabo un análisis del tema de manera integral, el primero dirigido a la concepción de Control Fiscal en Colombia, realizando un estudio de los antecedentes normativos más relevantes de la noción manejada actualmente y del contexto que llevo a su acepción; el segundo al abordaje del control fiscal ante la descentralización desde la gestión fiscal y su impacto en los entes territoriales, finalizando con un análisis de los Actos Legislativo 02 de 2015 y 04 del 2019 al igual que el Decreto Reglamentario 403 de 2020, y su incidencia en las Contralorías Territoriales identificando las reformas y modificaciones al Control Fiscal y como estos pueden atentar en la autonomia y existencia a futuro de las Contralorías Territoriales.

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El principio de confianza legítima en materia de recuperación del espacio público ocupado por vendedores informales

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Las circunstancias particulares en Colombia del así denominado “trabajo informal” han llevado a que se flexibilice cada vez más la figura de la confianza legítima para dar lugar a la tutela de los derechos fundamentales de quienes encuentran en la informalidad una solución a la problemática laboral. Esto crea una tensión con el derecho colectivo al espacio público y el deber estatal de preservarlo. El presente trabajo estudia el desarrollo jurisprudencial del trato que ha tenido esta tensión entre derechos en Colombia, en el que las Cortes acuden al contexto socio-económico para justificar la ocupación, y las consecuencias que esto trae para la ciudad como hecho colectivo. También se hace un estudio de los nuevos retos a los que se enfrenta el país en materia de ocupación del espacio público en el contexto de las crisis económica y migratoria.

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La imposición del derecho mayoritario a las entidades territoriales indígenas

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La Constitución Política de 1991, dispuso en el artículo 287 que en Colombia se tienen las siguientes entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios, las regiones, las provincias y los territorios indígenas, para lo cual de conformidad con el artículo 329, le corresponde al legislador la carga de conformación de las entidades territoriales indígenas mediante una ley orgánica de ordenamiento territorial, sin embargo, este órgano legislativo, se ha ocupado de todas las tipologías antedichas menos de la última. La omisión legislativa ha implicado que se genere un desequilibrio de poderes porque algo que debería hacer el legislador lo están haciendo el juez constitucional y el ejecutivo, lo cual en si no es malo, pues si estos no lo hacen, los pueblos indígenas estarían en peores problemas que los que ya tienen, sin embargo la actuación del ejecutivo no respeta principalmente sus usos y costumbres, y además, las entidades territoriales indígenas, esta sometidas a un estado de interinidad, sujetas a las acciones de protección en casos particulares por la Corte Constitucional, en los fallos de tutela como es el caso de la T – 172 de 2019, en la cual se expone un ejemplo de asimilación o transculturación del pueblo indígena Wayuu.

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Autonomía y gobernanza en los territorios mineros de Colombia

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La autonomía, como parte fundamental del ordenamiento territorial, no puede continuar siendo vista como la disposición del uso del suelo en un municipio determinado. Este término debe de ir más allá y comprender aspectos como la gobernanza, que fija los parámetros de crecimiento del municipio. La discusión se centra en las contradicciones que genera la estructura territorial, frente a la autonomía que tienen o no las autoridades locales cuando media un proyecto minero. Este artículo monográfico tiene como objetivo analizar la autonomía y gobernanza en los territorios mineros de Colombia. En su primera parte, aborda el principio de autonomía municipal partiendo del artículo 287 de la Constitución Política, seguido del concepto de gobernanza y cerrando con la injerencia de los dos términos en los territorios mineros del país. En la segunda parte, se hace referencia a la institucionalidad del sector minero en Colombia, la revisión normativa y jurisprudencial con las sentencias C – 123 de 2014, T – 445 de 2016 y SU – 095 de 2018 de la Corte Constitucional. La propuesta metodológica se centra en un estudio explicativo con una técnica documental. Una de las conclusiones hace referencia a que los términos autonomía y gobernanza aún siguen en proceso de construcción.

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Gobernanza ambiental en la gestión integral de residuos sólidos vs servicio público de aseo en Colombia

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Este texto da cuenta de las tensiones conceptuales, normativas y prácticas entre la Gobernanza Ambiental en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos municipales, representada en el PGIRS, especialmente en la actividad de aprovechamiento de residuos de tipo orgánico, y el Servicio Público de Aseo en Colombia. En síntesis, lo que se busca es presentar los obstáculos con que se topa el interés de gestionar de manera integral los residuos sólidos y los intereses de las empresas prestadoras del servicio de aseo, que necesitan grandes cantidades (toneladas) de residuos para su crecimiento y consolidación económica, de acuerdo al estado actual de las cosas.

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El principio de tipicidad en la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual del Estado : el caso de la causal del numeral 31 del artículo 48 del C.D.U.

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En el derecho administrativo sancionador, y con ello en el disciplinario, tiene lugar un proceso de flexibilización del principio de legalidad luego las garantías formales y materiales que lo componen pueden ser atenuadas dada la necesidad de proteger no solo al destinatario de las normas sancionatorias, sino también al interés general implicado. Esa atenuación está sujeta a un límite constitucional y es el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso. Una de las problemáticas que conspiran en contra del referido principio de legalidad, tiene lugar cuando la tipificación de la infracción se lleva a cabo en lo que también es un principio jurídico. Es el caso de la causal disciplinaria del numeral 31 del artículo 48 del CDU que contempla como falta gravísima el participar en la etapa precontractual o contractual con desconocimiento de los principios de la contratación estatal o de la función administrativa. El principio de legalidad resulta compatible con la causal disciplinaria, siempre y cuando el principio que tipifica la conducta se concretice a través de reglas que permitan identificar cuál es el grado que se exige de su cumplimiento, o bien se establezcan los casos en que se entiende que legalmente ha sido desconocido.

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Lineamientos de política pública para la población NARP (negra, afrocolombiana, raizal y palenquera), en municipios de transición de desarrollo - caso Yopal

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Yopal, es una ciudad joven, formada en un antiguo paso ganadero, cuyas primeras viviendas se establecieron alrededor de 1915, teniendo en su origen la necesidad de impulsar la actividad productiva. situación que se mantiene con la consolidación de la ciudad como plataforma comercial y servicios con incidencia en una subregión que sobrepasa los límites del departamento, razón por la cual, se ha generado un crecimiento exponencial de la población. En este contexto de transformación, la población afrocolombiana, se ha sumado al proceso migratorio desde diversas latitudes del territorio nacional, que dieron vida a una sociedad pluriétnica y multicultural; sin embargo, en ese contexto se han heredado infinidad de problemáticas y necesidades. Al respecto en el país, existe un marco legal importante enfocado al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural; pese a ello, persisten situaciones adversas de falta de garantía de los derechos, razón por la cual, la finalidad que se ha propuesto es la de generar recomendaciones necesarias para ser tenidas en cuenta en la formulación de políticas públicas de enfoque diferencial.

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