Delitos ambientales en Colombia. Análisis desde la perspectiva de las políticas nacionales de protección de los recursos naturales

Abstract

La expedición de un cuerpo normativo de carácter integral, y cuyo objetivo primordial era la protección de los recursos naturales en Colombia se inició con la expedición del Decreto ley 2811 de 1974. Antes de ese decreto los compendios normativos en materia ambiental se inscribían dentro de un amplio contexto de normas de carácter sectorial, dispersas y normalmente centradas en objetivos específicos, en los que la concepción de la integralidad como elemento fundamental aún no era tenida en consideración por la legislación. Las reuniones de Estocolmo 1972 y Río de Janeiro en 1992 marcaron la línea a seguir por los países firmantes en cuanto a la construcción de políticas públicas en materia de protección de los recursos naturales, que posteriormente se tradujeron en la espina dorsal de muchas cartas constituciones a nivel regional e incluso global, y con gran incidencia en las latinoamericanas. De la misma manera, estos antecedentes propiciaron la construcción y el desarrollo de un capítulo específico dentro de nuestro estatuto penal titulado “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, diseñado con el objetivo de salvaguardar y proteger los bienes jurídicos que conforman nuestro medio ambiente, así como los mecanismos para exigir responsabilidades a sus infractores. Este trabajo plantea un recorrido por ese proceso evolutivo y adicionalmente realiza, desde la perspectiva de la estadística descriptiva, una radiografía del comportamiento de los delitos ambientales con mayor incidencia durante el período comprendido entre 2000 y 2018.

The issuance of a comprehensive regulatory body and whose primary objective was the protection of natural resources in Colombia, began with the Law 2811 of the year 1974. Before this expedition, the regular compendiums on environmental matters were scattered throughout broad context of sector-specific norms, usually focused on specific objectives, in which the concept of comprehensiveness as a fundamental element was not yet taken into account by legislation. The meetings of Stockholm 1972 and Rio de Janeiro in 1992 marked the line to be followed by the signatory countries regarding the construction of public policies about the protection of natural resources, which subsequently became the backbone of many constitutional letters of regional and even global level, and with great incidence in Latin American countries. These antecedents, in the same way have directed the construction and development of a specific chapter within our criminal statute entitled “Of crimes against natural resources and the environment”, designed with the aim of safeguarding and protecting the legal assets that make up our environment, as well as mechanisms to hold its offenders accountable. This work presents a journey through the evolutionary process and additionally performs, from the perspective of descriptive statistics, an x-ray of the behavior of environmental crimes with the highest incidence during the period from 2000 to 2018.