Biblioteca digital

MAGK. Derecho del medio ambiente

Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia

Es evidente que el país necesita potenciar sus recursos naturales, y para ello es fundamental desarrollar un marco normativo arménico que incluya sus diferentes aspectos (político, institucional, económico y social), y que verdaderamente contribuya a implementar una gestión sostenible de la riqueza forestal. En esta nueva publicación la autora estudia los presupuestos de aplicación de la normatividad existente, analiza el marco regulatorio y de política de los recursos naturales, y examina detalladamente el régimen jurídico ambiental de los bosques naturales y de las plantaciones forestales, brindando a sus lectores un aporte académico que sirve de base para construir una legislación que integre una gestión forestal sostenible.

La responsabilidad sancionatoria ambiental en Colombia desde la presunción de culpa o dolo de la Ley 1333 de 2009

Colombia cuenta con una amplia gama de normas jurídicas sustanciales y procesales que buscan la protección del medio ambiente. Así, en la Ley 1333 de 2009 se reguló el procedimiento sancionatorio ambiental y se estableció la presunción de culpa o dolo en contra de los infractores ambientales. Mediante la presente investigación se procura analizar crítica y detalladamente la responsabilidad y la presunción establecidas en materia sancionatoria ambiental. En ese sentido, se parte del estudio de la teoría de la responsabilidad, ubicando la responsabilidad derivada de la Ley 1333 de 2009. Además, se realiza un estudio especial sobre el tercer elemento de la responsabilidad extracontractual, el fundamento del deber de reparar, y su aplicación en la responsabilidad sancionatoria ambiental. De igual manera, se presenta un examen detallado del concepto y la clasificación de la presunción aclarando sus características principales. Finalmente, se exhiben las falencias del procedimiento sancionatorio ambiental que se relacionan directamente con la presunción, con el propósito de mejorar la Ley 1333 de 2009 y, en consecuencia, la actividad sancionatoria ambiental.

La gobernanza de los bosques: la comunidad como socio estratégico para Colombia

El presente paper llama la atención sobre la necesidad de vincular de manera participativa a los grupos étnicos y comunidades locales que hoy ocupan las áreas boscosas del país en la promoción de la gestión forestal sostenible del país. Para lo cual, se resalta la necesidad de reducir la ilegalidad en la cadena de producción forestal y el aumento de la producción y comercialización de recursos forestales de pequeños y medianos productores bajo modelos de desarrollo sostenible para el bosque, a partir del posicionamiento de la gobernanza forestal en el estudio de tres variables de análisis: (i) gestión comunitaria y bonos de carbono, (ii) pago por servicios ambientales y (iii) la forestería comunitaria.

Las bases del régimen jurídico del aire en Colombia

Este texto contiene un estudio de los componentes basilares del régimen jurídico del aire en Colombia, cuyo principal problema nacional y local es el deterioro de la calidad del aire. Dicho estudio ha sido estructurado y desarrollado a partir del fundamento constitucional más relevante del régimen jurídico colombiano del aire: el derecho a gozar de un ambiente sano. Por tanto, busca examinar y exponer las dos dimensiones del derecho mencionado en el ámbito de la calidad del aire: la subjetiva y la objetiva o institucional.

Marco normativo del aprovechamiento de los residuos sólidos en Colombia: mutaciones y contradicciones

Este capítulo presenta un análisis del ordenamiento jurídico colombiano en materia del aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. En el análisis de la línea jurisprudencial, construida a partir de los fallos emitidos por la Corte Constitucional –en instancia de revisión de tutela–, específicamente en los casos presentados por las organizaciones de recicladores en Bogotá, Cali y Popayán, se identificaron los nuevos elementos de política pública y de creación normativa que han generado implicaciones específicas en el modelo económico del servicio público de aseo en Colombia, modificando lo que en principio habían diseñado la ley, la regulación y el reglamento. Asimismo, expone la problemática situación jurídica y económica que enfrenta actualmente la institucionalidad colombiana del sector, resultado de la aplicación del nuevo conjunto de reglas y principios creado por orden judicial, que ha generado incertidumbre en los interesados para invertir y desarrollar los diferentes proyectos empresariales que requiere el país en el sector del servicio público de aseo, así como la compleja realidad que vive hoy el usuario final de este servicio domiciliario, que debe soportar la carga económica de pagar por la actividad del aprovechamiento de los residuos en ciudades diferentes a aquella en la cual reside o recibe el servicio, y que reporta cifras incoherentes de aprovechamiento de los residuos respecto del potencial de su aprovechamiento en cada ciudad, situación que invita a considerar la existencia de fraudes en el sistema de reportes de la actividad de aprovechamiento.

Litigio estratégico y justicia climática. Una mirada a la realidad de los estrados y las decisiones judiciales en el mundo

La justicia climática evidencia una problemática más del binomio derecho y globalización, que pone de presente el surgimiento de conflictos climáticos como consecuencia de medidas de mitigación y adaptación. Por esta razón el cambio climático viene siendo un asunto controversial y polémico en la intervención judicial en la esfera global y en cada uno de los países, convirtiéndose en la manifestación de la justicia ambiental “prioritaria” y posmoderna. Por ello, el presente artículo tiene como objetivo central analizar el contenido y alcance de la justicia climática en el marco del litigio estratégico, los estándares de acceso a la justicia ambiental y cuatro casos judiciales representativos sobre cambio climático.

Crowdfunding, cambio climático y nuevas tecnologías: reflexiones sobre su regulación a partir de experiencias internacionales

La irrupción del crowdfunding o financiamiento colectivo a través de plataformas digitales y la realidad de la lucha contra el cambio climático son dos hechos sociales que merecen atención del derecho. Con todo, ambos tienen dificultad en dialogar pues, por un lado, existe una velocidad de la irrupción tecnológica, y por otro, la convencional edad y la tradición del derecho, que lo deja rezagado frente al advenimiento de las innovaciones. Es por eso que el presente artículo analiza la realidad del combate contra el cambio climático y la situación del crowdfunding como método para financiarlo. Así, a través de una metodología descriptiva, deductiva, comparativa y expositiva de la normatividad, se observa cómo el crowdfunding, siguiendo un entendimiento que supera la concepción financiera y económica rentable para tener en cuenta aspectos sociales, éticos, culturales y ambientales, contribuye a garantizar los derechos sociales y el desarrollo sostenible.

Las plataformas digitales de petición y su contribución a la eficiencia de la Administración pública y a la protección ambiental

De la misma manera que las redes sociales, en la sociedad contemporánea las plataformas digitales de petición, también llamadas plataformas de activismo, forman parte de la cotidianidad. Plataformas ampliamente extendidas como change.org o avaaz se han convertido en verdaderos medios de petición masivos y generalizados, y en instrumentos de activismo social y visibilización de problemas del más diverso tipo, entre ellos ambientales, en todo el mundo. En este contexto surgen de plano algunas preguntas: ¿Existe regulación al respecto? ¿Es necesaria tal regulación? ¿Cómo se controla la autenticidad de las firmas de los participantes? ¿Cómo se evalúa la legitimación? ¿Contribuyen efectivamente a la democracia a efectos de acortar la distancia entre la Administración y el ciudadano? Los obstáculos y dificultades que afronta la ciudadanía para participar en la toma de decisiones que le interesan e incumben y para transmitir sus inquietudes y preocupaciones; la asimétrica relación de la Administración con los administrados o usuarios; la ausencia de canales efectivos que garanticen no solo una participación, sino unas respuestas reales han fomentado la proliferación de las citadas plataformas. En Colombia la cuestión no es ajena. Dichos instrumentos de petición virtual cursan actualmente ante la Administración 29 peticiones ambientales con 154.551 firmantes, entre las más conocidas están la de Caño Cristales y la de la Reserva Thomas van der Hammen. El objetivo de nuestra contribución es acercarse a las preguntas planteadas. Concretamente, se pretende evaluar qué impacto real han tenido estas plataformas en las decisiones de la Administración, en qué medida han incidido en la protección ambiental y qué reflejo tiene este fenómeno en el Derecho colombiano.

Nuevas tecnologías y sostenibilidad ambiental: respuestas desde el Derecho ambiental

Esta investigación pretende abordar las nuevas tecnologías, o tecnologías disruptivas, desde la perspectiva del Derecho ambiental. En primer lugar, se identificarán algunas de estas nuevas tecnologías con especial relevancia para la gestión ambiental, haciendo particular énfasis en Inteligencia Artificial y Big Data. Se describirán de manera general, y se señalarán algunas aplicaciones útiles para la gestión ambiental. En segundo lugar, se propondrán criterios para orientar las respuestas que debe dar el Derecho ambiental frente a estos nuevos retos, las cuales deben estar encaminadas a evaluar, aprovechar y fomentar estas tecnologías disruptivas.

El principio de ponderación en materia ambiental : una herramienta hermenéutica para la solución de conflictos entre la protección ambiental, los derechos sociales y fundamentales, y el desarrollo económico

La propuesta académica contenida en este libro se refiere a la aplicación del principio de ponderación en materia ambiental como una herramienta hermenéutica para la solución de conflictos entre la protección ambiental, los derechos sociales y fundamentales, y el desarrollo económico. La decisión de la ponderación tiene que ver, entre otras consideraciones, con la identificación, la valoración y la comparación de intereses contrapuestos. Y una vez tomada la decisión se entenderá que a alguien se le ha dado la razón, en detrimento de alguien que no ha obtenido ese beneplácito.

Participación ambiental en el trámite para reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG)

El Gobierno de Colombia se encuentra impulsando la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), el cual está suspendido desde el año 2015. Para reanudar el programa, la Corte Constitucional, en la sentencia T-236 de 2017, ordenó dar cumplimiento a una serie de requisitos con miras a la protección de los derechos fundamentales y evaluar la modificación del Plan de Manejo Ambiental del PECIG en el cual se realice la evaluación del riesgo al medio ambiente en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado.

Aproximación al impacto legal de la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia desde la teoría de la escalera de participación pública

En el año 2019 el Gobierno colombiano firmó el Acuerdo de Escazú, entendido como uno de los instrumentos de carácter internacional más importantes al promover el acceso a la información, justicia, participación ciudadana y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El mecanismo se caracteriza por su carácter vinculante para la región de América Latina y el Caribe emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). En este contexto, este artículo pretende realizar un diagnóstico de las implicaciones legales que traería la ratificación del Acuerdo de Escazú, para así determinar desde el modelo de la Asociación Internacional para la Participación Pública, los posibles impactos de su implementación en el ordenamiento jurídico y escenarios de acción para el Estado.

Valoración jurisprudencial de los conflictos ambientales en Colombia : un estudio de caso comparado

La garantía del derecho a la participación ambiental incluye a todos los afectados en la decisión administrativa, pues solo mediante la apertura de verdaderos espacios de diálogo efectivo y significativo con la población se garantiza resolver e incluso evitar los conflictos ambientales. Bajo esta premisa, el propósito del presente artículo es delimitar los avances jurisprudenciales del derecho a la participación, identificando los precedentes aplicables en materia de solución de controversias ambientales que la Corte Constitucional ha desarrollado a lo largo de sus valoraciones y pronunciamientos, por medio de la técnica de estudio de casos comparados que recoge tres sentencias hito: la delimitación del páramo de Santurbán, el río Atrato como sujeto de derecho y el arroyo Bruno como garantía de participación.

Servicio público de alcantarillado ambientalmente sostenible. Una mirada a la jurisprudencia del Consejo de Estado

Las actividades desarrolladas por los prestadores de servicios públicos no pueden ser ajenas a las consideraciones ambientales. Así, se evidencia que conceptos como la sostenibilidad son vigentes y relevantes en la relación entre el servicio público de alcantarillado y el agua como su principal protagonista. El objetivo de este estudio es, en primer lugar, analizar la evolución y las implicaciones ambientales y sociales del concepto de servicio público en el país, haciendo énfasis y limitándolo al sistema público de alcantarillado; una vez expuesto ese escenario, y teniendo como elemento transversal el concepto de sostenibilidad, evaluar algunos instrumentos normativos o de planeación para, finalmente, mediante la presentación de una línea jurisprudencial del Consejo de Estado, analizar cuándo nace este nuevo giro de concepción: el servicio público de alcantarillado ambientalmente sostenible.

Presentación - Servicios públicos y medio ambiente. Tomo IV

¿Cuál es el alcance normativo del servicio especial de aseo? Reflexiones en torno a su aplicación a la gestión de residuos peligrosos (RESPEL)

Se especula respecto del alcance jurídico del concepto del servicio especial como modalidad de prestación del servicio público domiciliario de aseo; incluso, se argumenta la posibilidad de gestionar a través de él los residuos o desechos peligrosos. Sin embargo, es impreciso aplicar esa figura a la gestión de los residuos peligrosos (RESPEL) por dos razones: 1) porque desde hace más de una década el Consejo de Estado declaró nula la diferencia que por años se gestó en torno al servicio ordinario y al servicio especial de aseo, y 2) porque en torno a los residuos peligrosos ha surgido una dinámica ambiental de gestión que la aparta de la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

Perspectivas teóricas y jurídicas de la adaptación al cambio climático en el servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Caso de estudio: Aguas y Aguas de Pereira

El artículo presenta las perspectivas teóricas y jurídicas para la implementación de acciones y medidas de adaptación de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto al cambio climático en Colombia. Se presenta el caso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP, como una experiencia relevante en este campo.

El gran desafío colombiano en materia de la disposición final de los residuos sólidos no lo resuelve una fórmula tarifaria, pero sí el ejercicio eficaz de las competencias de los obligados constitucional y legalmente a hacerlo

El presente capítulo es resultado de los estudios y reflexiones realizados por el autor como profesional del derecho y en su rol de representante de la empresa pública operadora del servicio público de aseo Emvarias S. A. ESP perteneciente al grupo EPM, y actuando como entidad agremiada a la Cámara de Aseo y Gestión de Residuos de Andesco. Este artículo constituye un análisis jurídico cuya base o punto de partida es la situación ambiental del país en materia de disposición final de residuos para, a partir de allí, construir una reflexión referida a la identificación y el ejercicio necesario y eficaz de las competencias y capacidades jurídicas de los diferentes actores que integran el modelo colombiano de servicios público de aseo, invitando a trascender la idea de considerar como único y principal responsable de la solución de esta problemática al operador de aseo con su actividad complementaria de la disposición final de residuos, y por el contrario redescubrir los sujetos realmente competentes y dotados de las potestades y facultades constitucionales, legales y reglamentarias que permitan lograr una gestión integral eficaz de los residuos sólidos en los territorios, y poder así revertir la situación actual, que puede llevar al país en el mediano plazo a una compleja situación sanitaria y ambiental por el creciente aumento de los residuos sólidos y la capacidad insuficiente de la infraestructura actual disponible para su adecuada disposición final.

Residuos mixtos y escombros clandestinos : ausencia regulatoria y problemática ambiental

Tanto los residuos mixtos –carentes siquiera de definición normativa en el régimen de los servicios públicos domiciliarios– como los residuos de construcción y demolición (RCD) de arrojo clandestino constituyen una de las más serias problemáticas que deben afrontar las entidades territoriales en cuanto a la prestación del servicio de aseo, como resultado de ausencia normativa y regulatoria, indisciplina ciudadana, falta de eficiencia en el uso de los mecanismos a disposición de las autoridades para su control y de la correspondiente sanción por su inadecuado manejo, lo que conlleva importantes impactos económicos y ambientales, que propician, además, la formación de puntos críticos en el espacio público, razón por la cual requieren mecanismos de regulación que procuren la sostenibilidad ambiental y económica en cuanto a su manejo. En el presente artículo se analiza el inadecuado manejo y control de esa categoría de residuos, los problemas más frecuentes asociados a ellos y los retos regulatorios que suponen; además, se plantean alternativas de solución, entre ellas, la posibilidad de establecer una regulación costo/eficiente para las entidades territoriales y los prestadores del servicio público de aseo que incluya no solamente aspectos relacionados con su disposición final, sino que favorezca también otras alternativas viables de aprovechamiento, como la adopción de nuevas tecnologías a su cadena de valor, así como el uso óptimo de las herramientas institucionales vigentes de control estatal relacionadas con su generación y manejo.

El Acuerdo de Escazú y la garantía de la participación ciudadana ambiental en Brasil : un análisis a partir de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible

El Acuerdo de Escazú representa una herramienta fundamental para el ejercicio adecuado de la protección ambiental. No obstante, sus propósitos resultan abstractos e ideales por la falta e imposibilidad político-jurídica de su inclusión y materialización. Frente a ese problema, a través de una metodología deductiva basada en fuentes indirectas de investigación, el presente artículo tiene por objetivo analizar el papel preventivo de la participación ciudadana en el ejercicio de una democracia ambiental, evaluando sus impactos a partir de la implementación del acuerdo Escazú en Brasil, delineando retos y prospectivas para la implementación de los ODS. Principalmente, lo que tiene que ver con la gestión y planeación de ciudades y comunidades sostenibles (objetivo 11). Así se concluye que: (1) Se debe dar prevalencia a una participación directa de la sociedad, producto de una socialización, de una opción libre, preventiva y transparente e informada; (2) Esa participación, baluarte del Acuerdo de Escazú, es compatible con una educación ambiental, que reconoce y exalta el valor de la investigación científica, práctica o empírica, como una alianza del conocimiento, para la consecución de los ODS, concretamente lo relacionado con la gestión y planeación de comunidades y ciudades sostenibles; (3) Frente a la existencia de gobiernos tiránicos, la descentralización del poder de decisión resulta fundamental para crear verdaderas políticas de Estado orientadas a garantizar el contenido del Acuerdo y la consecuente protección del medio ambiente. Y, en caso de aducirse como contrarias, la justicia, siempre con fundamento en la Constitución y la ley, debe entrar a garantizar las acciones.