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MAGK. Derecho del medio ambiente

Las plataformas digitales de petición y su contribución a la eficiencia de la Administración pública y a la protección ambiental

De la misma manera que las redes sociales, en la sociedad contemporánea las plataformas digitales de petición, también llamadas plataformas de activismo, forman parte de la cotidianidad. Plataformas ampliamente extendidas como change.org o avaaz se han convertido en verdaderos medios de petición masivos y generalizados, y en instrumentos de activismo social y visibilización de problemas del más diverso tipo, entre ellos ambientales, en todo el mundo. En este contexto surgen de plano algunas preguntas: ¿Existe regulación al respecto? ¿Es necesaria tal regulación? ¿Cómo se controla la autenticidad de las firmas de los participantes? ¿Cómo se evalúa la legitimación? ¿Contribuyen efectivamente a la democracia a efectos de acortar la distancia entre la Administración y el ciudadano? Los obstáculos y dificultades que afronta la ciudadanía para participar en la toma de decisiones que le interesan e incumben y para transmitir sus inquietudes y preocupaciones; la asimétrica relación de la Administración con los administrados o usuarios; la ausencia de canales efectivos que garanticen no solo una participación, sino unas respuestas reales han fomentado la proliferación de las citadas plataformas. En Colombia la cuestión no es ajena. Dichos instrumentos de petición virtual cursan actualmente ante la Administración 29 peticiones ambientales con 154.551 firmantes, entre las más conocidas están la de Caño Cristales y la de la Reserva Thomas van der Hammen. El objetivo de nuestra contribución es acercarse a las preguntas planteadas. Concretamente, se pretende evaluar qué impacto real han tenido estas plataformas en las decisiones de la Administración, en qué medida han incidido en la protección ambiental y qué reflejo tiene este fenómeno en el Derecho colombiano.

Nuevas tecnologías y sostenibilidad ambiental: respuestas desde el Derecho ambiental

Esta investigación pretende abordar las nuevas tecnologías, o tecnologías disruptivas, desde la perspectiva del Derecho ambiental. En primer lugar, se identificarán algunas de estas nuevas tecnologías con especial relevancia para la gestión ambiental, haciendo particular énfasis en Inteligencia Artificial y Big Data. Se describirán de manera general, y se señalarán algunas aplicaciones útiles para la gestión ambiental. En segundo lugar, se propondrán criterios para orientar las respuestas que debe dar el Derecho ambiental frente a estos nuevos retos, las cuales deben estar encaminadas a evaluar, aprovechar y fomentar estas tecnologías disruptivas.

El principio de ponderación en materia ambiental : una herramienta hermenéutica para la solución de conflictos entre la protección ambiental, los derechos sociales y fundamentales, y el desarrollo económico

La propuesta académica contenida en este libro se refiere a la aplicación del principio de ponderación en materia ambiental como una herramienta hermenéutica para la solución de conflictos entre la protección ambiental, los derechos sociales y fundamentales, y el desarrollo económico. La decisión de la ponderación tiene que ver, entre otras consideraciones, con la identificación, la valoración y la comparación de intereses contrapuestos. Y una vez tomada la decisión se entenderá que a alguien se le ha dado la razón, en detrimento de alguien que no ha obtenido ese beneplácito.

Participación ambiental en el trámite para reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG)

El Gobierno de Colombia se encuentra impulsando la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), el cual está suspendido desde el año 2015. Para reanudar el programa, la Corte Constitucional, en la sentencia T-236 de 2017, ordenó dar cumplimiento a una serie de requisitos con miras a la protección de los derechos fundamentales y evaluar la modificación del Plan de Manejo Ambiental del PECIG en el cual se realice la evaluación del riesgo al medio ambiente en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado.

Aproximación al impacto legal de la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia desde la teoría de la escalera de participación pública

En el año 2019 el Gobierno colombiano firmó el Acuerdo de Escazú, entendido como uno de los instrumentos de carácter internacional más importantes al promover el acceso a la información, justicia, participación ciudadana y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El mecanismo se caracteriza por su carácter vinculante para la región de América Latina y el Caribe emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). En este contexto, este artículo pretende realizar un diagnóstico de las implicaciones legales que traería la ratificación del Acuerdo de Escazú, para así determinar desde el modelo de la Asociación Internacional para la Participación Pública, los posibles impactos de su implementación en el ordenamiento jurídico y escenarios de acción para el Estado.

Valoración jurisprudencial de los conflictos ambientales en Colombia : un estudio de caso comparado

La garantía del derecho a la participación ambiental incluye a todos los afectados en la decisión administrativa, pues solo mediante la apertura de verdaderos espacios de diálogo efectivo y significativo con la población se garantiza resolver e incluso evitar los conflictos ambientales. Bajo esta premisa, el propósito del presente artículo es delimitar los avances jurisprudenciales del derecho a la participación, identificando los precedentes aplicables en materia de solución de controversias ambientales que la Corte Constitucional ha desarrollado a lo largo de sus valoraciones y pronunciamientos, por medio de la técnica de estudio de casos comparados que recoge tres sentencias hito: la delimitación del páramo de Santurbán, el río Atrato como sujeto de derecho y el arroyo Bruno como garantía de participación.

Servicio público de alcantarillado ambientalmente sostenible. Una mirada a la jurisprudencia del Consejo de Estado

Las actividades desarrolladas por los prestadores de servicios públicos no pueden ser ajenas a las consideraciones ambientales. Así, se evidencia que conceptos como la sostenibilidad son vigentes y relevantes en la relación entre el servicio público de alcantarillado y el agua como su principal protagonista. El objetivo de este estudio es, en primer lugar, analizar la evolución y las implicaciones ambientales y sociales del concepto de servicio público en el país, haciendo énfasis y limitándolo al sistema público de alcantarillado; una vez expuesto ese escenario, y teniendo como elemento transversal el concepto de sostenibilidad, evaluar algunos instrumentos normativos o de planeación para, finalmente, mediante la presentación de una línea jurisprudencial del Consejo de Estado, analizar cuándo nace este nuevo giro de concepción: el servicio público de alcantarillado ambientalmente sostenible.

Presentación - Servicios públicos y medio ambiente. Tomo IV

¿Cuál es el alcance normativo del servicio especial de aseo? Reflexiones en torno a su aplicación a la gestión de residuos peligrosos (RESPEL)

Se especula respecto del alcance jurídico del concepto del servicio especial como modalidad de prestación del servicio público domiciliario de aseo; incluso, se argumenta la posibilidad de gestionar a través de él los residuos o desechos peligrosos. Sin embargo, es impreciso aplicar esa figura a la gestión de los residuos peligrosos (RESPEL) por dos razones: 1) porque desde hace más de una década el Consejo de Estado declaró nula la diferencia que por años se gestó en torno al servicio ordinario y al servicio especial de aseo, y 2) porque en torno a los residuos peligrosos ha surgido una dinámica ambiental de gestión que la aparta de la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

Perspectivas teóricas y jurídicas de la adaptación al cambio climático en el servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Caso de estudio: Aguas y Aguas de Pereira

El artículo presenta las perspectivas teóricas y jurídicas para la implementación de acciones y medidas de adaptación de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto al cambio climático en Colombia. Se presenta el caso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP, como una experiencia relevante en este campo.

El gran desafío colombiano en materia de la disposición final de los residuos sólidos no lo resuelve una fórmula tarifaria, pero sí el ejercicio eficaz de las competencias de los obligados constitucional y legalmente a hacerlo

El presente capítulo es resultado de los estudios y reflexiones realizados por el autor como profesional del derecho y en su rol de representante de la empresa pública operadora del servicio público de aseo Emvarias S. A. ESP perteneciente al grupo EPM, y actuando como entidad agremiada a la Cámara de Aseo y Gestión de Residuos de Andesco. Este artículo constituye un análisis jurídico cuya base o punto de partida es la situación ambiental del país en materia de disposición final de residuos para, a partir de allí, construir una reflexión referida a la identificación y el ejercicio necesario y eficaz de las competencias y capacidades jurídicas de los diferentes actores que integran el modelo colombiano de servicios público de aseo, invitando a trascender la idea de considerar como único y principal responsable de la solución de esta problemática al operador de aseo con su actividad complementaria de la disposición final de residuos, y por el contrario redescubrir los sujetos realmente competentes y dotados de las potestades y facultades constitucionales, legales y reglamentarias que permitan lograr una gestión integral eficaz de los residuos sólidos en los territorios, y poder así revertir la situación actual, que puede llevar al país en el mediano plazo a una compleja situación sanitaria y ambiental por el creciente aumento de los residuos sólidos y la capacidad insuficiente de la infraestructura actual disponible para su adecuada disposición final.

Residuos mixtos y escombros clandestinos : ausencia regulatoria y problemática ambiental

Tanto los residuos mixtos –carentes siquiera de definición normativa en el régimen de los servicios públicos domiciliarios– como los residuos de construcción y demolición (RCD) de arrojo clandestino constituyen una de las más serias problemáticas que deben afrontar las entidades territoriales en cuanto a la prestación del servicio de aseo, como resultado de ausencia normativa y regulatoria, indisciplina ciudadana, falta de eficiencia en el uso de los mecanismos a disposición de las autoridades para su control y de la correspondiente sanción por su inadecuado manejo, lo que conlleva importantes impactos económicos y ambientales, que propician, además, la formación de puntos críticos en el espacio público, razón por la cual requieren mecanismos de regulación que procuren la sostenibilidad ambiental y económica en cuanto a su manejo. En el presente artículo se analiza el inadecuado manejo y control de esa categoría de residuos, los problemas más frecuentes asociados a ellos y los retos regulatorios que suponen; además, se plantean alternativas de solución, entre ellas, la posibilidad de establecer una regulación costo/eficiente para las entidades territoriales y los prestadores del servicio público de aseo que incluya no solamente aspectos relacionados con su disposición final, sino que favorezca también otras alternativas viables de aprovechamiento, como la adopción de nuevas tecnologías a su cadena de valor, así como el uso óptimo de las herramientas institucionales vigentes de control estatal relacionadas con su generación y manejo.

El Acuerdo de Escazú y la garantía de la participación ciudadana ambiental en Brasil : un análisis a partir de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible

El Acuerdo de Escazú representa una herramienta fundamental para el ejercicio adecuado de la protección ambiental. No obstante, sus propósitos resultan abstractos e ideales por la falta e imposibilidad político-jurídica de su inclusión y materialización. Frente a ese problema, a través de una metodología deductiva basada en fuentes indirectas de investigación, el presente artículo tiene por objetivo analizar el papel preventivo de la participación ciudadana en el ejercicio de una democracia ambiental, evaluando sus impactos a partir de la implementación del acuerdo Escazú en Brasil, delineando retos y prospectivas para la implementación de los ODS. Principalmente, lo que tiene que ver con la gestión y planeación de ciudades y comunidades sostenibles (objetivo 11). Así se concluye que: (1) Se debe dar prevalencia a una participación directa de la sociedad, producto de una socialización, de una opción libre, preventiva y transparente e informada; (2) Esa participación, baluarte del Acuerdo de Escazú, es compatible con una educación ambiental, que reconoce y exalta el valor de la investigación científica, práctica o empírica, como una alianza del conocimiento, para la consecución de los ODS, concretamente lo relacionado con la gestión y planeación de comunidades y ciudades sostenibles; (3) Frente a la existencia de gobiernos tiránicos, la descentralización del poder de decisión resulta fundamental para crear verdaderas políticas de Estado orientadas a garantizar el contenido del Acuerdo y la consecuente protección del medio ambiente. Y, en caso de aducirse como contrarias, la justicia, siempre con fundamento en la Constitución y la ley, debe entrar a garantizar las acciones.

Las incertidumbres de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en las áreas protegidas de Colombia

En el presente texto se analiza la evolución de la política de gestión de áreas protegidas en Colombia que tuvo un cambio fundamental en la última década del siglo xx. Además, se estudian las normas que regulan el licenciamiento ambiental de proyectos dentro de las áreas protegidas y sus implicaciones en materia de competencias y límites y el proceso de Evaluación e Impacto Ambiental. Finalmente, se estudian los casos relacionados con licencias ambientales otorgadas dentro de algunas de las áreas protegidas más importantes del país y también del nivel regional.

Democracia deliberativa y participación ambiental en Colombia. Posibilidades y desafíos

En el presente documento se analiza inicialmente el concepto de democracia deliberativa y sus principales elementos, como una de las nuevas tendencias en materia de ampliación de las posibilidades de participación activa de los ciudadanos en el debate y toma de decisiones en los asuntos públicos. En la segunda parte del texto se describe la democracia deliberativa ambiental y su avance teórico, como alternativa para la gestión colectiva e informada de los asuntos ambientales. En la última parte de la investigación se analizan las posibilidades de implementación de la democracia deliberativa en Colombia en el marco de la Constitución de 1991, las normas que regulan la institucionalidad ambiental y los mecanismos de participación ciudadana en asuntos ambientales, así como los principales desafíos que enfrenta este enfoque.

El carácter distributivo de la justicia ambiental como reivindicación de derechos: entre el racismo ambiental y las consideraciones socioeconómicas

Este artículo analiza la dimensión distributiva de la justicia ambiental, en clave de dos manifestaciones de inequidad frente a la distribución de cargas y beneficios ambientales: el racismo ambiental y las consideraciones socioeconómicas. En el primer acápite se conceptualiza la noción del racismo ambiental como origen de la justicia ambiental moderna, para establecer cuál es la relevancia actual del concepto y cómo ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional. En el segundo se introduce el factor socioeconómico, como generador de desigualdad e injusticia ambiental. Sobre lo anterior, se analiza el carácter globalizado de esta problemática, para comprender a la luz de la jurisprudencia colombiana la aplicación de la justicia distributiva en el concepto moderno de justicia ambiental.

Seguridad y soberanía alimentaria en los conflictos ambientales colombianos. Análisis de los conflictos actuales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional

El presente capítulo tiene por objeto presentar el impacto que generan los conflictos socioambientales sobre la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria de las comunidades étnicas, campesinas y de economía tradicional en Colombia. De esta premisa se deriva el estudio de los conflictos socioambientales que actualmente se presentan en el país, así como el análisis de los casos de tutela fallados por la Corte Constitucional que tratan de conflictos ambientales y en los cuales se ha reconocido, desarrollado o protegido la seguridad y la soberanía alimentaria.

Nuevas tendencias en el derecho ambiental: avances y desafíos

Este artículo tiene por objetivo conocer y analizar las nuevas tendencias del derecho ambiental, entendidas como las respuestas de esta disciplina a los modernos retos y desafíos ambientales de las sociedades actuales, por lo cual se analizan cuestiones como el fin de la certidumbre, la relación entre la ciencia y el derecho, el surgimiento de nuevas tecnologías y sujetos de derechos, la innovación y la justicia ambiental como retos para esta disciplina, y se exponen algunas de las diferentes formas en las que se ha dado respuesta a estos desafíos.

¿Licitaciones públicas sostenibles? Presupuestos para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El concepto de sostenibilidad ha ido evolucionando paralelamente al desarrollo histórico y científico, y a la interpretación más cómoda de quien lo invoca. No obstante, más allá de su relación con el medio ambiente, su realidad exige un plan de acción orientado a la reducción de las desigualdades y la garantía del bienestar. En ese proceso la licitación representa un instrumento capaz de encaminar ese plan de acción. De ahí que diferentes iniciativas han intentado diseñar proyectos, vinculantes o no, que dan relevancia a la idea de sostenibilidad en las licitaciones. El problema radica en las amplias lagunas y dificultades interpretativas de la sostenibilidad, la falta de precisión de los parámetros e instrumentos que designan su implementación y su relación exclusiva con procesos contractuales amigables con el medio ambiente. Por tal razón, a partir de una metodología deductiva y comparativa, el presente trabajo tiene por objetivo analizar el panorama jurídico de las licitaciones sostenibles a la luz del carácter multifacético de la sostenibilidad, proponiendo algunas herramientas encaminadas a su implementación en atención a los ods. Al final se concluye que el poder normativo de la sostenibilidad dependerá del estatus otorgado en los diferentes ordenamientos jurídicos, bien sea explícito o implícito (1), su concepción no puede ser exclusiva de un plan ecológico o ambiental de contratación (2), debiendo superar también su entendimiento económico actual de producción y consumo (2.1), valorando criterios sociales, éticos y culturales presentes en las licitaciones (2.2). En cuanto a su aplicación, los actos administrativos contractuales deben ser cautelosos y logísticos en su motivación, optando por una actividad de gobernanza administrativa técnica, científica y de control (3), para que la selección de la propuesta más ventajosa para el desarrollo sostenible instrumentalice herramientas de mejora regulatoria (3.1), se incorporen programas de compliance a los procesos contractuales, y se reconozca, bajo la promoción de la resiliencia, un mayor control, monitoreo y valoración del entorno, las alteraciones y las variaciones de la licitación (3.2); finalmente, para alcanzar los ods a través de las licitaciones, los diferentes ordenamientos, principalmente latinoamericanos, podrían dialogar con otros instrumentos normativos, incluso entre países.

El principio de prevención como fundamento del derecho ambiental

Prevenir implica realizar una serie de acciones dirigidas a atender de manera temprana factores que han sido identificados por un sujeto como relevantes para lograr en el futuro un objetivo concreto. En el derecho ambiental la acción preventiva se considera un principio central, guía de la acción hacia la evitación del daño ambiental y fundamento hermenéutico de la labor legislativa, ejecutiva y judicial; su relevancia es tal que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y constituciones de países como Ecuador, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Colombia hacen referencia a la necesidad de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. A pesar de su relevancia, la cercanía del principio de prevención al principio de precaución ha hecho que desde la jurisprudencia y desde la decisión administrativa se haya privilegiado el análisis del segundo y paulatinamente se haya dejado de destacar la relevancia de este principio estructural.