Biblioteca digital

MAGGB. Capítulos en libro de investigación - Grupo de Investigación: Derecho Privado

Daños punitivos y responsabilidad civil por daños al medio ambiente en el sector minero

En todos los tiempos la actividad minera ha representado el debate constante con respecto a los efectos que produce en el medio ambiente (bienes ambientales, recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad, naturaleza), no solo por las técnicas que se emplean, sino también por las inescindibles interacciones entre la explotación de recursos mineros, como recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, y el aprovechamiento de bienes ambientales, los recursos naturales renovables, los ecosistemas, la biodiversidad y la naturaleza.

Soberanía y Constitución: las categorías historiográficas en el análisis de la historia y la interpretación jurídicas mexicanas

Es innegable que al paso de los procesos revolucionarios noratlánticos los mecanismos de interpretación legal y jurisprudencial experimentaron notorias transformaciones en lo que comenzaba a dejar de ser la Nueva España, sobre todo por lo que respecta al ámbito de las mentalidades jurídicas. Así, sin necesidad de que los primeros insurgentes se refirieran expresamente a la necesidad de un proceso de codificación similar al napoleónico (como sí lo hicieron las Cortes y la Constitución de Cádiz en 1812), es evidente que conceptos como los de “Soberanía” y “Constitución” provocaron una nueva delimitación de las tareas legislativas y judiciales en procesos nada lineales que acompañaron las tareas de los iniciadores del movimiento independentista mexicano (el cura Miguel Hidalgo y el capitán Ignacio Allende), de sus continuadores (el licenciado Ignacio López Rayón, presidente de la Suprema Junta Nacional Americana) y de los cimentadores del primer pensamiento constitucional propiamente nacional (el general José María Morelos y los diputados constituyentes de Apatzingán). Todo ello ocurrió durante el periplo comprendido entre septiembre de 1810 y octubre de 1814, adoptándose posiciones muy diversas e incluso antagónicas, pero unidas por un hilo conductor apenas sugerido y difusamente expresado: el abandono de la dogmática pluralista y sapiencial propia de esa recepción del Ius Commune europeo que supo ser, por más de tres siglos, el derecho indiano.

Perfiles de la herencia del derecho romano en materia de interpretación jurídica: la aplicación a los actos privados

La gran codificación del derecho romano realizada por el emperador Justiniano entre el año 529 y el 534 d.C., y completada por medio de una serie de intervenciones legislativas posteriores (las Novellae Costitutiones) hasta su muerte en el 561[1], nos revela el significado que en el curso de aquella experiencia jurídica asumió el término interpretatio, traducido, un poco banalmente, en las lenguas modernas como ‘interpretación’.

La interpretación de la ley en el ocaso del derecho común: la experiencia del Gran Ducado de Toscana

Este ensayo pretende analizar el tema de la interpretación jurídica en el tránsito crucial entre el Ancien Régime y la codificación, examinando la doctrina toscana entre los siglos XVIII y XIX. Con el tránsito del derecho común a los códigos, como consecuencia de la Revolución francesa en casi toda Europa, en particular en aquellos Estados en los que, después de la caída de Napoleón, se habían restaurado los soberanos legítimos, el cambio de sistema jurídico no involucró al Gran Ducado de Toscana, en donde siguió teniendo vigencia el derecho común hasta la codificación unitaria de 1865, aunque se encontrara en un contexto, la península italiana, en el que la mayoría de los actores habían optado por los códigos.

Interpretación y sistema abierto de fuentes: ruptura del paradigma legalista en el derecho indiano-castellano

El problema de la interpretación en el derecho es de aquellos que no envejece. Por el contrario, siempre habrá lugar a debatir sobre el objeto y la forma de hacer la interpretación. Por esta razón, una mirada a este problema con perspectiva histórica se revela útil para determinar algunos elementos que, arraigados culturalmente, podrían facilitar la comprensión de soluciones actuales y permitirían ratificar el fundamento de un sistema abierto de fuentes del derecho.

Presentación - Interpretación y fuentes del derecho : reflexiones sobre su historia y herencia

La presentación de un libro con perspectiva histórica en el derecho no debería ser un trabajo dispendioso o difícil; sin embargo, la deriva excesivamente profesionalizante, que atiende casi con exclusividad a las necesidades imperiosas del mercado, hace del derecho una técnica que se mueve a una velocidad inusitada, indiferente a la vida, a la humanidad, a la sociedad, por cuya premura olvidamos que no nacimos hoy y que el mundo no nació con nosotros.

Autonomía privada y consentimiento informado

En materia de responsabilidad médica asistimos hoy a un cambio de paradigma, en virtud del cual hemos pasado de una medicina basada en el principio de beneficencia a una basada en el principio de autonomía; o en otros términos, hemos transitado de una medicina paternalista a una basada preponderantemente en la autodeterminación del paciente, principio este de carácter constitucional (arts. 16 y 28 CP) que impide al personal sanitario –salvo frente a determinadas excepciones– realizar cualquier procedimiento o intervención sin el previo consentimiento del paciente, dado con conocimiento de causa, lo cual implica no solo el derecho “a que no se actúe sin su consentimiento y a que se respeten sus decisiones”, sino también “el derecho a decidir libremente entre las opciones disponibles previa información adecuada; y [además] el derecho a negarse a tratamiento”

Asunción de riesgos por parte de la eventual víctima y su efecto exoneratorio sobre la responsabilidad del deudor o ‘Volenti non fit iniuria’

Involucrarse voluntariamente en una actividad –lícita– cuyos riesgos se conocen, implica, de suyo, la aceptación o asunción de estos últimos, en el sentido de que si estos llegan a materializarse, significará tanto como haber renunciado a exigir de otro reparación de perjuicios. Tal idea se corresponde con la máxima romana volenti non fit iniuria, por la que se entiende que si alguien voluntaria y conscientemente se coloca en una posición que pueda ocasionarle daño, no puede luego dirigir reclamación contra ninguno.

Modificaciones permanentes del cuerpo humano y derechos fundamentales

¿Cuál es el estatuto jurídico del cuerpo humano? No existe en los modernos ordenamientos jurídicos una respuesta única a esta pregunta. Aunque existen regulaciones sectoriales que responden, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, a este interrogante, las posibles respuestas varían dependiendo de la perspectiva desde la cual se observe el problema. El derecho penal ofrece unas respuestas y el derecho constitucional, otras. De igual manera sucede con otras ramas del derecho. No existe, ni siquiera en las modernas codificaciones, un estatuto jurídico propio e independiente del cuerpo humano.

Justificación causal de la prestación y restituciones

De la mención que en el art. 1325 numeral 2 del Código Civil italiano (en adelante c.c it.) se hace de la causa entre los requisitos del contrato –en ausencia de los cuales, al tenor de lo dispuesto en el art. 1418, inc. 2 del c.c. it., es nulo–, como también de lo previsto en los arts. 2033 y 2041 del c.c. it., e igualmente de muchas otras disposiciones del código, se desprende una directriz más amplia, un principio general de nuestro ordenamiento jurídico: el principio del causalismo, en virtud del cual el reconocimiento jurídico de las transferencias patrimoniales, y en general de los desplazamientos de riqueza, está subordinado a la existencia de una razón que los justifique, que sea reconocida como tal a la luz de los valores del ordenamiento.

Introducción a los remedios contractuales: problemas y prospectivas

El contrato es el corazón del derecho civil, porque es la máxima expresión de la autonomía privada, y esta es el fundamento y la sustancia misma del derecho civil. ¿Y cuál es el corazón del contrato, del derecho de los contratos? Yo considero que es el sistema de los remedios contractuales: porque la verdadera relevancia, el sentido profundo de la disciplina legal del contrato, no se manifiestan en las situaciones fisiológicas en las que el contrato nace con normalidad y funciona con normalidad, sino en los casos en los cuales su modo de ser y de funcionar presenta alguna patología, cuando el contrato padece de algún defecto o perturbación que lo convierten en un contrato problemático.

La tolerancia temporal del incumplimiento y el riesgo del ocultamiento del conflicto social

En varias ocasiones (no solo) la Corte Constitucional colombiana (de ahora en adelante: la Corte) ha adoptado decisiones de tutela que abordan el fenómeno del incumplimiento contractual desde una perspectiva en cierta medida novedosa. En efecto, en este tipo de decisiones, (i) para el juez constitucional el incumplimiento de una de las partes del contrato no justifica, a favor del acreedor-insatisfecho, ni el derecho (en estricto sentido, poder) de exigir el cumplimiento de las obligaciones a su favor, ni tampoco, cuando sea el caso, el derecho (en estricto sentido, la inmunidad) de no cumplir las obligaciones a su cargo. Decisiones que, en breve, configuran una especie de deber de tolerancia temporal del incumplimiento.

¿Una nueva excepción de incumplimiento?

En este ensayo describo, en primer lugar, un fenómeno que, en Italia, ha conmovido la excepción de incumplimiento y que, a mi juicio, ha definido los desarrollos más recientes (§§ 1-2); posteriormente trato de abordar una perspectiva nueva que nace del uso de la excepción de incumplimiento en los contratos asimétricos y que ha tenido, precisamente en Colombia, una experiencia interesante, en grado de constituir un laboratorio muy útil para prever futuros desarrollos análogos también en Italia (§§ 4-5); con un interludio sobre la reciente regulación de la excepción de incumplimiento en el derecho privado francés, y sobre las novedades que, a propósito de excepción de incumplimiento, plantea esa nueva regulación (§ 3).

Incumplimiento recíproco y remedios contractuales: dentro y fuera del proceso

Los códigos civiles vigentes, en diversas partes del mundo, disciplinan los remedios sinalagmáticos asumiendo que la relación contractual ha sido alterada por el incumplimiento de solo una de las partes. El código civil italiano prevé que cuando, en un contrato bilateral, uno de los contratantes “no cumple sus obligaciones, el otro puede a su elección pedir el cumplimiento o la resolución del contrato, salvo, en todo caso, el resarcimiento del daño” (art. 1453, inciso 1.°); el código civil colombiano dispone que “en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado”, “podrá el otro… pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios” (art. 1546 ); mientras en el code civil francés recientemente modificado se encuentra una disposición que identifica los remedios que pueden ser ejercidos por la parte “respecto de la cual el contrato no ha sido cumplido, o lo ha sido imperfectamente” (art. 1217).

Indemnización de perjuicios contractuales: nuevos daños, nuevas formas de reparación

Mucho ha cambiado en materia de indemnización de perjuicios contractuales desde la promulgación del Código Civil en el siglo XIX. Para la época, se entendió que, debido a que el contrato tutelaba únicamente derechos de carácter relativo (de crédito o patrimoniales), las consecuencias derivadas de su incumplimiento debían tener necesariamente esa misma naturaleza, es decir, naturaleza patrimonial o económica. Otro tipo de consecuencias, como las extrapatrimoniales, solo podían ser atendidas por la responsabilidad aquiliana, en la medida en que ellas eran consideradas imprevisibles en el mundo contractual; por lo que eran tenidas como normalmente no indemnizables. Pues bien, a la fecha, ya no es cierto ni lo uno ni lo otro.

El cumplimiento de la obligación

Una reflexión sobre el cumplimiento requiere una aclaración dogmática de carácter preliminar: en los discursos de los juristas y en el lenguaje legislativo, el término “cumplimiento” es usado para denotar tanto la exacta y correcta ejecución del contrato como el exacto y correcto cumplimiento de la obligación . Baste pensar, en el derecho italiano, en el decisivo art. 1453 del c.c. it., relativo a la violación de los contratos sinalagmáticos, en donde, precisamente, el legislador emplea el verbo “cumplir” para indicar la ejecución de la relación contractual. Como es bien sabido, a pesar de la elección legislativa basada en la tradición francesa, entre ejecución del contrato y cumplimiento de la obligación no hay correspondencia biunívoca.

La terminación unilateral del contrato por incumplimiento en derecho colombiano

El derecho colombiano, siguiendo el modelo del Código Civil francés de 1804, reconoce la resolución judicial por incumplimiento, consagrada en el artículo 1546 del Código Civil y el 870 del Código de Comercio, como el mecanismo de tutela más drástico con el que cuenta el acreedor y cuya principal característica es que es forzoso el recurso al juez para poner fin al contrato. Este aspecto, que es definitivo para comprender la lógica del sistema remedial que aún conserva el derecho colombiano, encuentra sus orígenes en la influencia que los redactores del Code recibieron del derecho canónico. En efecto, al construir la resolución, los canonistas la concibieron como un castigo. Al poner el acento en el vínculo que sirve a unir las obligaciones de cada parte, extrajeron la siguiente regla: aquel que no respeta su promesa, pierde el derecho de exigir la ejecución de la cual es acreedor. No respetar la palabra dada era un pecado porque estaba visto como una mentira. Esta concepción moralista fue la que justificó que el único que pudiese declarar la resolución del contrato fuese el juez y que, por lo mismo, empezase a rechazarse de manera categórica y casi que absoluta cualquier forma de justicia privada. Frente al riesgo de que un acreedor diese por terminado arbitrariamente un contrato, dejando en completo desamparo al deudor, el ordenamiento instituyó al juez como garante no solo de sus intereses, sino también de los del contrato, reforzando de esta manera la protección de su fuerza obligatoria.

El derecho a la subsanación del incumplimiento como mecanismo que contribuye al equilibrio de la posición del deudor y del acreedor: análisis a partir de algunos modelos del derecho comparado

El acreedor tiene derecho a que se le cumpla debidamente, es decir, a que exista una correspondencia de la prestación ejecutada con la prestación prevista según las condiciones expresas, o implícitas que se derivan del contrato. Por lo tanto, toda desviación de las obligaciones derivadas del programa contractual considerado en su globalidad constituye incumplimiento. Ese incumplimiento puede derivar de diferentes situaciones: bien porque “el deudor no ha realizado ningún acto dirigido a poner en práctica la prestación comprometida”, bien porque “ha realizado actos dirigidos a cumplir, pero esa prestación no coincide o no se ajusta a la prevista al constituirse la obligación”, es decir, realiza la prestación, pero de forma defectuosa (defecto de tiempo, calidad o cantidad).

Ejecución in natura de la obligación contractual incumplida

Incumplido el contrato, se ingresa al plano de la responsabilidad contractual que se estructura por la presencia de los elementos que la definen, el daño consistente en la lesión del derecho de crédito del contratante cumplido, que proviene del incumplimiento del deudor incumplido. El tema objeto de este análisis comprende el estudio del interés del acreedor que pretende que el deudor ejecute la obligación en su sentido originario o in natura, pretensión principal que se integra con la petición de indemnización de los perjuicios derivados de la mora. Desde el punto de vista del derecho sustancial, el código civil y el de comercio regulan esta forma de satisfacción del derecho de crédito del contratante acreedor, en disposiciones generales que atienden las consecuencias del incumplimiento del contrato. De igual manera, lo hacen en disposiciones especiales definidas en consideración a la naturaleza del contenido de la prestación debida, que puede ser de dar, hacer o no hacer, como también en atención a determinadas tipologías contractuales.

Las restituciones consecutivas a la ineficacia del contrato en el derecho colombiano

El régimen de las restituciones tiene una relevancia práctica marcada en la medida en que permite determinar los rubros y los montos de las condenas en contenciosos contractuales de diversa naturaleza. Se trata de una materia compleja, con importantes puntos de incertidumbre y de debate en nuestro ordenamiento jurídico. Dicha complejidad deriva en parte del hecho de que la eliminación del contrato del mundo jurídico y material implica tener en cuenta diversos factores, tales como el motivo que ocasionó su desaparición, la naturaleza de las prestaciones ejecutadas, las eventuales interferencias con la responsabilidad que pueda ser atribuida a uno o ambos contratantes, así como el tiempo transcurrido entre la ejecución de las prestaciones y el anonadamiento del contrato. Pese a ello, este tema ha merecido poca atención de la doctrina nacional.