Browsing MAGDA. Capítulos en libro de investigación - Grupo de Investigación: Derecho Constitucional by Issue Date

Prevenciones sobre la prevención : algunas consideraciones desde la criminología

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Este artículo busca estudiar ciertos argumentos clásicos de las políticas de prevención del delito, señalando algunos de sus límites y elaborando algunas críticas contemporáneas que resultan ineludibles de discutir para quien aborda las posiciones prevencionistas. En este sentido, en primer lugar, el artículo enuncia algunas ideas clásicas de las políticas de prevención para en seguida establecer algunos puntos de análisis y problematización de la prevención. Lo anterior se hace desde dos campos de análisis: la prevención del delito desde fuera y desde dentro del sistema penal. Este recorrido nos permitirá establecer ciertos criterios de análisis de la prevención desde diferentes disciplinas, medios de la prevención, programas de acción prevencionistas y sus actores. Esto será abordado de una forma no exhaustiva, en forma de tópicos de debate frente a las políticas de prevención del delito y como posibles puntos de una agenda investigativa en el tema de la prevención ¿La pena previene o no el crimen? ¿Qué medidas punitivas previenen el crimen? ¿Hay crímenes o criminales que no son prevenidos por la pena? ¿Qué medidas de prevención hay además de las penales? ¿El empleo, la tecnología, la educación y la arquitectura son útiles para la prevención? ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos de sus usos para la prevención? Estas preguntas se problematizan en este trabajo buscando no sus respuestas, sino sus desafíos y discusiones principales.

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Un nuevo derecho administrativo de la salud para una paz durable en Colombia

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En Colombia, relacionar jurídicamente la paz, la salud y el derecho administrativo, de manera adecuada y sistemática, es una tarea inacabada para el Estado y la sociedad. En la actualidad, con ocasión del proceso de paz más importante de los últimos tiempos, adelantado para poner fin al conflicto armado interno con las FARC, esa tarea se impone con mayor urgencia si se pretende erradicar la exclusión, el maltrato o la mala calidad de la salud, como causas tenidas en cuenta por algunos para entrar en rebelión. Las vías del derecho constituyen ahora el único camino a seguir, no solo para construir en la práctica un Estado social de Derecho, sino también para que la violencia armada no sea nunca más considerada como una forma de hacer justicia.

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Justicia y medios de comunicación. La justicia mediática en Colombia: un modelo de análisis para la relación entre el entendimiento del crimen y los medios de comunicación masiva

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En un reciente artículo que escribí sobre un proceso judicial en Colombia, un internauta reaccionó comentando que eso era una buena forma de hacer ‘justicia mediática’. Esta expresión resonó en mis reflexiones diarias. Me pregunté qué podría ser esa justicia y si en realidad eso era posible o incluso deseable. El presente artículo explora este asunto estudiando las relaciones entre (las representaciones de) la idea de justicia y los medios de comunicación masiva frente al fenómeno delictivo. A través de una evaluación de medios de comunicación masiva colombianos, este escrito propone un modelo de análisis para entender dichas relaciones.

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Explicación y contexto metodológico del proyecto de investigación

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Originalmente, el proyecto pretendía hacer un estudio exhaustivo y detallado de la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional colombiana desde su fundación hasta la actualidad, para intentar determinar cómo se había construido la relación entre derecho internacional y derecho interno, especialmente en lo que tiene que ver con las preguntas en torno al lugar que las normas de origen internacional ocupan en el sistema normativo colombiano, a los modelos teóricos que al respecto sigue el juez constitucional, las reglas de solución de conflictos normativos, entre otros importantes asuntos.

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Análisis de resultados de la primera fase del proyecto

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Para empezar, el primer interrogante que se formuló –y que a su vez sirvió como base para la segunda fase del proyecto– tenía que ver con los temas del derecho internacional que le preocupaban e interesaban al juez constitucional. Al respecto, encontramos que la mayor parte de las sentencias y autos invocaban de una u otra manera el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que inició como una respuesta intuitiva, después se vio reflejado en los números, pero también en los hallazgos sustanciales de la investigación. La razón de este uso predominante de los derechos humanos es evidente, todos estos instrumentos hacen parte del bloque de constitucionalidad, lo que facilita su uso por parte del juez constitucional.

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El derecho internacional de las inversiones, otro de los desaires de la jurisprudencia constitucional colombiana

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La jurisprudencia constitucional colombiana en materia del derecho internacional de inversiones es bastante escasa en comparación con otras ramas del derecho internacional público. En cualquier caso, con fundamento en las providencias existentes, es factible identificar algunos elementos de análisis con relación a la jerarquía y naturaleza que tienen estas normas dentro del ordenamiento jurídico nacional. Así, este artículo pretende presentar de manera sencilla y clara cuál es el papel que la Corte Constitucional de Colombia le ha reconocido al derecho internacional de inversiones, así como la forma en la que se han resuelto los conflictos normativos a los que ha habido lugar con relación a él.

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El (des)control de convencionalidad en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana

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El control de convencionalidad es una figura que resulta esencial para la garantía de los derechos humanos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aunque su origen está en el seno de la Corte Interamericana, resulta ser una herramienta esencial para los Estados para efectos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En el artículo que se presenta a continuación se estudia la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana para efectos de esquematizar lo que se ha entendido en el ámbito nacional por tal figura. Adicionalmente, se identifica su relación con la jerarquía normativa de las normas interamericanas dentro del ordenamiento nacional y, además, se establece que sirve como un instrumento de resolución de conflictos normativos.

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La aplicación de las normas y principios del derecho internacional humanitario en la planeación y ejecución de las operaciones militares contra los grupos armados organizados y las personas civiles que participan directamente en las hostilidades

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En el año 2011 la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (en adelante, PISDP) del primer mandato del presidente Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014) se fijó como objeto consolidar y fortalecer la seguridad y el control territorial que se había logrado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez mediante la ejecución de la Política de Seguridad (2002-2006) y de la Política de Consolidación Democrática (2006-2010). En este sentido, la pisdp tenía entre sus objetivos estratégicos continuar con el debilitamiento y la desarticulación de los grupos armados organizados al margen de la ley (en adelante, GAOML), las estructuras del crimen organizado (transnacional, nacional, regional y local) y las bandas criminales (en adelante, Bacrim). Por ejemplo, en el año 2012 las FARC-EP se encontraban debilitadas estructuralmente por las acciones conjuntas y coordinadas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que habían logrado neutralizar a un número importante de sus integrantes (incluidos miembros del Secretariado, cabecillas y numerosos mandos medios).

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La acción de revisión penal como mecanismo de ejecución de las decisiones de la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el deber de investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario

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El Estado parte en la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH) tiene la obligación de suministrar recursos judiciales adecuados y eficaces a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario1, los cuales deben ser tramitados de conformidad con las reglas del debido proceso y dentro de un plazo razonable (art. 8.1 CADH). Todo ello en el marco de las obligaciones generales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos a toda persona sometida a su jurisdicción, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, género, edad, origen nacional o familiar, lengua, idioma, religión o creencia, posición económica, condición social, opinión política o cualquier otro criterio análogo (art. 1.1 CADH).

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Cuando el Estado es ausente: ¿qué sucede con los derechos? (Re)configuración constitucional de los derechos fundamentales en Colombia

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En la doctrina jurídica se entiende al Estado como un supuesto de los derechos fundamentales, así como, a la vez, el primer obligado, la estructura básica de garantía, respeto y protección de los mismos. Ante esta base, ¿Qué ocurre en contextos de ausencia de Estado con esos derechos fundamentales? Este tema resulta de especial interés en un contexto como el colombiano. En el territorio nacional la ausencia de Estado es un factor reconocido por un considerable cuerpo de investigaciones sociales. ¿Qué relevancia e impactos puede tener este factor en un entendimiento general de la relación entre lo que llamamos Estado desde el derecho constitucional y los derechos fundamentales?

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La mula muerta: el tema de la impunidad en Colombia y el contexto de las negociaciones de La Habana

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La impunidad es un término, cuyo contenido es ambiguo y expansivo. Sin embargo, (o gracias a ello), la lucha contra la impunidad se ha instalado como una campaña fundamental para los derechos humanos entorno a la cual se ha fundado un notable unanimismo. Este unanimismo consiste en la armonización de los derechos humanos desde una perspectiva teórica (visible en los mecanismos internacionales de derechos humanos), pero también práctica (evidenciada en los programas de las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo que ha generado como objetivo común el lema de la lucha contra la impunidad).

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¿Quiénes son las víctimas de este conflicto? Espacios, problemas y retrocesos desde el acuerdo FARC-Gobierno

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Este escrito busca problematizar y elucidar la noción víctima del conflicto armado, frente a la operación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) acordado entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Colombia. El SIVJRNR está compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales creados bajo un enfoque integral, que operan de manera articulada para favorecer el fin del conflicto armado, los derechos de las víctimas y la no repetición. Entre los mecanismos judiciales se cuenta la Jurisdicción Especial para la Paz (IEP), mientras que entre los extrajudiciales se encuentra la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD).

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El gobierno de lo público por medio de un derecho global no oficial

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Desde un punto de vista jurídico positivista-normativista la globalización se presenta como un gran desorden normativo global, e igualmente como la fuente de desorden –cuando no de desestabilización– al interior de los constitucionalismos locales. En cambio, estos últimos suelen presentarse mayoritariamente como procesos tendientes a fijar y a conservar una razón de ser del Estado y de la sociedad, mediante una organización normativa, desplegada con el mayor orden, bajo la idea de un sistema jerarquizado de producción, desarrollo y control del derecho, liderado por una Constitución. A diferencia del derecho interno y del derecho internacional, ambos ligados a la voluntad creadora y legitimadora de los Estados, la idea de un derecho global no se presenta en la realidad como un derecho oficial, sino todo lo contrario; es decir, como un derecho no oficial o, en el peor de los casos, como una suma de normatividades diversas con pretensiones coercitivas a nivel planetario y que, en ocasiones compiten, o en otras se complementan, con el derecho positivo local o con las fuentes formales, en un sentido estricto, del derecho internacional.

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Claroscuro de los regímenes de responsabilidad en el derecho administrativo sancionatorio colombiano

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Tanto la sanción administrativa como la pena son ciertamente la concretización del ius puniendi en cabeza del Estado; mas ello no permite afirmar que el derecho administrativo sancionador sea una prolongación o derivación del derecho penal. Muy probablemente, la teoría según la cual el derecho administrativo sancionador proviene, conceptual, histórica y prácticamente, de un “derecho penal administrativo” ha sido en gran medida causa de malos entendidos epistemológicos, axiológicos y metodológicos. En realidad, debe considerarse algo más simple: la sanción administrativa es una manifestación, en el ámbito del derecho administrativo, de la potestad sancionadora reservada a las autoridades estatales. Por su parte, la pena es una clarísima manifestación de esa misma potestad sancionadora, pero que solo puede verse materializada en el ámbito del derecho penal. Así, mientras la sanción administrativa y la pena puedan distinguirse, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal constituirán disciplinas y regímenes diferentes.

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Un cambio necesario en el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales de contenido económico

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De acuerdo con las disposiciones constitucionales relativas a la aprobación de tratados internacionales en el ordenamiento colombiano, es necesario que el Congreso expida una ley que supere el examen de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional para que el presidente de la República pueda ratificar el instrumento internacional, salvo casos excepcionales en los que los tratados internacionales de contenido económico o comercial celebrados en el marco de organismos internacionales pueden ser aplicados provisionalmente mientras se surte el proceso interno.

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La arquitectura del derecho a la vida en los casos contra Colombia

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El contexto histórico, social y político de Colombia es uno de los principales factores que ha llevado a que el derecho a la vida, junto al derecho a la integridad personal, sea uno de los más reclamados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En lo que respecta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh), de los 22 casos contra Colombia que ha conocido desde 1993 hasta finales de 2017, en el 95% de ellos se ha alegado la violación de este derecho, y en 15 de los 18 que han sido resueltos se ha declarado la responsabilidad del Estado por la vulneración del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que reconoce la vida como derecho.

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Reparación interamericana en los casos colombianos

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Al analizar transversalmente las reparaciones formuladas en la jurisprudencia interamericana respecto de casos colombianos, una primera observación que emerge del estudio es que la Corte IDH ha planteado diferentes criterios generales que son constantes en las decisiones relativas a distintos países. En efecto, la Corte ha basado sus decisiones sobre reparaciones en el principio general según el cual, de conformidad con el artículo 63.1 CADH, “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

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El reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿estrategia o necesidad?

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En el marco del proceso interamericano, la cadh y el Reglamento de la Corte idh prevén la posibilidad de que los Estados se allanen ante las pretensiones de las partes durante el trámite de los casos contenciosos. Respecto de este asunto, el juez interamericano ha entendido en su jurisprudencia que el reconocimiento de responsabilidad no solo es una prerrogativa que tienen los Estados para el ejercicio de su derecho de defensa, sino que también es una manifestación de los valores y propósitos contenidos en la cadh, debido a que tiene la virtualidad de terminar el proceso a través de la satisfacción de los reclamos de las partes. Así por ejemplo, el juez Diego García Sayán ha destacado que se trata de un mecanismo de especial trascendencia ética y jurídica para el proceso interamericano, que supone un medio conducente a la protección y respeto de los derechos humanos reconocidos en la CADH.

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Tribunales transformadores, tribunales reformadores

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En 1991 Dreier definía el Estado constitucional como un tipo especial de Estado caracterizado por la interrelación de tres elementos: los derechos fundamentales, la separación de poderes y la democracia. Así mismo puede desprenderse de esa argumentación que la existencia de un tribunal constitucional juega un papel fundamental en las tensiones surgidas de la interacción de dichos elementos. Para Dreier la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional alemán sobre el orden de valores presente en la Ley Fundamental habría generado dos posiciones, o mejor dos especies de razonamiento jurídico, las cuales él mismo denominaría como constitucionalismo y legalismo. En sus palabras, el constitucionalismo “realza el contenido valorativo de la Constitución acudiendo al órgano judicial para reclamar su validez incluso frente al poder ejecutivo y legislativo”. Dreier ve al legalismo como el realce del cuerpo legislativo y una contención de la ampliación de las competencias jurisprudenciales; podría decirse que, en esencia, el legalismo se contrapone a esa apertura del sistema constitucional a un orden valorativo.

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El vicio surrealista del monismo y el dualismo ante la metamorfosis del derecho internacional público

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Hoy por hoy es innegable que los modelos tradicionales que explican las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno son insuficientes para desembrollar la compleja maraña que los interrelaciona. Tanto el monismo como el dualismo pretenden explicar desde la teoría las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Pero cualquiera de los dos que se acoja, y la forma en que se decidan articular los ordenamientos, siempre dependerá de quién y cómo se entienden esas relaciones. Pero el verdadero talón de Aquiles de ambas doctrinas –para efectos de lo que en estas páginas nos interesa–, es el mismo: un vicio de surrealismo que las lleva a no entender ni atender las realidades prácticas de la interacción entre ambos ordenamientos.

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