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MAGB. Derecho administrativo

Jurisdicción, competencia y dominio del agua en la República Argentina

En el presente artículo se aborda la temática del agua desde las diversas perspectivas que involucran a dicho bien jurídico en el sistema jurídico de la República Argentina procurando destacar aquellos asuntos de mayor relevancia tanto en la regulación constitucional como legal.

Relaciones peligrosas: corrupción y captura del regulador por grupos de intereses

La captura del regulador, antecedida de actos de corrupción, implica que se desvía del logro de equilibrios al interior de los dispositivos económicos y sociales en los cuales está llamado a intervenir. No solamente son corruptos los medios que se emplean para capturar al regulador, sino que, además, el producto regulatorio que luego adopta, al anteponer intereses específicos al interés general, constituye en sí mismo un acto de corrupción. Pero, ¿podemos aceptar la idea según la cual toda relación cercana entre el regulador y grupos de intereses es peligrosa? La participación de particulares en los procesos de decisiones públicas es un factor de legitimidad que insta al cumplimiento de la norma regulatoria. Más que aislar al regulador del sector regulado, se busca demostrar cómo, desde consideraciones orgánicas y de arquitectura de los reguladores, es posible potencializar los beneficios provenientes de la colaboración de los administrados sin aumentar el riesgo de captura.

La inclusión digital como herramienta para lograr la inclusión social y los objetivos de desarrollo sostenible

En respuesta a la brecha digital que se ha generado por la desigualdad ocasionada por factores socioeconómicos, educativos, de género, geográficos, entre otros, se ha hablado de la inclusión digital como una herramienta para facilitar el acceso, uso y apropiación de las tic. El presente escrito busca estudiar algunas de las causas de esa brecha en Colombia y la normativa actual en la materia, para analizar de qué manera se pueden disminuir esos factores y así llegar a un escenario de inclusión que permita a las poblaciones relegadas acceder a las tic, siendo este un mecanismo para alcanzar los ODS.

Las tecnologías disruptivas como herramienta y campo de acción de las administraciones públicas

A medida que los gobiernos implementan tecnologías disruptivas para facilitar la toma de decisiones y mejorar sus relaciones con los ciudadanos, también crecen los temores alrededor del uso de Inteligencia Artificial a través de algoritmos, machine-learning y analítica de Big Data, para regular y adjudicar derechos desde la Administración pública. Estas preocupaciones atañen desde la incapacidad del Estado para regular eficaz y oportunamente estos avances tecnológicos, hasta la opacidad y la dificultad de estas herramientas disruptivas para satisfacer las exigencias derivadas de los principios constitucionales y legales que rigen el ejercicio de la función administrativa. Esta investigación explora la implementación de tecnologías disruptivas en la Administración pública colombiana, los retos y límites que enfrenta, así como las alternativas que permitirían disminuir riesgos asociados a estas.

La planeación de los contratos públicos en diálogo de los sistemas : una comparación entre el derecho colombiano, el español y el alemán

Las asociaciones público-privadas (APP) en Colombia y en el derecho administrativo internacional

El derecho de las app se edifica, en el modelo de derecho continental europeo de tradición francesa, sobre el pilar del derecho nacional; sin embargo, su comprensión no se restringe a los fundamentos y límites del derecho interno ni al influjo del derecho francés. La regulación de las app en Colombia también está influida por el modelo anglosajón de vinculación de capital privado a la gestión y actividad públicas y determinada por el derecho administrativo internacional.

Introducción a las public private partnerships en proyectos de infraestructura en energía. ¿Qué puede aprender Colombia del sistema jurídico alemán?

La preservación de las garantías constitucionales en la licitación en el trámite de evaluación de las propuestas y el control que ejerce el juez sobre la actividad contractual de la administración pública

La sanción administrativa de las infracciones urbanísticas : el drama humano en los límites de un mecanismo apenas eficaz

La aplicación de la prohibición del abuso de posición dominante en la contratación pública

Las restituciones mutuas en la contratación estatal

Los límites a la modificación de los contratos estatales en Colombia

Autorizaciones constitucionales para contratar

El papel del registro presupuestal en los contratos estatales

Responsabilidad por el suministro de información defectuosa en proyectos de construcción

La promoción del acceso a la vivienda urbana digna como pieza de la ordenación del territorio

La ordenación del territorio de la ciudad incide sobre los mecanismos económicos y sociales asociados a los mercados de vivienda urbana. Entre los efectos de las actuaciones de planeación y zonificación que se emplean para el arreglo del aprovechamiento del espacio físico urbano está el de fijar los usos permitidos del suelo y, de este modo, la cantidad de terreno disponible para atender la demanda de vivienda en las ciudades.

Radiografía del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos relacionados con el conflicto armado colombiano

Al día de hoy, veintitrés Estados reconocen la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde que empezó a trabajar, el tribunal ha condenado a un total de veinte Estados, profiriendo al menos doscientas veinticuatro sentencias (en las que se ordenan reparaciones). Colombia es el tercer país con mayor número de condenas.

Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad: una posible solución a la problemática del reparto de competencias en materia minera

La Constitución Política de 1991 significó para Colombia una profunda transformación en las estructuras políticas, jurídicas y económicas, suscitada en parte por un ambiente de inconformismo y descontento social cuyas raíces primordiales se encontraban en la pervivencia del régimen constitucional de 1886. Aunque no supuso su eliminación, la Constitución Política de 1991 implicó por lo menos la atemperación de problemáticas sistémicas como un Estado confesional y un centralismo vetusto, y la implementación de fórmulas políticas y jurídicas que han permitido en buena medida la solución de situaciones de inequidad e injusticia social a lo largo de cinco lustros de experiencia constitucional. La instauración de un tribunal dedicado a la defensa del novel catálogo de derechos fundamentales, la inclusión enfática de principios como el pluralismo o la dignidad humana, y la adopción de un modelo de Estado Social de Derecho, son solo tres ejemplos de las múltiples innovaciones que la Asamblea Nacional Constituyente introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano.

La autonomía territorial como forma de reconocer la existencia de particularidades dentro del Estado unitario

A lo largo de la historia, una de las más grandes discusiones ha sido aquella que busca responder a la pregunta sobre cuál es la mejor forma para organizar al Estado y al poder político. Al menos en la modernidad, la respuesta a esta pregunta se puede elegir entre dos opciones: la primera, el Estado unitario; o la segunda, el Estado federal. Ahora, hay que anticipar que si bien presentamos prima facie estas fórmulas como dos opciones exclusivas, la evolución de esta disyuntiva ha dado lugar a diferentes variaciones de las mismas que, a la final, terminan convirtiéndose en propuestas híbridas que toman elementos de ambos modelos.

La autonomía municipal en Colombia

Resulta bastante sorprendente que el Derecho Constitucional no haya enfocado, con la profundidad que se merecen, algunos de los problemas que suscita el reconocimiento de autonomía a los municipios. La razón de este desinterés puede estar, al menos en España, en el tipo de competencias que dichas organizaciones territoriales han ejercitado tradicionalmente. Recordemos que durante el Estado liberal, y todavía en la etapa de consolidación del Estado social y democrático de derecho, desempeñaban funciones eminentemente administrativas. No tiene nada de extrañar, entonces, que el análisis de la organización y funciones de esas entidades locales correspondiera al Derecho Administrativo, porque estos asuntos carecían de suficiente relevancia constitucional.