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MAGB. Derecho administrativo

Cooperación entre el Estado y los particulares en el ámbito de la salubridad pública: reflexiones para Colombia a partir del Derecho Alemán

El tema que se me propuso desarrollar en estas Jornadas de Derecho Administrativo es el de infraestructura y equipamientos colectivos de servicios de salud. Delimitar los problemas jurídicos que plantea esta temática exige primero definir los elementos que la constituyen y ponerlos en relación con las materias que la enmarcan en la obra. El tema propuesto se incluye en el tomo sobre el derecho a la salubridad pública y, dentro de él, en la parte sobre la eficacia de la prestación del servicio público.

Acceso a medicamentos, seguridad de los consumidores y viabilidad de la inversión: fórmulas regulatorias y sus efectos secundarios

El acceso a medicamentos seguros y de calidad es un elemento indispensable para la realización del derecho a la salud. En diversos tratados e instrumentos internacionales este derecho es reconocido precisamente como una estructura compleja, compuesta de libertades y derechos relacionados con los servicios, bienes y condiciones necesarios para el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Si su determinación como derecho humano fundamental y esencial para el ejercicio de otros derechos es ampliamente admitida por el derecho internacional, no parece ocurrir lo mismo con el alcance de los deberes e intervenciones que los Estados están llamados a realizar para asegurar estándares de salud idóneos a sus ciudadanos.

Los instrumentos característicos del derecho administrativo de la seguridad alimentaria

Los poderes públicos de los distintos Estados desarrollan una intensa labor de intervención en el ámbito alimentario. Son muchas las finalidades que esta intervención persigue y los motivos que las justifican: económicas, de ordenación del mercado, de garantía del abastecimiento, de garantía de la inocuidad, de protección de la propiedad intelectual e industrial, de protección de los consumidores, etc.. Sin duda, desde un punto de vista cualitativo, el objetivo más relevante es garantizar un suficiente y adecuado abastecimiento de alimentos para la población (la lucha contra el hambre). Íntimamente relacionada con ese punto de partida, la segunda meta en importancia cualitativa es garantizar la inocuidad/seguridad de los alimentos.

Régimen jurídico del servicio de salud asumido directamente por el Estado

En la estructura de la Ley 100 de 1993, el servicio público de salud es prestado por las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que, en el caso de las públicas, corresponde a los hospitales, organizados en empresas sociales del Estado (ESE). La apertura del sistema de salud al sector privado introdujo la concurrencia y competencia de actores privados y públicos en la prestación del servicio, razón por la cual la misma ley estableció el régimen jurídico de derecho privado en la contratación de las empresas sociales del Estado (art. 195.6). ¿Podría deducirse de ello que el régimen jurídico del servicio de salud prestado por estas empresas es igualmente de derecho privado? En principio, la respuesta sería afirmativa.

Presentación - Derecho administrativo sanitario : Tomo II : seguridad en los alimentos y acceso a los medicamentos

Los alimentos y los medicamentos son bienes particulares para el derecho administrativo. Pese a sus características jurídicas básicas, que los hace apropiables por los sujetos de derecho, objeto de tráfico jurídico para su circulación y protección de sus titulares, como otros bienes jurídicos, los dos trascienden la esfera del individuo, la esfera privada, de tal suerte que vinculan intereses superiores, imponiendo la participación activa de las instancias públicas. El alimento es bien esencial para la vida humana y, como tal, ha de cumplir con ciertas condiciones que permitan la realización del derecho de todo individuo a una alimentación segura, nutritiva y suficiente, atributos calificados como esenciales de la dignidad humana por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Información, menciones obligatorias y etiquetado: mecanismos de protección del consumidor de productos alimentarios

Escribir sobre consumo de productos alimentarios en medio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus es un verdadero reto. En primer lugar, ya que el punto de partida de este trabajo es la consciencia y el reconocimiento de las circunstancias de emergencia y los riesgos para la salud que implica vivir hoy en día. El 20 de abril de 2021, nada más en Bogotá se registraron 429 muertes a causa de la pandemia. Para nadie es un secreto que en gran medida la buena o mala salud de la que pueda gozar el ser humano depende de los productos que consuma, pues precisamente, de los alimentos se extraen los nutrientes que mantienen el cuerpo vivo y sano y porque unos malos hábitos alimentarios pueden causar muchos padecimientos, entre estos la obesidad, entendida como la principal causa de las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, la sociedad actual, bañada de rapidez, agilidad e industria, ofrece productos cada vez más procesados que en últimas ponen en riesgo nuestra salud.

Libertad de expresión vs. debido proceso

La conciliación en el derecho administrativo colombiano

La actividad administrativa para garantizar la seguridad en los alimentos en Colombia y los condicionamientos internacionales: el acuerdo MSF y sus limitantes para las autoridades colombianas

El artículo aborda los compromisos adquiridos por el Estado colombiano a nivel internacional en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, en particular el Acuerdo MSF de la OMC, e intenta sistematizar el impacto que dichos condicionantes pueden tener sobre el ejercicio de competencias relacionadas con la seguridad en los alimentos en el nivel domestico.

La apuesta estatal por la colaboración de los particulares en la prestación del servicio de salud

Para defensores y detractores del actual sistema de salud, la participación de la empresa privada es el signo distintivo de la manera como el Estado organizó la prestación del servicio público de salud. Ello no debería sorprender al jurista administrativista, pues la prestación del servicio público de salud es fiel reflejo de los avatares del servicio público en el derecho colombiano, los cuales hemos expuesto, en términos generales, en ocasiones anteriores. En efecto, la primera versión colombiana del Estado social de derecho, que implicó la idea de Estado prestador u operador, fue reemplazada por una segunda versión, la del Estado garante, principalmente director, regulador y supervisor, donde la prestación de los servicios públicos, entendidos como actividad económica liberalizada y en ocasiones privatizada, tiende a ejercerse de forma residual o subsidiaria por entes públicos o, en todo caso, en condiciones de competencia entre prestadores privados, públicos y/o mixtos. Se abandona, pues, la separación estricta entre Estado y mercado y se entrelazan interés particular e interés general.

Derecho sanitario de la emergencia: prevención, precaución y reacción

Los eventos que recientemente han impactado a la humanidad en su conjunto desde el punto de vista de la salud, han dejado al descubierto que hasta los países más ricos y con mayor cantidad y mejores recursos disponibles no estaban preparados de la mejor manera para situaciones que, aunque esperables, y de hecho evitables, se consideraban erróneamente improbables desde la política y el derecho, disparando eventos de gran magnitud que se hacen difícilmente manejables y con gran potencialidad de salirse de control, y que demandan acciones inmediatas y certeras, es decir, emergencias. En consecuencia, la coyuntura obliga, más allá de revisar la normatividad vigente en materia sanitaria, lo que resulta esencial si es que hemos aprendido algo de lo que ha sucedido, a prepararnos realmente para la atención de emergencias, y ello demanda la estructuración de parámetros serios y reales que permitan afrontar con preparación estas situaciones que seguirán ocurriendo, sin ninguna duda, porque son parte inherente del entorno natural, pero principalmente porque son concomitantes al desarrollo y la tecnología, en el marco de lo que se conoce como la sociedad del riesgo.

Aproximación al régimen jurídico de los recursos hídricos en Venezuela. Especial referencia a su marco institucional y regímenes de control y sancionador

Se analiza la situación actual del régimen jurídico de los recursos hídricos en Venezuela y su marco institucional y legal de control y de sanciones.

Regulación de las aguas en Chile: esquema general, gestión y conflictos actuales

El presente trabajo de síntesis y actualización ofrece, primero, un esquema del régimen jurídico de las aguas en Chile, sintetizando su marco normativo vigente y su modelo regulatorio, de lo que resulta la naturaleza jurídica pública de las aguas y se da origen a los derechos de aprovechamiento privados sobre ellas. En segundo lugar, se revisan tres tópicos de su uso y conflictividad asociada: las bases de la administración y gestión de las aguas, el especialísimo régimen de las aguas subterráneas y, en fin, las temáticas generales de la conflictividad que se da en el sector. La regulación vigente de las aguas considera elementos legales y jurisprudenciales, en los que podemos identificar los rasgos definitorios de un Derecho de Aguas que mezcla potestades de la Administración centralizada del Estado, herramientas de mercado y autogobierno de las organizaciones de usuarios de aguas. De su regulación general fluyen las principales características de las aguas como públicas y los derechos de los privados para aprovecharlas (se revisan en la primera parte); a partir de lo cual la regulación enfrenta su gestión y actual conflictividad (que se revisa en la segunda parte).

Jurisdicción, competencia y dominio del agua en la República Argentina

En el presente artículo se aborda la temática del agua desde las diversas perspectivas que involucran a dicho bien jurídico en el sistema jurídico de la República Argentina procurando destacar aquellos asuntos de mayor relevancia tanto en la regulación constitucional como legal.

Relaciones peligrosas: corrupción y captura del regulador por grupos de intereses

La captura del regulador, antecedida de actos de corrupción, implica que se desvía del logro de equilibrios al interior de los dispositivos económicos y sociales en los cuales está llamado a intervenir. No solamente son corruptos los medios que se emplean para capturar al regulador, sino que, además, el producto regulatorio que luego adopta, al anteponer intereses específicos al interés general, constituye en sí mismo un acto de corrupción. Pero, ¿podemos aceptar la idea según la cual toda relación cercana entre el regulador y grupos de intereses es peligrosa? La participación de particulares en los procesos de decisiones públicas es un factor de legitimidad que insta al cumplimiento de la norma regulatoria. Más que aislar al regulador del sector regulado, se busca demostrar cómo, desde consideraciones orgánicas y de arquitectura de los reguladores, es posible potencializar los beneficios provenientes de la colaboración de los administrados sin aumentar el riesgo de captura.

La inclusión digital como herramienta para lograr la inclusión social y los objetivos de desarrollo sostenible

En respuesta a la brecha digital que se ha generado por la desigualdad ocasionada por factores socioeconómicos, educativos, de género, geográficos, entre otros, se ha hablado de la inclusión digital como una herramienta para facilitar el acceso, uso y apropiación de las tic. El presente escrito busca estudiar algunas de las causas de esa brecha en Colombia y la normativa actual en la materia, para analizar de qué manera se pueden disminuir esos factores y así llegar a un escenario de inclusión que permita a las poblaciones relegadas acceder a las tic, siendo este un mecanismo para alcanzar los ODS.

Las tecnologías disruptivas como herramienta y campo de acción de las administraciones públicas

A medida que los gobiernos implementan tecnologías disruptivas para facilitar la toma de decisiones y mejorar sus relaciones con los ciudadanos, también crecen los temores alrededor del uso de Inteligencia Artificial a través de algoritmos, machine-learning y analítica de Big Data, para regular y adjudicar derechos desde la Administración pública. Estas preocupaciones atañen desde la incapacidad del Estado para regular eficaz y oportunamente estos avances tecnológicos, hasta la opacidad y la dificultad de estas herramientas disruptivas para satisfacer las exigencias derivadas de los principios constitucionales y legales que rigen el ejercicio de la función administrativa. Esta investigación explora la implementación de tecnologías disruptivas en la Administración pública colombiana, los retos y límites que enfrenta, así como las alternativas que permitirían disminuir riesgos asociados a estas.

La planeación de los contratos públicos en diálogo de los sistemas : una comparación entre el derecho colombiano, el español y el alemán