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MAG. Derecho

El mito de la neutralidad: religión, arte y objetos en museos estatales

Uno de los presupuestos más cuestionados en el campo de la museología es la imaginaria pretensión de considerar a los museos como espacios neutrales, libres de presiones políticas o religiosas. Sin embargo, nada más lejano a la realidad que considerar a los museos como instituciones de absoluta autonomía por fuera de los circuitos de poder y legitimización estatal, o cuando menos, como escenarios absueltos de las batallas de confrontación política e ideológica. Los museos estatales, no solo por su filiación institucional, sino por los objetos que resguardan, representan una carga semántica y simbólica ligada a la tradición pero también a la concepción dominante en variados ámbitos sociales. Adicionalmente, el arte moderno y contemporáneo en particular, tiene su pilote en la autonomía e independencia de su lenguaje, que en contadas ocasiones juega de forma metafórica con dicho contenido simbólico de los objetos y espacios museales, apuntando justamente al ámbito político del museo y sus piezas. A la luz de lo anterior, este trabajo explora las sutiles transferencias de sentido entre los objetos de carácter religioso y sagrado en los museos vinculados al Estado y el carácter polisémico de los espacios y las colecciones. Con ello se pretende discutir sobre la pertinencia o no de la participación del Estado en la exhibición y promoción de un variado tipo de objetos y piezas, en su múltiple dimensión semiótica, dentro de los museos estatales.

¿Una nueva excepción de incumplimiento?

En este ensayo describo, en primer lugar, un fenómeno que, en Italia, ha conmovido la excepción de incumplimiento y que, a mi juicio, ha definido los desarrollos más recientes (§§ 1-2); posteriormente trato de abordar una perspectiva nueva que nace del uso de la excepción de incumplimiento en los contratos asimétricos y que ha tenido, precisamente en Colombia, una experiencia interesante, en grado de constituir un laboratorio muy útil para prever futuros desarrollos análogos también en Italia (§§ 4-5); con un interludio sobre la reciente regulación de la excepción de incumplimiento en el derecho privado francés, y sobre las novedades que, a propósito de excepción de incumplimiento, plantea esa nueva regulación (§ 3).

Incumplimiento recíproco y remedios contractuales: dentro y fuera del proceso

Los códigos civiles vigentes, en diversas partes del mundo, disciplinan los remedios sinalagmáticos asumiendo que la relación contractual ha sido alterada por el incumplimiento de solo una de las partes. El código civil italiano prevé que cuando, en un contrato bilateral, uno de los contratantes “no cumple sus obligaciones, el otro puede a su elección pedir el cumplimiento o la resolución del contrato, salvo, en todo caso, el resarcimiento del daño” (art. 1453, inciso 1.°); el código civil colombiano dispone que “en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado”, “podrá el otro… pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios” (art. 1546 ); mientras en el code civil francés recientemente modificado se encuentra una disposición que identifica los remedios que pueden ser ejercidos por la parte “respecto de la cual el contrato no ha sido cumplido, o lo ha sido imperfectamente” (art. 1217).

Indemnización de perjuicios contractuales: nuevos daños, nuevas formas de reparación

Mucho ha cambiado en materia de indemnización de perjuicios contractuales desde la promulgación del Código Civil en el siglo XIX. Para la época, se entendió que, debido a que el contrato tutelaba únicamente derechos de carácter relativo (de crédito o patrimoniales), las consecuencias derivadas de su incumplimiento debían tener necesariamente esa misma naturaleza, es decir, naturaleza patrimonial o económica. Otro tipo de consecuencias, como las extrapatrimoniales, solo podían ser atendidas por la responsabilidad aquiliana, en la medida en que ellas eran consideradas imprevisibles en el mundo contractual; por lo que eran tenidas como normalmente no indemnizables. Pues bien, a la fecha, ya no es cierto ni lo uno ni lo otro.

El cumplimiento de la obligación

Una reflexión sobre el cumplimiento requiere una aclaración dogmática de carácter preliminar: en los discursos de los juristas y en el lenguaje legislativo, el término “cumplimiento” es usado para denotar tanto la exacta y correcta ejecución del contrato como el exacto y correcto cumplimiento de la obligación . Baste pensar, en el derecho italiano, en el decisivo art. 1453 del c.c. it., relativo a la violación de los contratos sinalagmáticos, en donde, precisamente, el legislador emplea el verbo “cumplir” para indicar la ejecución de la relación contractual. Como es bien sabido, a pesar de la elección legislativa basada en la tradición francesa, entre ejecución del contrato y cumplimiento de la obligación no hay correspondencia biunívoca.

La terminación unilateral del contrato por incumplimiento en derecho colombiano

El derecho colombiano, siguiendo el modelo del Código Civil francés de 1804, reconoce la resolución judicial por incumplimiento, consagrada en el artículo 1546 del Código Civil y el 870 del Código de Comercio, como el mecanismo de tutela más drástico con el que cuenta el acreedor y cuya principal característica es que es forzoso el recurso al juez para poner fin al contrato. Este aspecto, que es definitivo para comprender la lógica del sistema remedial que aún conserva el derecho colombiano, encuentra sus orígenes en la influencia que los redactores del Code recibieron del derecho canónico. En efecto, al construir la resolución, los canonistas la concibieron como un castigo. Al poner el acento en el vínculo que sirve a unir las obligaciones de cada parte, extrajeron la siguiente regla: aquel que no respeta su promesa, pierde el derecho de exigir la ejecución de la cual es acreedor. No respetar la palabra dada era un pecado porque estaba visto como una mentira. Esta concepción moralista fue la que justificó que el único que pudiese declarar la resolución del contrato fuese el juez y que, por lo mismo, empezase a rechazarse de manera categórica y casi que absoluta cualquier forma de justicia privada. Frente al riesgo de que un acreedor diese por terminado arbitrariamente un contrato, dejando en completo desamparo al deudor, el ordenamiento instituyó al juez como garante no solo de sus intereses, sino también de los del contrato, reforzando de esta manera la protección de su fuerza obligatoria.

El derecho a la subsanación del incumplimiento como mecanismo que contribuye al equilibrio de la posición del deudor y del acreedor: análisis a partir de algunos modelos del derecho comparado

El acreedor tiene derecho a que se le cumpla debidamente, es decir, a que exista una correspondencia de la prestación ejecutada con la prestación prevista según las condiciones expresas, o implícitas que se derivan del contrato. Por lo tanto, toda desviación de las obligaciones derivadas del programa contractual considerado en su globalidad constituye incumplimiento. Ese incumplimiento puede derivar de diferentes situaciones: bien porque “el deudor no ha realizado ningún acto dirigido a poner en práctica la prestación comprometida”, bien porque “ha realizado actos dirigidos a cumplir, pero esa prestación no coincide o no se ajusta a la prevista al constituirse la obligación”, es decir, realiza la prestación, pero de forma defectuosa (defecto de tiempo, calidad o cantidad).

Ejecución in natura de la obligación contractual incumplida

Incumplido el contrato, se ingresa al plano de la responsabilidad contractual que se estructura por la presencia de los elementos que la definen, el daño consistente en la lesión del derecho de crédito del contratante cumplido, que proviene del incumplimiento del deudor incumplido. El tema objeto de este análisis comprende el estudio del interés del acreedor que pretende que el deudor ejecute la obligación en su sentido originario o in natura, pretensión principal que se integra con la petición de indemnización de los perjuicios derivados de la mora. Desde el punto de vista del derecho sustancial, el código civil y el de comercio regulan esta forma de satisfacción del derecho de crédito del contratante acreedor, en disposiciones generales que atienden las consecuencias del incumplimiento del contrato. De igual manera, lo hacen en disposiciones especiales definidas en consideración a la naturaleza del contenido de la prestación debida, que puede ser de dar, hacer o no hacer, como también en atención a determinadas tipologías contractuales.

Las restituciones consecutivas a la ineficacia del contrato en el derecho colombiano

El régimen de las restituciones tiene una relevancia práctica marcada en la medida en que permite determinar los rubros y los montos de las condenas en contenciosos contractuales de diversa naturaleza. Se trata de una materia compleja, con importantes puntos de incertidumbre y de debate en nuestro ordenamiento jurídico. Dicha complejidad deriva en parte del hecho de que la eliminación del contrato del mundo jurídico y material implica tener en cuenta diversos factores, tales como el motivo que ocasionó su desaparición, la naturaleza de las prestaciones ejecutadas, las eventuales interferencias con la responsabilidad que pueda ser atribuida a uno o ambos contratantes, así como el tiempo transcurrido entre la ejecución de las prestaciones y el anonadamiento del contrato. Pese a ello, este tema ha merecido poca atención de la doctrina nacional.

La resolución por incumplimiento contractual en la llamada “condición resolutoria tácita” y su carácter irrenunciable

La resolución como aquella eliminación, disolución o extinción del vínculo contractual es un mecanismo que cubre una pluralidad de supuestos de hecho. En efecto, la resolución puede tener como origen la voluntad de las partes, como sucede con el mutuo disenso, pues la fuerza de la voluntad recíproca de los contratantes tiene la capacidad de extinguir las relaciones creadas precedentemente por ellas. De igual manera, la resolución del contrato puede presentarse debido a que se ha predispuesto por las partes alterar el gobierno habitual del negocio mediante la inserción al reglamento contractual de una condición resolutoria, la cual extingue la relación negocial si acaece un hecho incierto luego de la celebración del contrato. También, la resolución puede ocurrir cuando la voluntad de uno de los contratantes termina el contrato, en pleno ejercicio de una facultad unilateral otorgada convencionalmente.

El incumplimiento del contrato: la imputabilidad y la gravedad a la luz de la economía de la relación

El tema del presente capítulo se refiere a tres problemas principales que tocan el corazón de la teoría general de la obligación y del contrato, desde la perspectiva específica de la responsabilidad contractual, teniendo en cuenta la comprobación banal de que la hipótesis primaria de incumplimiento de la obligación es precisamente el incumplimiento de una obligación que nace del vínculo contractual: por lo tanto, sería ilusorio querer razonar sobre la relación obligatoria sin tener en cuenta la relación contractual.

Presentación - Incumplimiento y sistema de remedios contractuales

Es para nosotros un agrado presentar al público esta obra, vigorosa y ambiciosa, resultado de un proyecto de investigación conjunto, adelantado por profesores italianos y colombianos, los cuales, en un encuentro académico en abril del 2019 en la Universidad Externado de Colombia, se centraron en analizar el tema del incumplimiento y el sistema de remedios contractuales, y también recogieron sus intervenciones, las ajustaron y las enriquecieron para convertirlas en estupendos capítulos de libro, los cuales fueron organizados para componer la presente obra bajo nuestra dirección. Además, fueron invitados otros colegas para enriquecer el contenido de la obra y fortalecer los objetivos nobles con los que inició el proyecto.

La integración del contrato como presupuesto de la determinación del incumplimiento

Disertar propiamente sobre el tema del incumplimiento de las obligaciones contractuales es poco común, pues recurrentemente se tiene prisa por pasar al escenario de los llamados “remedios” o tutelas ante el incumplimiento de dichas obligaciones. Ello ha encontrado eco en una exacerbada tendencia de fomentar la tutela del crédito, que no encuentra correspondencia con una concepción humanista de la obligatio como la que propone la tradición romanista, en la que la tutela paritaria de acreedor y deudor resulta imperativa. De otra parte, tampoco resulta viable valorar el incumplimiento de las obligaciones contractuales limitándonos a la estrecha consideración formal de la constatación de las condiciones externas del cumplimiento, ligada a los sujetos, al objeto, al tiempo, al lugar, a la imputación del cumplimiento, o en simple clave de responsabilidad del deudor desde la exclusiva perspectiva de erigirse el cumplimiento en medio de extinción de la obligación, sino que es preciso acudir a una consideración sustancial del cumplimiento ligada al logro de la función del negocio; consideración esta en la que la integración del contenido del contrato adquiere relevancia fundamental, en la medida en que a través del valor normativo de la buena fe se dimensiona el contenido funcional de las obligaciones de las partes.

Blockchain como una alternativa para llevar energía eléctrica a las zonas no interconectadas

La conectividad a internet reduce brechas sociales y el acceso a avances tecnológicos como Big Data, Inteligencia Artificial, blockchain, entre otros, permite que como país se aproveche la Cuarta Revolución Industrial (4RI). Sin embargo, gran parte de Colombia carece de energía eléctrica en condiciones adecuadas, en especial en zonas no interconectadas (zni). Es urgente solucionar tal situación. Es conveniente promover soluciones innovadoras que puedan ofrecer agentes no centralizados, como los prosumidores, empoderados por tecnología, como blockchain, que permiten comercializar excedentes de energía autogenerada. Este artículo estudia si la regulación actual del sector energético impulsa o no eventuales soluciones innovadoras basadas en tecnología de la 4RI para las zni.

Una adversidad de la disrupción tecnológica: la obsolescencia programada Regulación, reivindicación jurídica y propuesta de cambio del enfoque de negocio

La obsolescencia programada configura una conducta empresarial ampliamente advertible en los mercados, que ha adquirido relevancia regulatoria y litigiosa en el marco internacional, en virtud de las múltiples pesquisas de naturaleza pública y privada que han sido emprendidas para contener algunos de sus efectos. Así, el presente documento analiza los precedentes de la estrategia empresarial en cuestión, y expone las respuestas normativas y en sede de litigio que ha provocado en el ámbito disruptivo y tecnológico actual. Del mismo modo, emplea las sugerencias técnicas respecto de la economía circular, la responsabilidad social corporativa y el cambio de enfoque de negocio en un ecosistema finito, con el fin de proponer vías de respuesta eficaces a la obsolescencia programada, principalmente tecnológica, que actualmente impacta a los operadores.

Las plataformas digitales de petición y su contribución a la eficiencia de la Administración pública y a la protección ambiental

De la misma manera que las redes sociales, en la sociedad contemporánea las plataformas digitales de petición, también llamadas plataformas de activismo, forman parte de la cotidianidad. Plataformas ampliamente extendidas como change.org o avaaz se han convertido en verdaderos medios de petición masivos y generalizados, y en instrumentos de activismo social y visibilización de problemas del más diverso tipo, entre ellos ambientales, en todo el mundo. En este contexto surgen de plano algunas preguntas: ¿Existe regulación al respecto? ¿Es necesaria tal regulación? ¿Cómo se controla la autenticidad de las firmas de los participantes? ¿Cómo se evalúa la legitimación? ¿Contribuyen efectivamente a la democracia a efectos de acortar la distancia entre la Administración y el ciudadano? Los obstáculos y dificultades que afronta la ciudadanía para participar en la toma de decisiones que le interesan e incumben y para transmitir sus inquietudes y preocupaciones; la asimétrica relación de la Administración con los administrados o usuarios; la ausencia de canales efectivos que garanticen no solo una participación, sino unas respuestas reales han fomentado la proliferación de las citadas plataformas. En Colombia la cuestión no es ajena. Dichos instrumentos de petición virtual cursan actualmente ante la Administración 29 peticiones ambientales con 154.551 firmantes, entre las más conocidas están la de Caño Cristales y la de la Reserva Thomas van der Hammen. El objetivo de nuestra contribución es acercarse a las preguntas planteadas. Concretamente, se pretende evaluar qué impacto real han tenido estas plataformas en las decisiones de la Administración, en qué medida han incidido en la protección ambiental y qué reflejo tiene este fenómeno en el Derecho colombiano.

Relaciones peligrosas: corrupción y captura del regulador por grupos de intereses

La captura del regulador, antecedida de actos de corrupción, implica que se desvía del logro de equilibrios al interior de los dispositivos económicos y sociales en los cuales está llamado a intervenir. No solamente son corruptos los medios que se emplean para capturar al regulador, sino que, además, el producto regulatorio que luego adopta, al anteponer intereses específicos al interés general, constituye en sí mismo un acto de corrupción. Pero, ¿podemos aceptar la idea según la cual toda relación cercana entre el regulador y grupos de intereses es peligrosa? La participación de particulares en los procesos de decisiones públicas es un factor de legitimidad que insta al cumplimiento de la norma regulatoria. Más que aislar al regulador del sector regulado, se busca demostrar cómo, desde consideraciones orgánicas y de arquitectura de los reguladores, es posible potencializar los beneficios provenientes de la colaboración de los administrados sin aumentar el riesgo de captura.

Introducción - Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad. Tomo I, ¿Cuarta revolución industrial? : contribuciones tecnosociales para la transformación social

Este estudio contribuye a la comprensión de aquello denominado la cuarta revolución industrial (4ri) y al análisis desde el campo de las ciencias sociales y las humanidades de las tensiones generadas por las transformaciones tecnocientíficas que este fenómeno genera en la sociedad. Esta introducción al tomo i de la Colección es el resultado de dos ejercicios complementarios. El primero presenta un análisis desde la esfera tecnocientífica de la 4ri a partir de un ejercicio de revisión exploratoria de literatura. El segundo revela diecinueve trabajos de investigación y reflexión adelantados por investigadores de la Universidad Externado de Colombia, en el marco de la colección Así Habla el Externado, y que se desarrollaron en torno a la siguiente pregunta orientadora: ¿Cómo las nuevas tecnologías están transformado su sector o disciplina? Los ejercicios anteriores brindan una aproximación a la definición, características, posibles efectos, riesgos y retos derivados de la 4ri, así como a la identificación de seis temáticas que de manera ilustrativa dan cuenta de algunas de las tensiones inmersas en la esfera tecnosocial. Además, permiten avanzar en la construcción de una agenda de investigación.

Régimen de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas: aproximación desde el derecho colombiano

Los desarrollos de la tecnología Blockchain y su interrelación con los denominados contratos inteligentes han sido empleados en diversos sectores, lo que trajo consigo un nuevo modelo organizacional en el cual los socios establecen una estructura descentralizada. No hay un lugar particular de incorporación, las actividades de administración se ejecutan a través de contratos inteligentes y la estructura de toma de decisiones se da a partir de un acuerdo entre los participantes conforme a su aportación. Estos esquemas asociativos son conocidos como Organizaciones Autónomas Descentralizadas y su primera aplicación se realizó en la plataforma Ethereum, con el proyecto denominado “The dao”. Proyecto que fue jaqueado, y el modelo se reconfiguró para adoptar medidas de seguridad, así como para expandirse a otros escenarios asociativos. En este artículo se presenta el modelo organizacional a partir del caso del proyecto dao, y se analiza la aplicación del régimen societario colombiano.

Sistemas operados mediante Inteligencia Artificial (IA) y debido proceso penal. Perspectivas de aplicación en Colombia

En la actualidad la inteligencia artificial tiene un rol crucial en muchos sectores de la sociedad y la administración de justicia no es la excepción. La aplicación de sistemas operados mediante estas tecnologías en diferentes etapas del procedimiento, en beneficio de algunos de los intervinientes o en relación con ciertos sectores de la judicatura, es una realidad. Colombia no escapa al fenómeno, pues incluso en materia penal, a pesar de lo estricto de las reglas procedimentales, se han implementado prototipos de esta clase de herramientas. Este artículo expone algunos de los desafíos que representa su incorporación en el procedimiento penal nacional, especialmente frente a las garantías del debido proceso definidas por el derecho interno e internacional.