El manejo de la prueba en el procedimiento administrativo sancionatorio por contravenciones de tránsito : la situación de los comparendos electrónicos y la prueba de alcoholemia
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Resumen en español
La investigación aborda el estudio del derecho administrativo sancionatorio desde su perspectiva estrictamente procesal y probatoria, enfocándose en determinar si a partir del diseño vigente de esta clase de procedimiento, se aplican los postulados axiológicos del debido proceso en materia de trámites contravencionales por infracciones de tránsito; lo anterior, como quiera que en esta clase de actuaciones, la Administración asume una doble función, la de juez y parte, lo cual podría, eventualmente, poner en tela de juicio las decisiones que se tomen si no se tiene claridad acerca del estándar probatorio imperante, máxime cuando el fundamento de la decisión es la prueba técnica, la cual, muchas veces, difícilmente puede ser rebatida por el presunto infractor. De ahí que la investigación justifique la existencia de un derecho administrativo sancionatorio como legitima manifestación del ius puniendi del Estado, pero con unos límites probatorios que permitan hablar de un proceso delineado por fundamentos estrictamente constitucionales.
Resumen en inglés
The investigation addresses the study of the administrative sanction law from its strictly procedural and probative perspective, focusing on determining whether from the current design of this kind of procedure, the axiological postulates of due process are applied in matters of contravention procedures for traffic violations; The foregoing, since in this type of action, the Administration assumes a double function, that of judge and party, which could, eventually, call into question the decisions taken if there is no clarity about the standard of evidence prevailing, especially when the basis of the decision is the technical test, which, many times, can hardly be refuted by the alleged offender. Hence, the investigation justifies the existence of a sanctioning administrative right as a legitimate manifestation of the State's jus puniendi, but with evidentiary limits that allow talking about a process delineated by strictly constitutional foundations.