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GFACA. Trabajos de Grado - Maestría en Derecho Constitucional

Democracia participativa : ineficacia del mecanismo de iniciativa popular legislativa y normativa

La Constitución de 1991, creo una nueva forma de Estado, partir de la cual se introdujeron nuevos mecanismos de iniciativa y participación ciudadana diferentes a la elección de sus representantes mediante voto popular, constituyendo por lo tanto esta novedad, el denominado Constitucionalismo Transformador, definido como una forma efectiva de promoción de cambios sociales en países con altos índices de desigualdad y fragmentación, a través de una reforma constitucional, o a través de la expedición de una nueva Constitución. En el caso particular de nuestro país, la Asamblea Nacional Constituyente creó y aprobó la Constitución de 1991, por lo que valdría la pena determinar, si tratándose de mecanismos de participación de iniciativa ciudadana, más exactamente en lo que tiene que ver con la Iniciativa Popular Legislativa y Normativa, se ha logrado respecto a esta, su eficacia en términos de transformación y cambio, que mitiguen o solventen los serios problemas sociales y políticos, que aquejan a la sociedad colombiana desde los albores de la república.

Las visiones de seguridad presentes en la comprensión del conflicto armado colombiano e implícitas en el informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas

En el marco de los acuerdos de Paz de La Habana, realizados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-Ep, se propuso una nueva comisión histórica para entender el conflicto armado. Las partes establecieron que el producto de la comisión, es decir el informe, será un insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto, las responsabilidades y para el esclarecimiento de la verdad como elemento básico para la comisión de La Verdad. El informe de la Comisión Histórica Del Conflicto y Sus Víctimas (CHCV) se posiciona como antesala de rigor histórica para el trabajo que desarrollara 111 comisión de la verdad y las implicaciones que ello tendrá para la reconciliación. En medio de este contexto, este trabajo busca realizar una interpretación sobre las visiones de seguridad presentes en los doce ensayos que componen el !,!forme de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Tal interpretación tiene por objeto clasificar los informes de acuerdo al paradigma de seguridad que implícitamente asumen los autores en lo referente al conflicto armado colombiano, en este caso. se estudiará el planteamiento de los autores en lo referente a los paradigmas clásicos y antropocéntricos o de seguridad humana.

Pandemia: una mirada crítica desde la justicia, la igualdad y la responsabilidad del estado

El trabajo refleja un inequívoco propósito de cuestionar desde el punto de vista de la realidad socio jurídica, el entramado de las relaciones de poder asimétricas y las implicaciones que los actos de autoridad revierten en el colectivo social, poniendo de presente que en un estado constitucional, que se rotula como social y democrático de derecho, son inadmisibles e intolerables las condiciones desventajosas en que se ha situado a la mayor parte de la humanidad, en razón a las acciones u omisiones de un estado cuya responsabilidad se agrava, en la medida en que no da cuenta fidedigna de su misión constitucional, y por el contrario, defrauda en grado sumo las expectativas que frente a la satisfacción de las necesidades colectivas se han depositado en él. En ese contexto, el presente trabajo aborda la problemática generada por la pandemia, desde un enfoque que prioriza la justicia, la igualdad y la responsabilidad del Estado en relación con los daños y perjuicios irrogados, y al deber de solidaridad y reparación que asiste en un estado social, comprometido con la plena vigencia y garantía de los derechos y la dignidad humana.

La sentencia SU-230 de 2015 y el régimen de transición pensional para empleados oficiales previsto en la Ley 100 de 1993: fundamentos de un cambio jurisprudencial promovido por la Corte Constitucional

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció el régimen de transición pensional, consistente en mantener la edad, el tiempo de servicio y el monto del régimen al que se estaba afiliado antes para acceder a la pensión de vejez, dadas sus condiciones más favorables. Frente a las reclamaciones de este derecho, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional consideraron que así sería, siempre y cuando se cumplieran los requisitos exigidos por la norma. Sin embargo, en el año 2015, la Corte expide la Sentencia SU-230, cambiando su postura y perjudicando a gran parte de los beneficiarios, quienes recibieron una pensión menor a la de su expectativa legítima. Se resuelve acá el problema jurídico en torno a si el cambio de jurisprudencia estuvo debidamente fundamentado, de acuerdo con los parámetros dispuestos por la misma Corte Constitucional para realizar modificaciones de esa naturaleza. Hacia el fin, se acude a la línea jurisprudencial, revisando casos en los cuales los dos Tribunales resuelven demandas de reliquidación de pensión de empleados oficiales con base en el régimen de transición de la Ley 100 y se aborda el examen de la sentencia de unificación, aún vigente, especialmente desde la figura del precedente.

Controversias en la relación inversionistas y derechos humanos en Latinoamérica: el principio de proporcionalidad como una solución desde el derecho internacional de inversiones

Las transformaciones económicas, sociales y políticas generadas por la globalización han impactado las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. En esta dinámica, los Estados se han visto obligados a adoptar una serie de estándares internacionales dentro de sus ordenamientos, que entrañan intereses que potencialmente podrían entrar en colisión. Tales cambios suponen un reto para los operadores jurídicos, avocados a dirimir los conflictos en un mundo de pluralismo jurídico y de estándares internacionales contradictorios. En este escenario, coexisten dos especialidades del derecho internacional que demandan conductas, en muchas ocasiones, contradictorias: por una parte, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es la protección y garantía de los derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y, por otra, el Derecho Internacional de Inversiones, que pretende la defensa de la inversión extranjera. Esta tesis tiene por propósito evidenciar la tensión que subyace a las relaciones entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional de Inversiones y la falta de coordinación que en la práctica existe entre ellos; así mismo, pretende advertir que esa tensión, aunque parece ser el producto de intereses irreconciliables, tiene una solución: el principio de proporcionalidad.

Reconocimiento y protección constitucional de la garantía de la persona en condición de discapacidad cognitiva a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos en condiciones de igualdad: un estudio jurisprudencial sobre el caso de la esterilización quirúrgica

La adopción del modelo social de discapacidad ha marcado un cambio de paradigma en la forma de protección de los derechos de las personas en condición de discapacidad, quienes históricamente han padecido la marginación, estigmatización y la negación de su autonomía para decidir sobre su proyecto de vida, en especial, sobre sus derechos sexuales y reproductivos. El modelo social propende por la reivindicación de la dignidad humana y la diversidad como característica intrínseca de la condición humana dirigida hacia el reconocimiento de la capacidad y autonomía para el ejercicio de los derechos fundamentales bajo los principios de accesibilidad y no discriminación. Este texto tiene como propósito analizar desde la perspectiva del modelo social de discapacidad, el desarrollo teórico, normativo y jurisprudencial sobre el reconocimiento y protección de la garantía de las personas en condición de discapacidad cognitiva para decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos en casos de la esterilización quirúrgica, en un contexto e igualdad y autonomía, con el fin de visibilizar la evolución paulatina en la adopción de los conceptos de accesibilidad universal y ajustes razonables que permiten la eliminación de las barreras para el reconocimiento de la autonomía y capacidad jurídica para la toma de decisiones.

Partería urbana en Bogotá y derechos reproductivos de las mujeres: aportes del patrimonio cultural inmaterial de los saberes asociados a la partería Afro del Pacífico

La partería urbana es una alternativa al parto clínico para aquellas mujeres que desean parir a sus hijos en casa y adicionalmente, es una herramienta para contrarrestar la violencia obstétrica. De ahí que este texto presente en primer lugar una descripción teórica de los derechos reproductivos de las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos y un acercamiento conceptual a la atención humanizada del parto. Luego como resultado de un trabajo de campo se exponen prácticas, usos y herramientas presentes en la partería urbana, así como sus elementos en común con el Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a la Partería Afro-pacífica de Colombia.

La objeción presidencial al proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia en la jurisdicción especial para la paz – JEP.

El trabajo de investigación consiste en el estudio de las objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, comprendido en dos partes: la primera desarrolla lo concerniente al marco teórico general de las objeciones que por razones de inconstitucionalidad o por motivos de inconveniencia puede formular el Presidente de la República, conjuntamente con el ministro del sector administrativo respectivo, sobre proyectos de ley, haciendo énfasis en las objeciones como manifestación de control del Ejecutivo sobre el Legislador, desde la perspectiva del Principio de separación de poderes dentro del Estado Constitucional y teniendo en cuenta la evolución que esta figura registra en el constitucionalismo colombiano, hasta llegar a su regulación actual con base en la Constitución Política de 1991. La segunda parte aborda el estudio específico de las objeciones presentadas por el Presidente de la República al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, a partir de considerar, entre otros aspectos, la decisión del control de constitucionalidad previo, automático y único, realizado sobre el proyecto (Sentencia C-080 de 2018), el contenido y alcances de las objeciones, el trámite dado a las mismas y la posterior actuación de la Corte Constitucional.

La efectividad de la reparación colectiva como mecanismo de justicia transicional en el restablecimiento de los derechos del sujeto de reparación "El Tigre" desde el año 2013 hasta el año 2020

La comunidad de El Tigre, en el Valle del Guamuez, Departamento de Putumayo, fue piloto en el proceso de reparación colectiva en Colombia, dicho proceso se inició en el año 2008, ello bajo la vigencia de la Ley 975 del 2005, empero, con posterioridad aparece la Ley 1448 de 2011, y su Decreto Reglamentario 4800 del mismo año, que trae algunos aspectos novedosos entorno a la reparación colectiva, ello, producto del aprendizaje de las pruebas piloto realizadas, dejando a ésta comunidad al margen de los nuevos enfoques de reparación, lo que contraría el espíritu de recomposición de su estructura social. El presente texto se propone evidenciar la contradicción inmersa en el proceso de reparación del sujeto colectivo El Tigre, quien a la luz de la normatividad vigente no puede ser “doblemente reparado”, advirtiendo que en su reparación inicial hubo vacíos que la experiencia debió cubrir y que la marginan de manera injusta.

El estatuto de la oposición política y su aplicación en las dos primeras legislaturas del cuatrenio 2018-2022 en el congreso de la República de Colombia

El texto analiza la figura del Estatuto de la Oposición Política partiendo de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que llevaron a su consagración en el artículo 112 de la Constitución Política. Revisa los antecedentes, reformas constitucionales y el trámite que surtió para convertirse en Ley de la República. Contiene las generalidades de la Ley Nº 1909 de 2018, la reglamentación expedida por el Consejo Nacional Electoral y presenta un balance de su implementación en las dos primeras legislaturas del cuatrienio 2018-2022 en el Congreso de la República de Colombia. Se plantea que en este periodo las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno Nacional en el Congreso de la República han tenido una mayor visibilidad en su labor legislativa y de control político, ya que a partir del 20 de julio de 2018 cuentan con una herramienta formal para la garantía de sus derechos. Sin embargo, todavía están lejos de una garantía plena y efectiva frente a los partidos de gobierno e independientes, por lo cual se requiere una serie de reformas que permitan materializar el derecho fundamental a la oposición política y de esta manera consolidar el tan anhelado pluralismo político.

Ámbito territorial y temporal de las medidas provisionales ordenadas por la corte IDH a Colombia

Colombia tiene una robusta historia litigiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la puesta en marcha de este tribunal, tanto así que el Estado ha sido juzgado en al menos 24 casos contenciosos y en esa medida no es extraño encontrar investigaciones y estudios que analicen de manera transversal o específica algún elemento de dicha historia como sería el caso de las medidas provisionales para la protección de los derechos humanos que ha sido uno de los contextos menos estudiados pese a que en ocasiones, resulta una herramienta más rápida, más ágil y preventiva que los casos contenciosos y las sentencias de la Corte IDH. Entre los años de 1994 y 2019, la Corte IDH conoció un total de 18 peticiones de adopción de medidas provisionales y profirió un total de 109 resoluciones respecto de Colombia; una cifra particularmente alta si se tiene que en promedio el juez interamericano tuvo que resolver al menos 6 solicitudes al año en el mismo periodo de tiempo para proteger de manera urgente, los derechos humanos en los países que hacen parte del sistema interamericano. De allí que surja un interés particular por entender un poco mejor la dinámica de las medidas provisionales y lo que ellas nos permiten descubrir sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

Análisis del literal A del parágrafo 1 del artículo 67 de la Ley 160 de 1994 a la luz del derecho de las víctimas a la restitución de tierras

El texto propone analizar el parágrafo 1 del artículo 67 de la ley 160 de 1994 a la luz del derecho de las víctimas a la restitución de tierras. Esta norma establece una de las causales de inadjudicabilidad de los baldíos, y consiste en la prohibición de adjudicar baldíos que se encuentran dentro de un radio de 2.500 metros alrededor de zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables. Se determinará como la existencia de está norma y el conocimiento tardío de los operadores judiciales dificulta de alguna manera el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la restitución de tierras. Es por eso que se analizará las complejidades del derecho de la restitución de las víctimas del conflicto y el choque de este derecho con las razones que hicieron surgir la norma prevista en la ley 160 de 1994. Lo anterior para demostrar la constante desvalorización del campesino frente al problema estructural de la tierra en Colombia y verificar si se garantiza de manera efectiva el derecho a la reparación integral en el marco de la justicia transicional.

Evolución del derecho a la educación de los pueblos indígenas : hacia la consolidación del sistema educativo indígena propio

El presente trabajo expone la manera como se ha concebido el derecho a la educación de los pueblos indígenas a partir de lograda nuestra independencia. En ese sentido, podrá observarse cómo con el surgimiento del nuevo estado y por más de un siglo, la educación buscó homogenizar a estos pueblos y someterlos a unos nuevos patrones de conducta y a los valores que definía la iglesia. En la segunda parte se explica cómo se concibe el derecho a la educación para los pueblos indígenas a partir del marco constitucional vigente desde 1991 y cuáles son las estrategias definidas por el estado para asegurar la efectividad de esta garantía. No obstante, ello se contrasta con la información encontrada que permite evidenciar los bajos índices de accesibilidad, disponibilidad, calidad y pertinencia que tiene la educación para las referidas comunidades. En la última parte se presentan las principales características del Sistema Educativo Indígena Propio, que se concibe como la evolución a la garantía de la educación de los pueblos, porque propone soluciones a las falencias que históricamente ha evidenciado el sistema educativo convencional. Por último, se describen los asuntos más controversiales que han dilatado la implementación del sistema por parte del Estado colombiano.

Candidaturas independientes : ¿una verdadera apertura para la profundización de la democracia?

Este trabajo presenta un análisis de lo que ha significado para la Democracia Representativa la apertura consistente en que sujetos diferentes de los partidos, puedan postular candidatos en igualdad de condiciones a estos. Para ello, se hará un paneo en el plano internacional, pasando por el caso Mexicano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos casos como lo fueron YATAMA vs NICARAGUA y CASTAÑEDA GUTMAN Vs MEXICO, y luego, en el Caso Colombiano. Se definirán conceptos como el de Democracia, candidaturas, su forma e importancia y partidos políticos, para luego poner un especial énfasis en las LLAMADAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. Se estudiará esa “independencia”, para avanzar a una clasificación más precisa del concepto de candidatura. Se analizará el tratamiento disímil que frente a los partidos, se ha dado a los demás SUJETOS LEGITIMADOS PARA POSTULAR CANDIDATURAS. Se apreciará la evolución de la utilización de las CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, evidenciando su gran crecimiento, lo que nos llevará a establecer unas conclusiones en torno de si la apertura democrática, para que sujetos diferentes a los partidos políticos puedan avalar candidatos, ha llevado a su profundización o si por el contrario, la ha afectado sensiblemente.

La reparación de las víctimas de despojo de tierras a través de la acción especial de restitución : análisis sobre su implementación. El caso del municipio El Carmen de Bolívar

El trabajo pretende analizar cómo ha sido la reparación de las víctimas de despojo de tierras del municipio El Carmen de Bolívar a través de la acción especial de restitución. Para ello se concentra en estudiar el lapso entre los años 2012-2018, empleando las sentencias dictadas por los jueces y salas especializadas en restitución de tierras, así como la percepción de víctimas que han sido reparadas, de funcionarios, líderes campesinos y demás actores privilegiados. Se estudiaron 206 sentencias y se realizaron entrevistas semiestructuradas (14), que junto a la observación en campo, permitieron identificar las dificultades que han afrontado las víctimas luego de la sentencia. Se percibe que en las decisiones judiciales se da prioridad a la entrega del predio reclamado como forma de reparación. Así mismo, medidas complementarias como la entrega de subsidios de vivienda y proyectos productivos resultan importantes para el retorno de las víctimas. Sin embargo, problemas como la no atención oportuna a segundos ocupantes, la no entrega de alojo temporal a los opositores, la falta de arraigo o vocación campesina, las afectaciones al tejido social; la falta de agua potable, vías y servicios públicos; dificultan el cumplimiento de las sentencias.

La doble instancia en los procesos penales contra aforados, ¿un asunto de convencionalidad o de constitucionalidad?

La aplicación del control de convencionalidad, tal como ha sido planteado, ha encontrado algunos obstáculos en los Estados. Por ejemplo, en Colombia es objeto de un trato ambiguo, siempre usando como justificación el ordenamiento jurídico interno. Pese a que en el país su relevancia siempre ha sido ampliamente reconocida por las altas cortes, antes de 2018 los jueces desconocían en sus providencias una de las garantías contempladas en el derecho internacional de los derechos humanos: la doble instancia en los procesos penales adelantados contra los aforados. Esto puede explicarse dada la evolución que ha tenido el principio general de la doble instancia en el caso de los aforados en Colombia. Este derecho no fue previsto en la Constitución Política por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, sino que fue agregado vía reforma constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de enero de 2018 que modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Carta. En razón a lo anterior, se puede señalar que la aplicación del principio de la doble instancia, dependió durante muchos años de la discrecionalidad de las autoridades judiciales que, con el argumento de la Supremacía Constitucional, se negaron a adoptar la normatividad del Derecho Internacional en la materia. La inaplicación del control de convencionalidad sobre la doble instancia en los procesos adelantados en contra de aforados, punto central del presente trabajo, comprende, no solo al derecho interno y a las autoridades nacionales, sino a todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues involucra tanto la protección de los derechos de los aforados como la fuerza vinculante del derecho internacional. Dicha inobservancia del ordenamiento jurídico internacional por parte de un Estado que se ha comprometido a respetarlo y a aplicarlo despierta la curiosidad y el estado de alerta entre la comunidad académica y motiva a los estudiosos del derecho a investigar, plantear nuevas preguntas, aportar nuevas consideraciones y nuevas propuestas al respecto. Surgen así algunos interrogantes. ¿El Estado Colombiano ha vulnerado el derecho de los aforados a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior? De haber sido así, ¿conllevaría esto a la nulidad de todos los procesos? O, por el contrario, ¿las decisiones tomadas por las autoridades nacionales tienen verdadero sustento jurídico, no han sido violatorias de derechos protegidos y, por tanto, no deben ser declaradas nulas? Y, aunque la ambigüedad provocada por la diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional sobre la doble instancia en los procesos de aforados quedó superada gracias al Acto Legislativo expedido por el Congreso en enero de 2018 (que reguló la situación conforme a las normas internacionales), el tema no ha perdido importancia jurídica ni política ya que la problemática no ha desaparecido de la mente de los juristas ni de aquellos aforados a quienes los jueces negaron la posibilidad de recurrir el fallo.

Análisis jurisprudencial : la nacionalidad y residencia como criterios diferenciadores para acceder a las listas regional y nacional de espera para el trasplante de órganos o tejidos

El presente documento expone un análisis jurisprudencial de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional respecto a sí existe un trato diferenciado que se encuentre justificado entre los receptores nacionales y extranjeros residentes en Colombia con relación a los extranjeros no residentes en el país, para realizarse un trasplante de órganos o tejidos. Para lograr tal cometido, se expone de manera general el marco legal nacional que regula la materia, posteriormente se abordan los fundamentos teóricos de la igualdad, no discriminación y trato diferenciado justificado e injustificado, luego se pasa realizar el desarrollo de la línea jurisprudencial y el análisis del Art. 10 de la ley 1805 de 2016 para finalmente llegar a conclusiones y aportes críticos del trabajo.

El diálogo judicial entre la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Este documento presenta un estudio abordado desde el escenario nacional sobre el análisis de algunos pronunciamientos de la Corte de Constitucional de Colombia emitidos entre los años 2014 a 2016, con relación al uso de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se propone como objetivo general realizar una aproximación práctica de la teoría del diálogo judicial, contrastando la teoría sobre el uso de las herramientas hermenéuticas como la interpretación conforme, el principio pro persona y el control de convencionalidad, con la práctica judicial concreta de la Corte Constitucional de Colombia. Metodológicamente se tienen en cuenta las teorías de diálogo judicial de diferentes autores, como Slaughter (1994), Santolaya (2010) y Bazán (2017), con el fin de identificar en el escenario planteado la existencia y clase de diálogo judicial en el cual se enmarca la interacción de los tribunales mencionados, mediando una aproximación crítica a las teorías correspondientes.

Responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano en virtud a la inmunidad del Estado extranjero

En el presente Documento se efectúa un estudio respecto de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución que gozan los Estados extranjeros, y si su aceptación por parte de Colombia conlleva a la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano. Para ello se abordarán como temas centrales, los diferentes títulos de imputación de responsabilidad estatal desarrollados por el Consejo de Estado en su jurisprudencia, las tesis que la doctrina internacional ha desarrollado respecto de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estado, el marco normativo internacional respecto a la jurisdicción y de ejecución, la concepción jurisprudencial sobre dichos conceptos por parte de la Corte Internacional de Justicia, lo que las altas Cortes Colombianas han edificado frente al tema y la materialización de los derechos fundamentales en ese panorama.

Análisis jurídico de la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reclutados por las FARC-EP en el marco del punto 3.2.2.5. del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y verdadera

El presente trabajo se basa en el análisis jurídico de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los campamentos de las FARC-EP en observancia a los procesos de restablecimiento del derecho, reparación integral y reincorporación por medio del programa Camino Diferencial de Vida, establecido en el punto 3.2.2.5. del Acuerdo Final. Al respecto, se hace una revisión detallada de las normas internacionales ratificadas por Colombia y de las normas internas que establecen la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento y utilización en los conflictos armados especialmente por grupos organizados al margen de la ley en observancia a las consideraciones de la Corte Constitucional mediante el control de la constitucionalidad que realiza sobre los decretos expedidos al alcance de la protección de los derechos de los menores durante los procesos de restablecimiento de derechos y reintegración social, con el fin de mirar la legalidad de este Punto del Acuerdo Final a la luz del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y de los principios de protección de la niñez establecidos en la norma.