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GFACA. Trabajos de Grado - Maestría en Derecho Constitucional

El estatuto de la oposición política y su aplicación en las dos primeras legislaturas del cuatrenio 2018-2022 en el congreso de la República de Colombia

El texto analiza la figura del Estatuto de la Oposición Política partiendo de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que llevaron a su consagración en el artículo 112 de la Constitución Política. Revisa los antecedentes, reformas constitucionales y el trámite que surtió para convertirse en Ley de la República. Contiene las generalidades de la Ley Nº 1909 de 2018, la reglamentación expedida por el Consejo Nacional Electoral y presenta un balance de su implementación en las dos primeras legislaturas del cuatrienio 2018-2022 en el Congreso de la República de Colombia. Se plantea que en este periodo las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno Nacional en el Congreso de la República han tenido una mayor visibilidad en su labor legislativa y de control político, ya que a partir del 20 de julio de 2018 cuentan con una herramienta formal para la garantía de sus derechos. Sin embargo, todavía están lejos de una garantía plena y efectiva frente a los partidos de gobierno e independientes, por lo cual se requiere una serie de reformas que permitan materializar el derecho fundamental a la oposición política y de esta manera consolidar el tan anhelado pluralismo político.

Ámbito territorial y temporal de las medidas provisionales ordenadas por la corte IDH a Colombia

Colombia tiene una robusta historia litigiosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la puesta en marcha de este tribunal, tanto así que el Estado ha sido juzgado en al menos 24 casos contenciosos y en esa medida no es extraño encontrar investigaciones y estudios que analicen de manera transversal o específica algún elemento de dicha historia como sería el caso de las medidas provisionales para la protección de los derechos humanos que ha sido uno de los contextos menos estudiados pese a que en ocasiones, resulta una herramienta más rápida, más ágil y preventiva que los casos contenciosos y las sentencias de la Corte IDH. Entre los años de 1994 y 2019, la Corte IDH conoció un total de 18 peticiones de adopción de medidas provisionales y profirió un total de 109 resoluciones respecto de Colombia; una cifra particularmente alta si se tiene que en promedio el juez interamericano tuvo que resolver al menos 6 solicitudes al año en el mismo periodo de tiempo para proteger de manera urgente, los derechos humanos en los países que hacen parte del sistema interamericano. De allí que surja un interés particular por entender un poco mejor la dinámica de las medidas provisionales y lo que ellas nos permiten descubrir sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

Análisis del literal A del parágrafo 1 del artículo 67 de la Ley 160 de 1994 a la luz del derecho de las víctimas a la restitución de tierras

El texto propone analizar el parágrafo 1 del artículo 67 de la ley 160 de 1994 a la luz del derecho de las víctimas a la restitución de tierras. Esta norma establece una de las causales de inadjudicabilidad de los baldíos, y consiste en la prohibición de adjudicar baldíos que se encuentran dentro de un radio de 2.500 metros alrededor de zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables. Se determinará como la existencia de está norma y el conocimiento tardío de los operadores judiciales dificulta de alguna manera el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la restitución de tierras. Es por eso que se analizará las complejidades del derecho de la restitución de las víctimas del conflicto y el choque de este derecho con las razones que hicieron surgir la norma prevista en la ley 160 de 1994. Lo anterior para demostrar la constante desvalorización del campesino frente al problema estructural de la tierra en Colombia y verificar si se garantiza de manera efectiva el derecho a la reparación integral en el marco de la justicia transicional.

Evolución del derecho a la educación de los pueblos indígenas : hacia la consolidación del sistema educativo indígena propio

El presente trabajo expone la manera como se ha concebido el derecho a la educación de los pueblos indígenas a partir de lograda nuestra independencia. En ese sentido, podrá observarse cómo con el surgimiento del nuevo estado y por más de un siglo, la educación buscó homogenizar a estos pueblos y someterlos a unos nuevos patrones de conducta y a los valores que definía la iglesia. En la segunda parte se explica cómo se concibe el derecho a la educación para los pueblos indígenas a partir del marco constitucional vigente desde 1991 y cuáles son las estrategias definidas por el estado para asegurar la efectividad de esta garantía. No obstante, ello se contrasta con la información encontrada que permite evidenciar los bajos índices de accesibilidad, disponibilidad, calidad y pertinencia que tiene la educación para las referidas comunidades. En la última parte se presentan las principales características del Sistema Educativo Indígena Propio, que se concibe como la evolución a la garantía de la educación de los pueblos, porque propone soluciones a las falencias que históricamente ha evidenciado el sistema educativo convencional. Por último, se describen los asuntos más controversiales que han dilatado la implementación del sistema por parte del Estado colombiano.

Candidaturas independientes : ¿una verdadera apertura para la profundización de la democracia?

Este trabajo presenta un análisis de lo que ha significado para la Democracia Representativa la apertura consistente en que sujetos diferentes de los partidos, puedan postular candidatos en igualdad de condiciones a estos. Para ello, se hará un paneo en el plano internacional, pasando por el caso Mexicano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos casos como lo fueron YATAMA vs NICARAGUA y CASTAÑEDA GUTMAN Vs MEXICO, y luego, en el Caso Colombiano. Se definirán conceptos como el de Democracia, candidaturas, su forma e importancia y partidos políticos, para luego poner un especial énfasis en las LLAMADAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. Se estudiará esa “independencia”, para avanzar a una clasificación más precisa del concepto de candidatura. Se analizará el tratamiento disímil que frente a los partidos, se ha dado a los demás SUJETOS LEGITIMADOS PARA POSTULAR CANDIDATURAS. Se apreciará la evolución de la utilización de las CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, evidenciando su gran crecimiento, lo que nos llevará a establecer unas conclusiones en torno de si la apertura democrática, para que sujetos diferentes a los partidos políticos puedan avalar candidatos, ha llevado a su profundización o si por el contrario, la ha afectado sensiblemente.

La reparación de las víctimas de despojo de tierras a través de la acción especial de restitución : análisis sobre su implementación. El caso del municipio El Carmen de Bolívar

El trabajo pretende analizar cómo ha sido la reparación de las víctimas de despojo de tierras del municipio El Carmen de Bolívar a través de la acción especial de restitución. Para ello se concentra en estudiar el lapso entre los años 2012-2018, empleando las sentencias dictadas por los jueces y salas especializadas en restitución de tierras, así como la percepción de víctimas que han sido reparadas, de funcionarios, líderes campesinos y demás actores privilegiados. Se estudiaron 206 sentencias y se realizaron entrevistas semiestructuradas (14), que junto a la observación en campo, permitieron identificar las dificultades que han afrontado las víctimas luego de la sentencia. Se percibe que en las decisiones judiciales se da prioridad a la entrega del predio reclamado como forma de reparación. Así mismo, medidas complementarias como la entrega de subsidios de vivienda y proyectos productivos resultan importantes para el retorno de las víctimas. Sin embargo, problemas como la no atención oportuna a segundos ocupantes, la no entrega de alojo temporal a los opositores, la falta de arraigo o vocación campesina, las afectaciones al tejido social; la falta de agua potable, vías y servicios públicos; dificultan el cumplimiento de las sentencias.

La doble instancia en los procesos penales contra aforados, ¿un asunto de convencionalidad o de constitucionalidad?

La aplicación del control de convencionalidad, tal como ha sido planteado, ha encontrado algunos obstáculos en los Estados. Por ejemplo, en Colombia es objeto de un trato ambiguo, siempre usando como justificación el ordenamiento jurídico interno. Pese a que en el país su relevancia siempre ha sido ampliamente reconocida por las altas cortes, antes de 2018 los jueces desconocían en sus providencias una de las garantías contempladas en el derecho internacional de los derechos humanos: la doble instancia en los procesos penales adelantados contra los aforados. Esto puede explicarse dada la evolución que ha tenido el principio general de la doble instancia en el caso de los aforados en Colombia. Este derecho no fue previsto en la Constitución Política por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, sino que fue agregado vía reforma constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de enero de 2018 que modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Carta. En razón a lo anterior, se puede señalar que la aplicación del principio de la doble instancia, dependió durante muchos años de la discrecionalidad de las autoridades judiciales que, con el argumento de la Supremacía Constitucional, se negaron a adoptar la normatividad del Derecho Internacional en la materia. La inaplicación del control de convencionalidad sobre la doble instancia en los procesos adelantados en contra de aforados, punto central del presente trabajo, comprende, no solo al derecho interno y a las autoridades nacionales, sino a todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues involucra tanto la protección de los derechos de los aforados como la fuerza vinculante del derecho internacional. Dicha inobservancia del ordenamiento jurídico internacional por parte de un Estado que se ha comprometido a respetarlo y a aplicarlo despierta la curiosidad y el estado de alerta entre la comunidad académica y motiva a los estudiosos del derecho a investigar, plantear nuevas preguntas, aportar nuevas consideraciones y nuevas propuestas al respecto. Surgen así algunos interrogantes. ¿El Estado Colombiano ha vulnerado el derecho de los aforados a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior? De haber sido así, ¿conllevaría esto a la nulidad de todos los procesos? O, por el contrario, ¿las decisiones tomadas por las autoridades nacionales tienen verdadero sustento jurídico, no han sido violatorias de derechos protegidos y, por tanto, no deben ser declaradas nulas? Y, aunque la ambigüedad provocada por la diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional sobre la doble instancia en los procesos de aforados quedó superada gracias al Acto Legislativo expedido por el Congreso en enero de 2018 (que reguló la situación conforme a las normas internacionales), el tema no ha perdido importancia jurídica ni política ya que la problemática no ha desaparecido de la mente de los juristas ni de aquellos aforados a quienes los jueces negaron la posibilidad de recurrir el fallo.

Análisis jurisprudencial : la nacionalidad y residencia como criterios diferenciadores para acceder a las listas regional y nacional de espera para el trasplante de órganos o tejidos

El presente documento expone un análisis jurisprudencial de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional respecto a sí existe un trato diferenciado que se encuentre justificado entre los receptores nacionales y extranjeros residentes en Colombia con relación a los extranjeros no residentes en el país, para realizarse un trasplante de órganos o tejidos. Para lograr tal cometido, se expone de manera general el marco legal nacional que regula la materia, posteriormente se abordan los fundamentos teóricos de la igualdad, no discriminación y trato diferenciado justificado e injustificado, luego se pasa realizar el desarrollo de la línea jurisprudencial y el análisis del Art. 10 de la ley 1805 de 2016 para finalmente llegar a conclusiones y aportes críticos del trabajo.

El diálogo judicial entre la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Este documento presenta un estudio abordado desde el escenario nacional sobre el análisis de algunos pronunciamientos de la Corte de Constitucional de Colombia emitidos entre los años 2014 a 2016, con relación al uso de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se propone como objetivo general realizar una aproximación práctica de la teoría del diálogo judicial, contrastando la teoría sobre el uso de las herramientas hermenéuticas como la interpretación conforme, el principio pro persona y el control de convencionalidad, con la práctica judicial concreta de la Corte Constitucional de Colombia. Metodológicamente se tienen en cuenta las teorías de diálogo judicial de diferentes autores, como Slaughter (1994), Santolaya (2010) y Bazán (2017), con el fin de identificar en el escenario planteado la existencia y clase de diálogo judicial en el cual se enmarca la interacción de los tribunales mencionados, mediando una aproximación crítica a las teorías correspondientes.

Responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano en virtud a la inmunidad del Estado extranjero

En el presente Documento se efectúa un estudio respecto de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución que gozan los Estados extranjeros, y si su aceptación por parte de Colombia conlleva a la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano. Para ello se abordarán como temas centrales, los diferentes títulos de imputación de responsabilidad estatal desarrollados por el Consejo de Estado en su jurisprudencia, las tesis que la doctrina internacional ha desarrollado respecto de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estado, el marco normativo internacional respecto a la jurisdicción y de ejecución, la concepción jurisprudencial sobre dichos conceptos por parte de la Corte Internacional de Justicia, lo que las altas Cortes Colombianas han edificado frente al tema y la materialización de los derechos fundamentales en ese panorama.

Análisis jurídico de la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reclutados por las FARC-EP en el marco del punto 3.2.2.5. del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y verdadera

El presente trabajo se basa en el análisis jurídico de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los campamentos de las FARC-EP en observancia a los procesos de restablecimiento del derecho, reparación integral y reincorporación por medio del programa Camino Diferencial de Vida, establecido en el punto 3.2.2.5. del Acuerdo Final. Al respecto, se hace una revisión detallada de las normas internacionales ratificadas por Colombia y de las normas internas que establecen la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento y utilización en los conflictos armados especialmente por grupos organizados al margen de la ley en observancia a las consideraciones de la Corte Constitucional mediante el control de la constitucionalidad que realiza sobre los decretos expedidos al alcance de la protección de los derechos de los menores durante los procesos de restablecimiento de derechos y reintegración social, con el fin de mirar la legalidad de este Punto del Acuerdo Final a la luz del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y de los principios de protección de la niñez establecidos en la norma.

Daño a los derechos fundamentales en el ámbito del derecho de daños en Colombia : ¿resarcimiento o prevención del daño?

En epoca reciente, en el ambito del derecho de daños en Colombia los tribunales de cierre adoptaron como categoría autónoma de daño inmaterial el “daño a los derechos fundamentales”. Es constatable que su introducción como categoría de daño inmaterial ha producido cambios en la práctica judicial en el ámbito del derecho de daños, en especial, las operaciones interpretativas y argumentativas que realizan los tribunales para su reconocimiento y reparación. Mediante un análisis jurisprudencial en los eventos en los cuales se ha configurado un daño que lesiona negativa, definitiva y gravemente derechos fundamentales y se ordena una reparación, se pretende demostrar que existen buenas razones para admitir como categoría autónoma el daño a los derechos fundamentales, no obstante, éste debe circunscribirse únicamente a los eventos en que se configure una lesión grave a la dimensión objetiva de un derecho fundamental y su tratamiento debe efectuarse siempre bajo un enfoque de derechos. Queda latente la inquietud si su reconocimiento se encamina a reparar el daño o, por el contrario, se dirige a prevenir su ocurrencia, entendiendo que reparación y prevención son dos resultados posibles de la responsabilidad.

"La ideología de género" en los medios de comunicación : análisis del caso del periódico "El Tiempo"

“La ideología de género” en los medios de comunicación, análisis del caso del periódico “El Tiempo”, es un trabajo de investigación, en el que se buscó establecer la forma y las veces en que el señalado medio de prensa, hizo remisión al término “ideología de género” dentro de los noticias que cubrieron los hechos sociales generados con ocasión al cumplimiento por parte del Ministerio de Educación de la orden emitida por la Corte Constitucional en sentencia T-478 de 2015, la campaña democrática para la refrendación de los acuerdos de paz vía plebiscito, el nuevo acuerdo de paz y la fase post refrendación de los acuerdos de paz; para dicho análisis se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo de las notas de prensa encontradas para luego exponer los resultados mediante la aplicación del método “framming” o “Teoría del Encuadre”, y poder con ello determinar el manejo de la información entre emisor y receptor, dentro de los hitos anteriormente señalados y que utilizaron el concepto “ideología de género” como contenido de la información.

Análisis de la presunción utilizada por la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio de la cual se determina la suma base de liquidación en el lucro cesante cuando la víctima no probó sus ingresos

Due to the incoherence and irrationality with which the presumptions have been developed within the legal systems, it has not been possible to clearly identify their basis, characteristics and functionality within them. In the present work, from the traditional procedural treatment that has been given to them and from their theoretical and philosophical study it was possible to recognize four essential characteristics of the presumptions: structure, theoretical reasoning, pretension of truth and defeasibility. Thus, legal presumptions are those norms with a rule structure that seek to propose, on the basis of a basic fact and in the absence of evidence to the contrary, a contingent truth based on reasons of normality, regularity and/or high probability. Applying the above in our legal system, it was established that in Colombia both legally and jurisprudentially the category of presumptions has been recognized for legal norms that do not meet such characteristics, as is the case of the judicial presumption used by the Consejo de Estado through which it sets the base amount for the settlement of the victim who did not prove his income, a possible reason why the effects produced after its application do not turn out to be those expected.

Hupecol Operating Co Llc. vs. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corporación para el Desarrollo del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) : ¿La protección del medio ambiente o el desarrollo económico?

Research is fa~used on a case study: the controversy raised between the American company Hupecol Operating Co. Lle. against the National Authority of environmental licenses (ANLA) and the Corporation to the sustainable development of special handling area La Macarena (CORMACARENA), according to the revocation of the environmental license that was granted to the project "Serranía Exploratory drilling interest area", located in the jurisdiction of the municipalities of La Macarena and San Vicente del Caguán", once it started by the local authority the "Integral Management plan far the Sector "Río Losada" - "Caño Perdido", located in the recuperation zone far the production south of the integrated management district "DMI" Ariari-Guayabero of the ANEM, department of Meta. In this, it warns clearly the macroeconomics consequences that would entail to Colombia, to be compelled to respond on stages of international controversies resolutions, because of setting up an international illicit fact, far affecting the transnationals direct investments, according to the farmulation and implementation of public politics of environmentai"protection, considering that the Colombian State acquired international commitments that guarantee the investment and limit its sovereignty.

La responsabilidad patrimonial del estado por omisión del legislador en Colombia

Este escrito surge como consecuencia del análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en el cual se puso en evidencia una tensión entre estas altas cortes frente a "La Responsabilidad Patrimonial del Estado por Omisión del Legislador en Colombia", denotando dos posturas: la primera establece que el Estado no es responsable, y la segunda está encaminada a demostrar la existencia de una responsabilidad. De lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento ¿El Estado colombiano es responsable por la omisión del legislador? la hipótesis que se plantea en el escrito es que por regla general el Estado colombiano no debe responder patrimonialmente por la omisión del legislador, en función a dar respuesta a este interrogante se analizó una sentencia de carácter internacional que reconoció responsabilidad patrimonial del estado de Italia y un caso colombiano formulado en una tesis de grado que argumenta la responsabilidad del estado por omisión en "la mutilación sexual femenina en la comunidad Embera Chamí", este escrito concluye que hasta el momento no hay un caso en el cual se haya declarado la responsabilidad del Estado por omisión del legislador en Colombia, sin embargo se plantea una excepción a la regla general.

Acción pública de inconstitucionalidad en el Estado colombiano

Public action of unconstitutionality is an instrument that allows the citizen to participate in the formation of the political and legal order, which makes it easier to build a civil society that cares about maintaining constitutional mandate, thus generating the development of legal policies and categories in a Constitutional State. The present work therefore seeks to determine how rigorously the Court has applied the criteria of clarity, certainty, specificity, relevance and sufficiency, as well as the effects this has had on the national legal order, for which it is conducted a field study of the public action claims of Unconstitutionality based, inadmitd and rejected from 1992 to July 31, 2019, as well as the imadmisory and rejection orders in the Constitutional Court. Since its inception, the demand for unconstitutionality has kept its nature unsensed: the manifestation of political rights, a mechanism of direct control of laws and a form of participatory democracy. The Constitution of 1991 entrusted the Constitutional Court with the guardianship of the supremacy and integrity of the Political Charter, and within its powers is the knowledge of public action of unconstitutionality.