Intervención judicial en la protección del recurso hídrico: maniobrabilidad de la participación ciudadana
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Resumen en español
Frente a la protección del medio ambiente en los términos del artículo 79 constitucional, cada día cobra más relevancia la migración de la comunidad de la sede administrativa a la judicial, dimensionando el llamado activismo judicial. De otra parte, el recurso hídrico sigue siendo el elemento más transversal y estratégico de la gestión ambiental. No hay tensión socio ambiental donde el agua no sea un elemento principal del debate acerca de su uso y puesta en riesgo debido a la falta de instrumentos de planificación. Si la participación para incidir en la decisión de la administración no admite un efecto vinculante de carácter sustancial que conmine, como deber legal, a una autoridad a tener en cuenta los insumos aportados en un proceso democrático que se adelante dentro de un trámite administrativo iniciado para viabilizar la sostenibilidad de un proyecto, o ante la incapacidad estatal para salvaguardar con contundencia un ecosistema estratégico, se termina por percibir que la orden de un juez tiene más eficacia que el resultado de una audiencia pública o un tercero interviniente. No obstante, sin minimizar la valía del juez como instancia de cierre, no siempre el reconocimiento y protección de un derecho superior, como el goce de un ambiente sano plasmado en un fallo, encuentra las condiciones necesarias para materializarse con eficacia, bien por las mismas condiciones de quien detenta la responsabilidad de hacerlo, o, en últimas, por una visión del ordenador judicial que renuncia al argumento normativo para incursionar en una especie de militancia ambiental. En este artículo se presentan unas breves reflexiones respecto de ese dinámico escenario judicial, para lo cual analiza el estado del arte en materia de participación ciudadana, así como de algunas jurisprudencias relevantes que, de una u otra forma, reivindican el derecho amenazado.
Resumen en inglés
Regarding the protection the environment under the terms Article 79 the Constitution, more often the community is turning from the administrative to the judicial headquarters, considering the relevance the so-called judicial activism. In this subject, the water resource remains the most transversal and strategic element environmental management. There is no socio-environmental tension where the use and risk water resources are main elements for debate. When the participation does not fall upon the administration´s decision and does not admit a binding effect a substantial nature, that secures as a legal duty, that the authority takes into account the inputs provided in a democratic process which is created to make viable the sustainability a project, or it turns out that the state is unable to safeguard a strategic ecosystem with forcefulness, it has come to be perceived that the order a judge is effective as the result a public hearing or an intervening third party. However, without lessening the value the ruling the judge, not always the recognition and protection a higher right such as the healthy environment captured in a judgement, finds the necessary conditions to materialize effectively, sometimes because the bias the judge, or in the end a decision that sometimes denies the normative argument, to venture into a kind environmental militancy. This article provides bri reflections on these dynamic judicial positions and uses the state the art in matters citizen participation, as well as some relevant jurisprudence that in one way or another, claim the protection the environmental right being threatened.