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GEACA. Trabajos de Grado - Maestría en Derecho Económico con énfasis en Servicios Públicos

Supervisión del servicio público de energía eléctrica

Esta investigación realiza un análisis del marco jurídico establecido para la supervisión del servicio público de energía eléctrica en Colombia. Se propone conocer las ambigüedades que se presentan en la normativa instaurada para la inspección, vigilancia y control del servicio. Realiza la verificación y comparación del modelo de supervisión y el régimen jurídico constituido por la República del Perú. Finalmente, analiza la metodología utilizada por la Superintendencia Nacional de Salud –Supersalud, para el cumplimiento de las funciones de inspección vigilancia y control. Lo anterior, con el fin de dar a conocer nuevas alternativas que pueden ser más eficaces para el ejercicio de la supervisión del servicio público de energía eléctrica.

Implicaciones de la incorporación de las fuentes no convencionales de energía en los contratos de concesión de áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio de energía en zonas no interconectadas

Los Contratos de Concesión de Área de Servicio Exclusivo (Contratos ASE) son una herramienta a través de la cual, no solo se puede contribuir en gran medida a fines de expansión del servicio de energía eléctrica, sino que también son un mecanismo adecuado para fomentar la lucha contra el cambio climático y propiciar la incorporación de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables en la matriz energética nacional, logrando la sustitución de la generación con combustibles fósiles en las Zonas No Interconectadas del país. Lo anterior cobra especial importancia en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural 2018 – 2031 (PNER 2018-2031), el cual se deriva del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el día 24 de agosto de 2016 y propende, entre otras cosas, por la implementación de soluciones de generación eléctrica, aisladas centralizadas o individuales en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, a través de esquemas empresariales como las Áreas de Servicio Exclusivo.

Aplicación del control constitucional por vía de excepción en relación con reclamaciones ante empresas de servicios públicos domiciliarios cuando se pretendan devoluciones superiores a cinco meses

La expedición de la Ley 142 de 1994 es una clara materialización del mandato constitucional dispuesto en el artículo 150 # 23 de la C.P de 1991, en concordancia con los artículos 365 a 370 ibídem; al establecer en la referida Ley lo concerniente al tiempo que tienen los usuarios y/o suscriptores para reclamar los conceptos facturados como consecuencia de la prestación de los servicios, se trajo un término de caducidad de 5 periodos de facturación, es decir, que si vencido dicho plazo no se ha reclamado algún concepto facturado, se pierde el derecho a que ser atendida esa pretensión. Esa caducidad resulta apropiada por cuestiones de seguridad jurídica y de certeza de los actos de facturación, sin embargo, nunca podrá perderse de vista que no en todos los casos resulta ser preferente la condición de seguridad jurídica y certeza de los actos de facturación, sobre todo cuando darle prioridad a estos dos elementos afecta de manera directa y grave principios constitucionales como el Estado Social de Derecho, el Orden Justo, la Buena Fe, la Confianza Legítima, la prevalencia del derecho sustancial frente al formal, , todo lo cual confluye en que puede presentarse una violación directa del principio de la Supremacía Constitucional que da existencia al denominado control por vía de excepción. Los servicios públicos domiciliarios se encuentran ligados a los fines esenciales de Estado, en otras palabras, los SPD se constituyen en la principal herramienta o canal con el que se logra en mayor escala la efectividad y cristalización del Estado Social de Derecho, lo cual incluye la garantía de los fines esenciales establecidos en el artículo 2 de la C.P de 1991, la prestación de estos servicios supone de entrada que la existencia de esa relación contractual da a una de las partes, los prestadores una condición privilegiada, incluso se reconoce que poseen posición dominante, entre tanto, la otra parte que son los suscriptores y/o usuarios es la parte más frágil, más débil de esa relación; por consiguiente, admitir que a pesar de que en situaciones claras donde los prestadores pueden cometer serios errores de facturación que afectan intereses legítimos de sus clientes, puede privilegiar a los primeros dándoles una habilitación para que se favorezcan por una caducidad que trae la Ley. Frente a errores técnicos de las Empresas que se supone son los que tienen la experticia y conocimiento profundo de la prestación es que cobra vital importancia realizar una irradiación de constitucionalización de los servicios públicos domiciliarios, recordar que el origen normativo de los mismos se encuentra en el marco de la C.P de 1991 y que por ende también están sometidos al principio de la Supremacía Constitucional, y es justamente la posibilidad de la aplicación de este principio lo que se aborda en la monografía presentada.

Esquemas diferenciales sui generis en la prestación del servicio público de acueducto en Colombia

El mercado de servicios públicos domiciliarios en Colombia se basa en formas de prestación convencionales. Estas formas de prestación son inadecuadas para las condiciones técnicas y geográficas de las diferentes áreas de prestación, y el contexto político, social y cultural de los usuarios. Debido a ello, fue necesario hacer una legislación orientada al logro de las metas nacionales respecto de la prestación, entre ellas, el aumento de la cobertura tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Esta nueva normatividad y regulación (los esquemas diferenciales) fue diseñada para que el Estado cumpliera sus obligaciones como Estado Social de Derecho. Con la implementación de dichos esquemas, las entidades del Gobierno nacional buscan el mejoramiento de los indicadores de la prestación: el objetivo último es cumplir con lo planteado en la Ley 142 de contar con una cobertura universal del servicio. El título Esquemas diferenciales sui generis, aunque suene redundante, se basa en la revisión de asuntos específicos de los que no se han encargado los esquemas diferenciales. A partir del análisis de caso, pudimos comprobar que las dificultades de la prestación no solo se reducen a la cobertura, continuidad, micromedición o calidad del servicio.