Browsing GUAAA. Trabajos de Grado - Maestría en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas by Title

Acción de extinción de dominio sobre bienes destinados a actividades ilícitas: la proporcionalidad como herramienta de la actividad judicial

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La acción de extinción de dominio se ha erigido históricamente en una herramienta empleada en el marco de la política criminal de nuestro país frente a la existencia de fortunas provenientes de los recursos originados en el narcotráfico. La Constitución Política, al incorporar la función social como un atributo del derecho de propiedad, extendió esta herramienta procesal a los bienes que, habiendo sido adquiridos con recursos lícitos, son destinados o utilizados para la ejecución de actividades ilícitas. La preocupación que da origen a este trabajo esta vinculada a la necesidad de establecer un limite a la potestad del Estado de declarar extinto el derecho de propiedad de una persona sobre un bien empleado para la ejecución de un ilícito o destinado a ese propósito cuando no ha sido el dueño el que ha cometido la conducta antijuridica, pero si omitió el deber de cuidado que le atañe al seleccionar a la persona a quien permitió usar su propiedad. Estimamos que el Principio de Proporcionalidad, con sus tres componentes, es la herramienta optima para alcanzar ese cometido y el resultado se condensa en una serie de premisas dirigidas a la actividad judicial en el marco del proceso de extinción de dominio.

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Actuación de la policía judicial de Colombia en el marco de la cooperación internacional en asuntos penales

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El presente trabajo aborda la problemática de la actuación de la policía judicial en Colombia en el marco de la cooperación internacional en asuntos penales, aspecto que cobra bastante relevancia, cuando los Estados en aras de combatir el crimen organizado, transnacional y delitos graves, haciendo uso de su autodeterminación y soberanía, decide suscribir instrumentos internacionales, mediante los cuales acuerdan cooperar en términos de reciprocidad, estableciendo, canales, formas técnicas y medios para intercambiar información y material probatorio que les permita adelantar sus investigaciones criminales efectivizando su justicia. Para ello, se inicia con la recolección y análisis de instrumentos internacionales, jurisprudencia y doctrina que permita determinar conceptos y contextualizar la cooperación internacional en asuntos penales, modelos y niveles, para luego buscar aspectos similares y diferenciadores útiles para los funcionarios de policía judicial y la administración de justicia; también se aborda las generalidades y dependencia funcional de la policía judicial, instituciones o entidades que cumplen la función, actividades de investigación criminal adelantadas por policía judicial en marco de la cooperación internacional, equipos conjuntos de investigación y técnicas especiales de investigación.

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Aplicación del concepto de bancada de la defensa en el sistema penal colombiano

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En la práctica judicial ha venido cogiendo fuerza para efectos de libertad por vencimiento de términos la aplicación del concepto de bancada de la defensa o como lo ha llamado la jurisprudencia el principio de unidad de defensa, que en ultimas consiste en atribuirle a un procesado las consecuencias negativas de la actitud dilatoria de otros procesados y defensores.

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El carácter rector del principio de oportunidad en el régimen de responsabilidad penal de infancia y adolescencia

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Se aborda el análisis general del concepto de principio de oportunidad en el Sistema de Responsabilidad Penal de Infancia y Adolescencia recurriendo incluso analizar elementos relacionados con legislaciones foráneas que han inspirado en cierta forma la legislación nacional. Luego de estos planteamientos se aborda un estudio del principio de oportunidad desde la perspectiva de la legislación nacional y su comprensión legal y jurisprudencial. Igualmente se desarrolla la problemática que se presenta en el Sistema de Responsabilidad Penal para la Infancia y Adolescencia en la medida que dicha figura ha sido su utilizada por parte de los fiscales encargados de adelantar los diferentes procesos en el ámbito de dicha competencia. A partir de este aparte del trabajo se buscan los elementos teóricos necesarios para estructurar como un verdadero principio que sea basilar en el SRPA de tal forma que pueda desarrollarse de una manera más eficiente y útil para el mencionado sistema.

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Concepto, tipología y etiología del acoso moral como cibercrimen autónomo-social en el derecho penal

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El acoso moral es una problemática amplificada en el contexto de una nueva cibercriminalidad social. La evolución de las nuevas tecnologías y la estructuración de nuevas formas de relaciones sociales a partir de la web 2.0 ha dado cabida a nuevas formas de lesión que si bien existían antes de la Revolución Tecnológica, es a partir de ella que adquieren nuevos contornos tipológicos y nuevas causas etiológicas. Para entender lo anterior, es necesario repensar el concepto de cibercrimen como uno que no solo se circunscribe al aspecto informático, sino que también puede manifestarse en los aspectos sociales de las relaciones en Internet. A partir de ello, es plausible entender que conductas como el ciberacoso son verdaderos cibercrímenes, ahora de naturaleza social, que tienen por fin la salvaguarda de un bien jurídico importante y fundamental del ciberespacio: la libertad y autodeterminación cibernética.

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La conducta instantánea y la conducta permanente en los delitos típicamente militares que afectan el servicio como bien jurídico tutelado

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El presente desarrollo temático sobre los delitos que afectan el servicio, tiene como finalidad determinar si algunos de ellos son de ejecución permanente o instantánea teniendo en cuenta la variación que ha tenido el Tribunal Superior Militar y Policial, al indicar que algunas de estas conductas son de ejecución permanente, tal y como sucede con el secuestro y el desplazamiento forzado, afirmando que esta situación puede aplicarse en otros tipos penales que afectan el servicio como el abandono de comando, abandono del servicio, abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales y la deserción; alterando figuras como la prescripción de la acción penal y la seguridad jurídica; lo que denota la necesidad de estudiar y un analizar en contexto tales posturas para ratificar que la tesis adecuada y que más se ajusta a su válida interpretación, es la que ha señalado estos tipos penales como de conducta instantánea. El trabajo se presenta en tres partes, la primera expone un recuento histórico de los delitos contra el servicio a través de las diferentes codificaciones penales militares, posteriormente se establece el concepto de los llamados delitos de ausencia para referirse a éstas conductas punibles, haciendo énfasis a su vez a la necesidad de señalar a la prestación del servicio como el verdadero bien Jurídico tutelado y no al servicio propiamente dicho y por último presenta un breve desarrollo dogmático y jurisprudencial de los delitos de ejecución instantánea y de ejecución permanente, estudiando a su vez cada uno de los planteamientos trazados por el Tribunal Superior Militar y Policial con los que varía la postura frente a algunos tipos penales contra el servicio, exponiendo igualmente los argumentos con los que se presentaron tales delitos hasta el año 2015 como tipos penales de ejecución instantánea.

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La constitucionalidad de limitar la rebaja de pena en el allanamiento a cargos

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Una de las mayores novedades luego de la implementación del sistema penal con tendencia acusatoria fue la creación de mecanismos que permitieran la terminación anticipada del proceso penal. El principio de oportunidad, los preacuerdos e incluso el mismo allanamiento a cargos tomaron fuerza con la modificación constitucional que propició el acto legislativo 03 de 2002. Sin embargo, quince años después de la creación del sistema es fácil percibir cómo, no sólo se han mal interpretado algunas de estas instituciones, sino, que su entendimiento incluso ha dependido de la voluntad política de la jurisprudencia de turno. Este trabajo pretende dilucidar las diferencias estructurales y esenciales entre allanamiento a cargos y preacuerdos, concluyendo que, constitucionalmente son institutos divergentes, pues si bien hacen parte del derecho a terminar anticipadamente el proceso penal, la rebaja de pena en la primera es un derecho subjetivo, en la segunda, uno aspiracional.

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Criterios para la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva para el delito de desobediencia

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Al igual que la Justicia Penal Ordinaria, la Justicia Penal Militar especializada ha sufrido cambios, lo cual implicó su evidente evolución con el paso del tiempo. Por cuanto este tipo de justicia no ha sido ajena a las declaratorias de inconstitucionalidad nacientes en diferentes sentencias de la honorable Corte Constitucional a partir de la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991. Por tanto, la Justicia Castrense ha procurado la reformulación de su sistema penal, y es así que una vez vencidas las etapas legislativas se promulgó la Ley 522 de 1999, denominada Código Penal Militar, manteniéndose vigente hasta la entrada en vigor del actual Código Penal Militar Ley 1407 de 2010, En ésta última, la jurisdicción especial abordó e implementó el nuevo modelo del Sistema Penal Acusatorio Ley 906 de 2004. En tal sentido, es pertinente mencionar que la Ley 1407 de 2010 que reestructuró la Justicia Penal Militar y Policial actualmente está vigente. En consecuencia, en el presente documento se pretende llevar a cabo el análisis de los criterios que se tienen en cuenta al momento de decretar una medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad, considerando que son necesarios para la debida preservación del bien jurídicamente tutelado por la jurisdicción especial militar, como lo es la 'disciplina' en el desarrollo de los procesos que se adelantan por desobediencia. Toda vez que, en la reglamentación penal militar, la disposición de la norma del sistema ordinario, se tomó con carácter taxativo, y no se analizaron las condiciones específicas de la profesión castrense y los bienes jurídicos tutelados.

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El delito informático en el marco jurídico colombiano y el derecho comparado : caso de la transferencia no consentida de activos

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In a globalized world in which information and communications technologies are advancing by leaps and bounds generating social, cultural. economic. political risks and legal circumstances for their users, greater knowledge is demanded against cybercrime and computer-related crime; which contribute to the consolidation of legal criteria for its regulation by international organizations in a multilateral, and individual manner, and to take actions to identify the different types of cybercrime, provide tools for its typical adaptation, prevent its consummation and impose sanction by the competent authorities. Essentially towards this perspective, the research is focused. lt welcomes the qualitative research characteristics, of an exploratory nature, under an analytical-interpretative approach of documentary review. This study analyzes the status of the cybercrime issue, in the comparative law framework, having as reference some countries and cybercrime within the Colombian legal system, primarily addressing non-consensual transfer of assets.

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Derecho a la impugnación en favor de los aforados condenados en única instancia frente a los principios de cosa juzgada y favorabilidad

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En Colombia, antes del Acto Legislativo No. 1 del 2018, los procesos penales en contra de los altos funcionarios con fuero constitucional eran de única instancia, por tanto no existía una instancia adicional que realizara una revisión fáctica, normativa y probatoria de lo ordenado por el Juzgador, pese a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Colombiano de garantizar la impugnación de todas las sentencias condenatorias, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el año 1969, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 1978, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad y son de carácter obligatorio, según el artículo 93 de la Constitución Política. Además, el referido derecho es de aplicación inmediata conforme al artículo 85 Constitucional, por tanto, no es necesaria la expedición de una ley. Así las cosas, resulta necesario determinar si a los aforados condenados en única instancia, se les vulneró el derecho fundamental a la impugnación de la sentencia condenatoria en material penal y el principio a la doble instancia, así como establecer si frente a las sentencias condenatorias en única instancia debe prevalecer el principio de cosa juzgada o el principio de favorabilidad para aplicar retroactivamente el Acto Legislativo No. 01 de 2018 que garantiza el derecho a la impugnación y la doble instancia a los aforados.

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Discriminación en contenidos discursivos

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El texto es una demostración de cómo la penalización de la discriminación en contenidos discursivos favorece la censura a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Sobre todo si se tiene en cuenta el concepto de lenguaje, ofrecido por Chomsky, donde se establece que la facultad del lenguaje es una competencia libre por naturaleza biológica en la condición humana.

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La disponibilidad del derecho a la vida

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La vida como bien jurídico resulta ser indisponible por su titular, en tanto su protección corresponde al Estado, pues es el valor supremo de toda sociedad. Sin embargo, existen situaciones en las que este derecho se torna disponible por su titular, como en aquellas donde entra en conflicto con la dignidad humana, pues en estos eventos el Estado debe ceder en sus Intereses para darle paso a los del Individuo, quien con la muerte busca hacer cesar sufrimientos provenientes de padecimientos físicos o psíquicos incurables. La muerte digna es un concepto mucho más amplio que el derecho a morir, incluyendo no sólo las prácticas eutanásicas sino también el suicidio asistido, Incluso, podría decirse que en virtud de la muerte digna se podría ayudar a morir bien a alguien que no pueda manifestar su consentimiento. Colombia sobreprotege dicho bien, en tanto no se encuentra regulado el suicidio asistido y la eutanasia se permite bajo estrictos condicionamientos como el padecimiento de una enfermedad física, incurable y en fase terminal; además, se castigan penalmente conductas como el homicidio por piedad y la inducción o ayuda al suicidio por motivos altruistas, sin que se satisfaga el principio de necesidad de protección del bien jurídico.

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El elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio y el estándar de condena

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La presente investigación tiene como objetivo El objetivo general del documento es analizar los fundamentos teóricos, epistemológicos y jurídicos que conducen al juez a valorar los indicios para dar por demostrado el elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio, bajo los estándares probatorios del convencimiento más allá de toda duda razonable y de certeza. El documento se estructura en tres capítulos que desarrollan los objetivos específicos de la investigación. En el primer capítulo, se examina la historiografía del derecho penal en relación con las muertes de las mujeres por parte de los varones, desde 1837 hasta el año 2000 y cuáles fueron los antecedentes legales, internacionales y sociales que llevaron a la consagración del feminicidio como tipo penal autónomo. El segundo capítulo identifica el contenido y alcance del elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio, con fundamento en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, el precedente interamericano, la jurisprudencia constitucional y la ordinaria. El último capítulo analiza los estándares probatorios para la condena, referidos a la certeza y al convencimiento más allá de toda duda razonable de cara al tipo penal de feminicidio, para proponer, cómo a través de éstos mismos estándares, el juez puede proferir una sentencia de condena donde encuentre acreditado el elemento subjetivo del tipo.

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¿Es posible tipificar el síndrome de alienación parental como delito autónomo en Colombia?

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En Colombia no se encuentra tipificado como delito el denominado síndrome de alienación parental (SAP), sin embargo, la problemática actual en ternas de familia ha permitido que, ante fa separación o ruptura de una relación sentimental, uno de los padres de un menor de edad instrumentalice a su propio hijo con el firme y vil propósito de ocasionar un daño a su ex pareja y sin la más mínima consideración frente al daño que ello le pueda ocasionar. El presente trabajo de investigación es, en esencia, una propuesta para que conductas como las que describen el concepto del SAP sean castigadas penalmente y así tratar de evitar que se continúe facilitando prácticas tan perjudiciales que indudablemente afectan la salud de nuestros niños niñas y adolescentes.

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Evidencia electrónica y proceso penal : el déficit de protección del derecho a la intimidad en el sistema acusatorio colombiano

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Los dispositivos tecnológicos utilizados hoy en día permiten el almacenamiento y trasmisión de información de toda índole. Como consecuencia de esta transformación, la información digital contenida en dispositivos electrónicos se hizo atractiva a las investigaciones penales y se incrementó el número de casos criminales basados en evidencia electrónica. Esta realidad dio paso a novedosos y profundos ámbitos de intimidad que el Estado constitucional de derecho y el proceso penal deben proteger, en aras de asegurar que el poder punitivo, no torne la incautación y registro en dispositivos electrónicos en cacerías exploratorias que arrasen con cada ámbito de intimidad de la persona, tornen la garantía en obsoleta y den paso al régimen de un mundo sin privacidad. En este trabajo, la autora hace un recorrido por los fundamentos normativos del derecho a la intimidad y sus garantías en las causas penales, se detiene en el déficit de protección que el sistema penal acusatorio y la jurisprudencia constitucional y penal creó y hace propuestas dirigidas a promover una reforma constitucional y legal y un redireccionamiento de la actual línea jurisprudencial y, para suministrar una solución al déficit actual, propone un método razonable de producción de evidencia electrónica.

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El feminicidio y el impacto de las transformaciones socioculturales en el derecho penal colombiano

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El feminicidio constituye una problemática polifacética y compleja, que afecta todas las dimensiones de la vida social, y que en la actualidad configura un fenómeno de importancia mundial. El feminicidio ha tenido una serie de variaciones de orden conceptual para denominar las muertes violentas de mujeres en razón de su género o sexo. En el contexto colombiano a través de la Ley 1761 de 2015 se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, lo que significó un avance importante en tanto el estado colombiano asumió la responsabilidad de enfrentar esta problemática y garantizar el desarrollo integral de la mujer. Parte fundamental de la investigación insta en que el análisis del feminicidio en Colombia, se podría precisar desde el reconocimiento de los límites establecidos por la política criminal y punitiva, desde la importancia de la denominación normativa de las muertes de mujeres en el ordenamiento y como un espacio simbólico asumido desde la ley.

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Implicaciones jurídico legales dentro del sistema penal acusatorio colombiano cuando en materia de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado se condena por el delito pactado y no el realmente perpetrado

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Cuando se termina el proceso penal producto de una negociación entre el ente acusador y el procesado con una sentencia condenatoria por el delito que realmente que se cometió, se respeta todos y cada uno de los derechos constitucionales y legales de las partes e intervinientes del proceso penal, y se atempera con los principios obrantes en el proceso, sin que exista ningún tipo de vulneración. Postura que ya fue analizada por la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional cuando han explicado que los hechos desarrollados por el sujeto activo son inmutables y estos deben ser consecuentes con la conducta perpetrada, so pena de infringir principios y garantías como la legalidad o tipicidad, de ahí que lo pactado entre el ente acusador y la parte acusada sólo tenga repercusiones en el quantum de la pena a imponer. Lo anterior debe ser aplicado por los operadores judiciales, tanto Fiscalía como Jueces, para generar seguridad jurídica y confianza en el precedente jurisprudencial.

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Imputación objetiva y dolo normativo en el derecho disciplinario : un enfoque funcionalista

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Esta tesis aborda desde la teoría general de los sistemas, una estructura de derecho disciplinario con enfoque funcionalista para garantizar la vigencia de prescriptiva de conducta oficial, en el ejercicio del rol funcional de los servidores públicos y particulares que cumplen función pública. Se acude a la imputación objetiva para sostener que el resultado jurídicamente relevante es aquel de contenido normativo exteriorizado en el incumplimiento del deber funcional, puro desvalor de acción desde la teoría del valor, y como vulneración de la prescriptiva subjetiva de determinación desde la teoría de las normas, deber exigible al disciplinable, en su dimensión de persona vinculada al Estado bajo el régimen especial de sujeción. El dolo y su derivado de culpa se determinan conceptual y procesalmente como juicio normativo de adscripción del conocimiento exclusivo y excluyente a partir de competencias funcionales, títulos imputables al concurrir requisitos objetivos.

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El incumplimiento del deber de control de legalidad del notario frente al despojo jurídico de tierras en zonas de violencia generalizada y su relevancia penal

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The legal issue at hand was to determine whether a certain action of a notary public constitutes a crime under criminal law. Specifically, this is the action of a notary public that fails to control the legality of transactions by notarizing public deeds that transfer pieces of real property located in areas of generalized violence under land assignment programs; and who does so failing to comply with the requirements set in the law for the assignment of land and the laws that prevent forced displacement. To this end, we reviewed in detail the legislation and court precedents that relate to notarial activity in Colombia. We identified the laws and the regulations that govern the assignment of land under agrarian reform policies, the measures set to protect people displaced by violence and the notions and types of forced dispossession and abandonment of land. To determine whether or not this action constitutes a crime under criminal law, we addressed in the first place the theory of the legal good; we clarified precisely what are the effects caused by the forced dispossession of land and what are the alternative means of control established by private law and Law 1448 of 2011; and we analyzed this specific action of a notary public under the pertinent crime classifications, placing an emphasis on the protected interests and the issues that these entail.

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La información en la prevención y detección del lavado de activos

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Money laundering uses a large part of the licit economic sectors, so companies must implement measures aimed at addressing this risk, within which there are sorne instruments that handle information (knowledge of people, warning signs, typologies, abnormalities, reports to the authorities), which travels along a path (consolidation of profilesdetection of abnormalities-report to the authorities) and is protected by principies such as reserve and conservation, path and principies that can be attacked by crimes already existing in the current text of t he Colombian criminal cede.

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