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GUAAA. Trabajos de Grado - Maestría en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas

Acción de extinción de dominio sobre bienes destinados a actividades ilícitas: la proporcionalidad como herramienta de la actividad judicial

La acción de extinción de dominio se ha erigido históricamente en una herramienta empleada en el marco de la política criminal de nuestro país frente a la existencia de fortunas provenientes de los recursos originados en el narcotráfico. La Constitución Política, al incorporar la función social como un atributo del derecho de propiedad, extendió esta herramienta procesal a los bienes que, habiendo sido adquiridos con recursos lícitos, son destinados o utilizados para la ejecución de actividades ilícitas. La preocupación que da origen a este trabajo esta vinculada a la necesidad de establecer un limite a la potestad del Estado de declarar extinto el derecho de propiedad de una persona sobre un bien empleado para la ejecución de un ilícito o destinado a ese propósito cuando no ha sido el dueño el que ha cometido la conducta antijuridica, pero si omitió el deber de cuidado que le atañe al seleccionar a la persona a quien permitió usar su propiedad. Estimamos que el Principio de Proporcionalidad, con sus tres componentes, es la herramienta optima para alcanzar ese cometido y el resultado se condensa en una serie de premisas dirigidas a la actividad judicial en el marco del proceso de extinción de dominio.

Implicaciones jurídico legales dentro del sistema penal acusatorio colombiano cuando en materia de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado se condena por el delito pactado y no el realmente perpetrado

Cuando se termina el proceso penal producto de una negociación entre el ente acusador y el procesado con una sentencia condenatoria por el delito que realmente que se cometió, se respeta todos y cada uno de los derechos constitucionales y legales de las partes e intervinientes del proceso penal, y se atempera con los principios obrantes en el proceso, sin que exista ningún tipo de vulneración. Postura que ya fue analizada por la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional cuando han explicado que los hechos desarrollados por el sujeto activo son inmutables y estos deben ser consecuentes con la conducta perpetrada, so pena de infringir principios y garantías como la legalidad o tipicidad, de ahí que lo pactado entre el ente acusador y la parte acusada sólo tenga repercusiones en el quantum de la pena a imponer. Lo anterior debe ser aplicado por los operadores judiciales, tanto Fiscalía como Jueces, para generar seguridad jurídica y confianza en el precedente jurisprudencial.

El interviniente

Frente al escenario de eventos en los cuales existe una participación plural de personas en la comisión de una conducta típica en la que el sujeto activo requiere ciertas calidades (delitos especiales), y sin embargo existe una intervención de terceros que carecen de la condición particular, es necesario revisar el panorama en la legislación nacional y el tratamiento que se le ha dado a la figura del interviniente, la cual no ha sido pacífica y por el contrario, se avizoran diferentes interpretaciones a la figura, que redundan en una falta de seguridad jurídica. Para ello, inicialmente se retoman conceptos como el de autoría y coparticipación; luego, sobre las modalidades de participación y las principales teorías que se han dedicado a su examen; también, se hace alusión a los antecedentes legislativos para la incursión novedosa de la figura del interviniente con la Ley 600 de 2000 y enseguida, aborda diferentes conceptos doctrinales y pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, en la que se han postulado diferentes definiciones.

Derecho a la impugnación en favor de los aforados condenados en única instancia frente a los principios de cosa juzgada y favorabilidad

En Colombia, antes del Acto Legislativo No. 1 del 2018, los procesos penales en contra de los altos funcionarios con fuero constitucional eran de única instancia, por tanto no existía una instancia adicional que realizara una revisión fáctica, normativa y probatoria de lo ordenado por el Juzgador, pese a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Colombiano de garantizar la impugnación de todas las sentencias condenatorias, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el año 1969, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 1978, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad y son de carácter obligatorio, según el artículo 93 de la Constitución Política. Además, el referido derecho es de aplicación inmediata conforme al artículo 85 Constitucional, por tanto, no es necesaria la expedición de una ley. Así las cosas, resulta necesario determinar si a los aforados condenados en única instancia, se les vulneró el derecho fundamental a la impugnación de la sentencia condenatoria en material penal y el principio a la doble instancia, así como establecer si frente a las sentencias condenatorias en única instancia debe prevalecer el principio de cosa juzgada o el principio de favorabilidad para aplicar retroactivamente el Acto Legislativo No. 01 de 2018 que garantiza el derecho a la impugnación y la doble instancia a los aforados.

El injusto penal en el delito de interés indebido en la celebración de contratos

El delito de interés indebido en la celebración de contratos prohíbe a los servidores públicos el interesarse en provecho propio o de un tercero dentro de la actividad contractual del Estado. Esta norma penal sanciona una conducta que sucede primordialmente en la esfera interna del sujeto activo. Por ello, esta tesis de maestría propone el problema de investigación formulado en la siguiente pregunta: ¿Es suficiente la intención o inclinación del servidor público de obtener un provecho indebido en la actividad contractual del Estado para realizar el injusto penal contemplado el delito de interés indebido en la celebración de contratos? La tesis que se demuestra es una respuesta negativa a la pregunta. Esto es, que no basta la intención o inclinación del servidor público en un provecho indebido para considerar realizado el injusto penal. La tesis demostrada en la presente investigación es que las garantías del derecho penal del bien jurídico, el derecho penal de acto, el principio de legalidad, el principio de lesividad y el riesgo permitido dentro del ámbito del ejercicio de funciones administrativas imponen requisitos de imputación del injusto penal en específico que trascienden a las inclinaciones subjetivas del servidor público.

Imputación objetiva y dolo normativo en el derecho disciplinario : un enfoque funcionalista

Esta tesis aborda desde la teoría general de los sistemas, una estructura de derecho disciplinario con enfoque funcionalista para garantizar la vigencia de prescriptiva de conducta oficial, en el ejercicio del rol funcional de los servidores públicos y particulares que cumplen función pública. Se acude a la imputación objetiva para sostener que el resultado jurídicamente relevante es aquel de contenido normativo exteriorizado en el incumplimiento del deber funcional, puro desvalor de acción desde la teoría del valor, y como vulneración de la prescriptiva subjetiva de determinación desde la teoría de las normas, deber exigible al disciplinable, en su dimensión de persona vinculada al Estado bajo el régimen especial de sujeción. El dolo y su derivado de culpa se determinan conceptual y procesalmente como juicio normativo de adscripción del conocimiento exclusivo y excluyente a partir de competencias funcionales, títulos imputables al concurrir requisitos objetivos.

Evidencia electrónica y proceso penal : el déficit de protección del derecho a la intimidad en el sistema acusatorio colombiano

Los dispositivos tecnológicos utilizados hoy en día permiten el almacenamiento y trasmisión de información de toda índole. Como consecuencia de esta transformación, la información digital contenida en dispositivos electrónicos se hizo atractiva a las investigaciones penales y se incrementó el número de casos criminales basados en evidencia electrónica. Esta realidad dio paso a novedosos y profundos ámbitos de intimidad que el Estado constitucional de derecho y el proceso penal deben proteger, en aras de asegurar que el poder punitivo, no torne la incautación y registro en dispositivos electrónicos en cacerías exploratorias que arrasen con cada ámbito de intimidad de la persona, tornen la garantía en obsoleta y den paso al régimen de un mundo sin privacidad. En este trabajo, la autora hace un recorrido por los fundamentos normativos del derecho a la intimidad y sus garantías en las causas penales, se detiene en el déficit de protección que el sistema penal acusatorio y la jurisprudencia constitucional y penal creó y hace propuestas dirigidas a promover una reforma constitucional y legal y un redireccionamiento de la actual línea jurisprudencial y, para suministrar una solución al déficit actual, propone un método razonable de producción de evidencia electrónica.

Discriminación en contenidos discursivos

El texto es una demostración de cómo la penalización de la discriminación en contenidos discursivos favorece la censura a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Sobre todo si se tiene en cuenta el concepto de lenguaje, ofrecido por Chomsky, donde se establece que la facultad del lenguaje es una competencia libre por naturaleza biológica en la condición humana.

La constitucionalidad de limitar la rebaja de pena en el allanamiento a cargos

Una de las mayores novedades luego de la implementación del sistema penal con tendencia acusatoria fue la creación de mecanismos que permitieran la terminación anticipada del proceso penal. El principio de oportunidad, los preacuerdos e incluso el mismo allanamiento a cargos tomaron fuerza con la modificación constitucional que propició el acto legislativo 03 de 2002. Sin embargo, quince años después de la creación del sistema es fácil percibir cómo, no sólo se han mal interpretado algunas de estas instituciones, sino, que su entendimiento incluso ha dependido de la voluntad política de la jurisprudencia de turno. Este trabajo pretende dilucidar las diferencias estructurales y esenciales entre allanamiento a cargos y preacuerdos, concluyendo que, constitucionalmente son institutos divergentes, pues si bien hacen parte del derecho a terminar anticipadamente el proceso penal, la rebaja de pena en la primera es un derecho subjetivo, en la segunda, uno aspiracional.

El elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio y el estándar de condena

La presente investigación tiene como objetivo El objetivo general del documento es analizar los fundamentos teóricos, epistemológicos y jurídicos que conducen al juez a valorar los indicios para dar por demostrado el elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio, bajo los estándares probatorios del convencimiento más allá de toda duda razonable y de certeza. El documento se estructura en tres capítulos que desarrollan los objetivos específicos de la investigación. En el primer capítulo, se examina la historiografía del derecho penal en relación con las muertes de las mujeres por parte de los varones, desde 1837 hasta el año 2000 y cuáles fueron los antecedentes legales, internacionales y sociales que llevaron a la consagración del feminicidio como tipo penal autónomo. El segundo capítulo identifica el contenido y alcance del elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio, con fundamento en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, el precedente interamericano, la jurisprudencia constitucional y la ordinaria. El último capítulo analiza los estándares probatorios para la condena, referidos a la certeza y al convencimiento más allá de toda duda razonable de cara al tipo penal de feminicidio, para proponer, cómo a través de éstos mismos estándares, el juez puede proferir una sentencia de condena donde encuentre acreditado el elemento subjetivo del tipo.

La participación de particulares como agentes encubiertos

Trabajo acerca del uso de particulares como agentes encubiertos en investigaciones judiciales por parte de la fiscalía, la constitucionalidad que reviste dicha figura a la luz de la normativa vigente, teniendo en cuenta que la investigación criminal es una responsabilidad del Estado para el cumplimiento de sus fines (seguridad y justicia), el particular se ve abocado a desplegar, muchas veces, funciones públicas sin que actualmente exista un marco legal que regule su actuación, tal como lo exige nuestra constitución política. Se aborda temas como los principios que involucra estas operaciones secretas, sobre qué tipo de estructuras criminales y a partir del desarrollo de ciertos tipos penales; tales principios obedecen a la legalidad, subsidiariedad, especialidad, control judicial y proporcionalidad. Se hace una recopilación sobre los requisitos que deben ser exigibles a cualquier particular que sea empleado como agente encubierto, dichos requerimientos (voluntad, capacidad técnica, capacitación legal, preparación psicológica y experiencia) deben ser preferiblemente valorados antes de su designación ante un juez de control y de ser el caso ser reforzados de forma tal que se garantice la mayor protección posible sobre la vida del agente y terceros.

Concepto, tipología y etiología del acoso moral como cibercrimen autónomo-social en el derecho penal

El acoso moral es una problemática amplificada en el contexto de una nueva cibercriminalidad social. La evolución de las nuevas tecnologías y la estructuración de nuevas formas de relaciones sociales a partir de la web 2.0 ha dado cabida a nuevas formas de lesión que si bien existían antes de la Revolución Tecnológica, es a partir de ella que adquieren nuevos contornos tipológicos y nuevas causas etiológicas. Para entender lo anterior, es necesario repensar el concepto de cibercrimen como uno que no solo se circunscribe al aspecto informático, sino que también puede manifestarse en los aspectos sociales de las relaciones en Internet. A partir de ello, es plausible entender que conductas como el ciberacoso son verdaderos cibercrímenes, ahora de naturaleza social, que tienen por fin la salvaguarda de un bien jurídico importante y fundamental del ciberespacio: la libertad y autodeterminación cibernética.

El interrogatorio de un tercero como prueba nueva que permite establecer la inocencia del condenado plenamente en el marco de la acción de revisión consagrada en la ley 906 de 2004 : la garantía de no autoincriminación del tercero interrogado en los juicios rescindente y rescisorio

When a party files a Review motion, based on the third ground described in the 906 Law of 2004, the convicted person must attach to the claim some new evidence or demonstrate a new material fact. The present work deals with the problems created when the new evidence is the interrogation of a third party who recognizes his lone responsibility for the crime the sentenced person was convicted for. Based on the probatory rules and principles of the Review proceedings and the criminal proceedings, legal answers are provided to the absence of the person who was interrogated in the rescindent and rescissory trials.

¿La Ley 975 de 2005 y su modelo sancionatorio se encuentra acorde con las exigencias internacionales para los procesos transicionales?

Teniendo en cuenta la coyuntura que se registra dentro del territorio nacional, con la coexistencia de 2 jurisdicciones transicionales, y la polarización respecto a temas como el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), generaron todo tipo de señalamientos y acusaciones sobre cómo este acuerdo en particular es un aliciente a la impunidad para aquellos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en cuanto se indica que los máximos responsables pagaran penas irrisorias, por ello lo que se pretende en este trabajo es determinar si la implantación del modelo de justicia transicional en especial el que trata la Ley 975 de 2005, y su componente sancionatorio se ajusta a los requerimientos internacionales, así mismo es pertinente indagar si la denominada pena alternativa se compadece con los fines tradicionales de la pena. Finalmente, con este breve texto se pretende instruir al lector acerca de la naturaleza jurídica de la Ley de Justicia y Paz, y en la medida que las fuentes de información lo permitan, crear conciencia sobre la dinámica de un proceso transicional, siendo este modelo de justicia que en virtud de sus propósitos, ostenta una concepción distinta al patrón de justicia tradicional.

La prohibición de rebajas de pena a preacuerdos en delitos sexuales contra menores de edad

El presente trabajo de investigación jurídica expone aquellos presupuestos de constitucionalidad en el sistema acusatorio colombiano, que son vulnerados por la prohibición de rebajas de pena en la realización de preacuerdos en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores (NNA), contemplados en el numeral 7 del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia (CIA). Dicha vulneración tiene fundamento en la Política Criminal del Estado que protege y garantiza los derechos de NNA. La investigación aborda una metodología cualitativa basada en el análisis documental, que examina doctrinas y jurisprudencia internacional y nacional en aras de identificar la relación de causalidad entre el desmedro de garantías de los procesados y la prohibición de rebajas establecida en el CIA. Entre los hallazgos más relevantes se tiene que existe un conflicto entre principios del Derecho Internacional tales como el debido proceso, justicia pronta y legalidad, y las disposiciones jurídicas del CIA, también basadas en el Derecho Internacional, particularmente en el principio de protección superior del niño (pro infains) que prohíben rebajas a procesados por estos delitos. Además, dicha prohibición ha contribuido a congestionar los despachos judiciales del ente acusador, así como los de la judicatura.

La protección del derecho al acceso real a la administración de justicia de las víctimas en el procedimiento de desarchivo de la indagación preliminar

The right to real access to the administration of justice for victims implies the possibility for these subjects of especial protection regardless of their economic status or otherwise to resort to the system provided for conflict resolution and vindication of their rights. It pretends different manifestations such as the right to be heard, to have suitable tools for dispute resolution and sanction of crimes, the right to an effective remedy, the right to an impartial investigation as wwll as the right to an independent and impartial tribunal, the right to obtain a response within a reasonable time and that is an accordance with the law. However, although its importance becomes effective in the face of the decision of the file of the proceedings issued by the investigating entity (art. 79 CPP), there are barriers to access to the procedure for the filing of the proceedings that prevent the effectiveness in the protection of that fundamental right, such as: The lack of sufficient parameters to define the meaning and scope of the cause for filing by new EMP or EF, the absence of ordinary procedural means expressly enshrined in Law 906 of 2004 to resume the investigation incases of manifestly arbitrary archival orders, among others that arise due to the lack of legislative regulation of that procedure, among other factors.

Actuación de la policía judicial de Colombia en el marco de la cooperación internacional en asuntos penales

El presente trabajo aborda la problemática de la actuación de la policía judicial en Colombia en el marco de la cooperación internacional en asuntos penales, aspecto que cobra bastante relevancia, cuando los Estados en aras de combatir el crimen organizado, transnacional y delitos graves, haciendo uso de su autodeterminación y soberanía, decide suscribir instrumentos internacionales, mediante los cuales acuerdan cooperar en términos de reciprocidad, estableciendo, canales, formas técnicas y medios para intercambiar información y material probatorio que les permita adelantar sus investigaciones criminales efectivizando su justicia. Para ello, se inicia con la recolección y análisis de instrumentos internacionales, jurisprudencia y doctrina que permita determinar conceptos y contextualizar la cooperación internacional en asuntos penales, modelos y niveles, para luego buscar aspectos similares y diferenciadores útiles para los funcionarios de policía judicial y la administración de justicia; también se aborda las generalidades y dependencia funcional de la policía judicial, instituciones o entidades que cumplen la función, actividades de investigación criminal adelantadas por policía judicial en marco de la cooperación internacional, equipos conjuntos de investigación y técnicas especiales de investigación.

¿Es posible tipificar el síndrome de alienación parental como delito autónomo en Colombia?

En Colombia no se encuentra tipificado como delito el denominado síndrome de alienación parental (SAP), sin embargo, la problemática actual en ternas de familia ha permitido que, ante fa separación o ruptura de una relación sentimental, uno de los padres de un menor de edad instrumentalice a su propio hijo con el firme y vil propósito de ocasionar un daño a su ex pareja y sin la más mínima consideración frente al daño que ello le pueda ocasionar. El presente trabajo de investigación es, en esencia, una propuesta para que conductas como las que describen el concepto del SAP sean castigadas penalmente y así tratar de evitar que se continúe facilitando prácticas tan perjudiciales que indudablemente afectan la salud de nuestros niños niñas y adolescentes.

La tentativa en el delito de hurto mediante medios informáticos

Esta investigación se enfocó en estudiar a profundidad el presente fenómeno, el cual ha sido excluido por alguna parte de la jurisprudencia nacional, sin embargo, el mismo fenómeno a través del derecho comprado presenta diferentes rasgos frente a la apreciación del mismo, por ejemplo en el cual España en su línea de derecho penal, aprueba la concurrencia del fenómeno del tipo penal, aceptada la tentativa y a pesar de poseer diversos artículos frente a la realización del hecho doloso a través de diferentes medios y técnicas informáticas en su consumación. A través del derecho comparado su aceptación o más bien la aplicación de dispositivo amplificador del tipo penal Tentativa, el cual es aplicado en diferentes países frente a la realización de delitos de carácter informático. La aplicación de la modalidad de tentativa en los delitos informáticos en nuestro país no se acoge la tesis y se descarta de plano el mismo con la finalidad de encajar o encuadrar dentro de los demás tipos penales creados por el legislador no significa que el mismo no se presente en la realización del hecho reprochable orientados específicamente al delito informático o ciber-crimen.

Intervención delictiva e imputación de conductas punibles cometidas por grupos de crimen organizado

El crimen organizado es fenómeno que afecta de manera ostensible la seguridad ciudadana y la estabilidad e institucionalidad de un Estado, esta clase de criminalidad es materializada por grupos de personas en las que los responsables que merecen mayor reproche jurídico penal son individuos que no intervienen en la ejecución de la conducta como los jefes de organizaciones criminales o los coordinadores de la ejecución de graves delitos. Por lo anterior surge la necesidad de explicar en qué consiste este fenómeno de criminalidad, cómo se puede reprimir esta forma de criminalidad por parte del derecho penal, cuáles formas de atribución de responsabilidad penal logran cobijar a quienes merecen mayor reproche penal y cuál manera de atribución de responsabilidad penal resulta más conforme con nuestro ordenamiento jurídico.