Violencia sexual en el conflicto armado : barreras para acceder a la justicia
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Resumen en español
El patriarcado, basado en la posición dominante del hombre en la familia y en la opresión hacia la mujer, ha permeado las instituciones y las generaciones hasta el día de hoy; el poderío masculino se ha impuesto y se ha mantenido a través de la historia, entre otros mecanismos, con la violencia contra la mujer y los hijos. La sexualidad ha sido el producto de todas esas prácticas de opresión cuyo mensaje consciente e inconsciente le otorga a la mujer y a su comportamiento un menor valor. Mensaje que ha sido socializado generación tras generación y que al ser internalizado (Berger y Luckmann , 1999: 170 y ss) en el hombre ha legitimado la arbitrariedad y la violencia en contra de la mujer. Dicha violencia –física, sexual o psicológica– se ha extendido tanto en el ámbito familiar –doméstico– como en el público. Las agresiones sexuales en contra de las mujeres en su mayoría no son denunciadas ante organismos o entidades del Estado. Pero dentro del conflicto armado las agresiones sexuales, pese a ser sistemáticas y generalizadas, han sido invisibilizadas por el Estado y en general por la sociedad. Existe un alto subregistro de estos delitos por parte de organismos del Estado. El Estado ha incumplido con su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, más cuando se trata de violencia sexual contra las mujeres, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado. Deber que se acentúa cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Del mismo modo, las mujeres víctimas de tales agresiones no denuncian estos hechos, pues se enfrentan a varias causas, como miedo, desconocimiento del código del sistema judicial, desconfianza en el mismo, etc. Esta situación impide que los derechos afectados sean reparados y que dichas agresiones se repitan. De tal suerte que se atenúen los límites del conflicto armado y se amplía cada vez más la brecha entre hombres y mujeres.