GO. Departamento de Derecho Civil

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Documentos del Departamento de Derecho Civil

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Responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de reforma constitucional

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El presente artículo analiza la procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado a partir de los daños antijurídicos causados como consecuencia de los actos legislativos de reforma constitucional, previa declaración de inexequibilidad debido a la desatención de los límites formales o competenciales contemplados en el texto constitucional. Esta situación deriva en la configuración de la falla en la prestación del servicio por incumplimiento de la carga obligacional del Estado y permite la aplicación de la cláusula general de responsabilidad, en la cual no se exceptúa a ninguna autoridad pública.

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La defraudación de la confianza legítima ¿Es un fundamento autónomo de responsabilidad del estado?

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Este artículo tiene como objetivo abordar de manera teórica conceptos como confianza legítima, teoría de los actos propios y buena fe, así como estudiar a través de la jurisprudencia de las diferentes cortes, algunos de los eventos de configuración que han generado la declaratoria de responsabilidad. El resultado del análisis permite concluir que tanto en la esfera del derecho privado como del público la vulneración, defraudación o el desconocimiento de la confianza legítima generan responsabilidad. De manera particular, se encontró que en los últimos años el Consejo de Estado ha planteado que la trasgresión de la confianza legítima es un fundamento autónomo de responsabilidad; desechando sin mayor justificación que en eventos como el desalojó de vendedores ambulantes o en casos en donde el Estado aún con su actuar lícito ha desconocido dicho principio, se han aplicado otros regímenes como la falla del servicio o el daño especial. Permitiendo concluir que, para declarar responsable al Estado por defraudación del principio de confianza legítima no es necesario formular o crear un nuevo título de imputación.

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Responsabilidad del estado por los daños causados a la integridad sicofísica de los miembros de la fuerza pública y subsistencia de la obligación de reparar el lucro cesante ante el reconocimiento de una pensión de invalidez

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En el presente trabajo se estudia la procedencia de la indemnización del lucro cesante en aquellos eventos en los que se declara la responsabilidad de la Administración por daños causados a la integridad sicofísica de los miembros de la Fuerza Pública, cuando por esos mismos hechos a esa persona se le ha reconocido una pensión de invalidez. Dicha discusión, como se verá, en la actualidad no ha sido zanjada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuyas Subsecciones no tienen una postura uniforme. La finalidad del estudio es sostener que, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, dicha prestación social no extingue la obligación indemnizatoria en cabeza del responsable del daño.

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¿Cuál debería ser el alcance de la reparación a la víctima de un ílicito penal en los eventos en que tuvo lugar la prescripción por la Responsabilidad del Estado?

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La responsabilidad del Estado causada por la prescripción de la acción penal es un tema poco explorado al mezclar distintas legislaciones y diferentes jurisdicciones con sus respectivos precedentes judiciales. En esta problemática inciden asuntos civiles, penales y administrativos lo que aumenta la dificultad de su estudio, sin embargo, se pretende indagar lo concerniente a la reparación de los perjuicios en estos casos, haciendo un énfasis en el alcance que deberían tener los perjuicios a los bienes constitucionales, convencionalmente protegidos y la perdida de oportunidad, llegando a análisis y criterios que pueden hacer más justa la reparación.

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Responsabilidad internacional del estado colombiano por la no reparación de las víctimas del conflicto armado, en el marco del acuerdo final de paz

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La presente investigación plantea la posibilidad de atribuir responsabilidad internacional al Estado colombiano cuando los miembros de las antiguas Farc-EP no reparen a las víctimas del conflicto armado, en virtud de las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo de Paz. Para ello, resulta pertinente analizar la naturaleza jurídica del acuerdo y su carácter vinculante en el ámbito internacional; identificar las obligaciones adquiridas por las partes firmantes del acuerdo; analizar el cumplimiento de esas obligaciones en materia de entrega de bienes a disposición de los ex miembros de las Farc-EP para reparar a las víctimas; y determinar el alcance de la responsabilidad internacional del Estado por la ilicitud del hecho en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se llegará a la conclusión que, en ejercicio de la función de garante que tiene el Estado respecto de una obligación vigente, ante el desacato de cualquiera de las parte firmantes del acuerdo el Estado se subroga en dicha obligación, pese a no estar obligado a suscribir acuerdos de paz, o no comprometerse directamente con determinadas obligaciones, sino a través de un tercero

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Una aproximación al alcance del deber de mitigar el daño

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El deber de mitigar el daño, es un deber que ha tomado fuerza a nivel internacional y que a la postre impacta el quantum de la indemnización a la que tiene derecho la víctima negligente. Así las cosas, este trabajo es una mirada al nacimiento de este deber, sus elementos integradores, el alcance de sus efectos, y a su vez analiza brevemente los aciertos y desaciertos de la jurisprudencia nacional de las altas cortes.

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Responsabilidad por omisión del consentimiento informado y ausencia de daño: a propósito de la sentencia del 27 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá

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Existe un importante antecedente jurisprudencial que, sin tener la fuerza de un precedente por no haber sido pronunciado por el órgano de cierre (Consejo de Estado), no pasa desapercibido por desarrollarse a través de un Tribunal Administrativo. Se trata de la sentencia de segunda instancia del 27 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que, a pesar de la demostración del cumplimiento de la obligación de medio en cabeza de los profesionales de la salud y la buena praxis médica, resuelve condenar por la omisión y/o información incompleta de los riesgos asociados a procedimientos quirúrgicos y que nunca fueron controvertidos a lo largo del debate probatorio. Tal postura resulta controversial, no solo en cuanto al ámbito procesal se refiere (principio de congruencia y tarifa legal del consentimiento informado) sino por la certeza del daño como elemento constitutivo de la responsabilidad.

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Las calidades éticas de los productos en los contratos con el consumidor: influencia de los derechos humanos en la invalidez y el incumplimiento como elemento para la construcción de un consumo justo y responsable en las relaciones de consumo

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Los principios e instituciones del derecho de contratos aportan a la protección de derechos humanos durante la cadena de suministro, en cumplimiento de la función social de las relaciones patrimoniales entre particulares, en especial de las relaciones de consumo, mediante estándares éticos, comportamiento de las partes y funcionalidades de los productos, que integran el contrato y que, en caso de lesión de derechos humanos, logran activar algunos mecanismos de protección para el correcto funcionamiento del mercado.

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Alcance de la obligación de la educación del consumidor financiero en Colombia

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La educación del consumidor financiero se ha convertido en una de las prioridades de los países industrializados, que la han visto como una estrategia de crecimiento económico y financiero. En Colombia el legislador y el ejecutivo a partir de la Constitución política de 1991 han venido poco a poco produciendo normatividad tendiente entre otras cosas a proteger el consumidor financiero y en ese sentido ha establecido que a las entidades financieras le corresponde educar financieramente a sus clientes y usuarios de acuerdo con los productos y servicios que ofrezca cada una. A través del presente escrito se pretende hacer unas reflexiones respecto a la forma como las entidades han venido cumpliendo con ese mandato legal de educar financieramente a sus clientes y usuarios y qué alcance debe tener tal obligación. El trabajo investigativo se encuentra conformado por tres (3) capítulos, con el primero se busca mostrar la importancia para el sistema financiero de la educación, la educación financiera y la incidencia que tiene la educación del consumidor financiero en el crecimiento de la industria financiera, la estabilidad del sistema financiero y el mejoramiento del nivel de vida de los clientes y usuarios del sistema financiero; en el segundo se hace referencia a la obligación legal que le corresponde a las entidades vigiladas de educar al consumidor financiero y se insiste en que dicha responsabilidad no está siendo cumplida a cabalidad y en el tercer aparte, se formula una propuesta en el sentido de sugerir cual debería ser el contenido de dicha obligación y qué estrategias deberían implementar las entidades financieras, para ofrecer una educación financiera de calidad, que constituya con la formación integral de sus clientes y usuarios y se busque la equidad y el equilibrio contractual de las partes.

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Tutela jurídica de los compradores de proyectos de vivienda desarrollados bajo el esquema de fiducia inmobiliaria frente al incumplimiento contractual del fiduciario

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Este estudio tiene por objeto determinar si es procedente que los compradores de vivienda, bajo esquemas de fiducia inmobiliaria, puedan demandar directamente a las sociedades fiduciarias, para que estas con su propio patrimonio, indemnicen los daños y perjuicios causados como consecuencia del siniestro del proyecto inmobiliario, cuando este obedezca al incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la sociedad fiduciaria.

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Responsabilidad civil en los accidente de tránsito : un análisis del sistema resarcitorio a las víctimas de accidentes de tránsito en Colombia y la posible implementación de los fondos de compensación

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Los sistemas de resarcimiento a víctimas buscan indemnizar o compensar a las personas que han sufrido algún tipo de lesión en su persona o en sus bienes, entre ellos encontramos los sistemas de seguros, la responsabilidad civil y los fondos de compensación por accidentes. Colombia es uno de los países con mayores tasas de accidentes de tránsito, y en esta materia nos encontramos con un marco institucional conformado por el SOAT, el Fosyga, el sistema general de salud, los seguros de responsabilidad no obligatorios y la responsabilidad civil; institucionalidad que en conjunto busca resarcir a las víctimas, pero que muchas veces no lo hace de forma eficiente. Es por ello que en este trabajo se hace un análisis de los fondos de compensación creados originalmente en Nueva Zelanda, como una posible solución para complementar y hacer más eficiente el sistema de responsabilidad relativo a los accidentes de tránsito.

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Reparación del daño por afectación relevante a bienes o derechos convencional y/o constitucional amparados

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El Consejo de Estado Colombiano modificó de manera drástica la reparación del perjuicio inmaterial – diferente al moral-, por medio de las sentencias de unificación proferidas el 28 de agosto de 2014, a través de lo que se denominó la “constitucionalización del derecho de daños”, estableciendo los referentes para la reparación de los perjuicios inmateriales. Bajo este panorama, se abrió la puerta para indemnizar cada uno de los derechos convencional y/o constitucionalmente protegidos afectados por el hecho dañoso, y se dejó a un lado la clasificación tradicional de perjuicios morales y daño a la vida en relación, que para ese momento era unánimemente aceptada por las altas Cortes Colombianas. Con base en todo lo anterior, la presente investigación pretende reflexionar en torno a la nueva categoría de daños inmateriales denominados daños por afectación relevante a bienes o derechos convencional y/o constitucionalmente amparados, con el fin de verificar si su aparición en el escenario jurídico nacional deriva en una mayor protección para las víctimas; o si, por el contrario, las categorías anteriores respondían de mejor manera a la satisfacción de sus derechos.

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Malformaciones del feto - daño por error de diagnóstico

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Los diagnósticos prenatales permiten a los profesionales de la salud identificar la presencia de graves malformaciones del feto antes de nacer, lo que posibilita a los progenitores optar por el aborto. El errado diagnóstico del médico vulnera las obligaciones del profesional de la salud, en términos de diligencia e información con sus pacientes, a quienes les podría causar un perjuicio; en tal caso, deberá responder frente al resultado dañino, cuando no logre demostrar que actuó con diligencia, prudencia y/o pericia. Al nacer un niño con malformaciones se podría afectar una serie de derechos, en cabeza de los progenitores, generando un daño que deberá ser indemnizado por el profesional que no cumplió sus deberes, al no suministrar un diagnóstico oportuno y verídico, es decir, que inobservó sus obligaciones. Con el presente artículo se pretende demostrar la existencia de los daños causados a los padres cuando, por error en el diagnóstico del médico, nace un bebé con malformaciones graves, sin que ellos hubiesen sido informados previamente de tal condición, ocasionando la vulneración al derecho a optar por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

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Responsabilidad del Estado por la expedición irregular de licencias urbanísticas

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Esta monografía pretende analizar la responsabilidad del Estado en materia urbana. por la expedición irregular de licencias urbanísticas. El objeto principal es determinar si se configuran los elementos que la constituyen y que permiten su declaración, cuando se profiere una licencia, cuyo contenido se encuentra viciado de ilegalidad al haber sido expedida inobservando la normativa urbanística correspondiente. Ilegalidad que puede obedecer a dos circunstancias: De un lado podemos plantear la hipótesis de que la ilegalidad es generada por errores de fondo ocurridos en su expedición a cargo de la curaduría urbana. Y una segunda hipótesis plantea que la ilegalidad obedece a los eventos en los cuales la licencia se expide en contra de la normatividad contenida en el POT. A fin de concluir que, para que proceda la declaración de responsabilidad por este hecho, su titular o el tercero, deberá acreditar la existencia de un daño antijurídico y. que éste fue producto de una falla en la prestación del servicio a cargo de la administración pública. el curador urbano o la superintendencia de notariado y registro ente encargado de hacerle seguimiento a la función que desarrollan las curadurías urbanas.

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Interpretación de los contratos con el consumidor : aplicabilidad de los criterios tradicionales de interpretación y su correspondencia con los criterios contemporáneos diseñados para los contratos con el consumidor

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La revolución industrial llevó al surgimiento de estandarización y producción en masa en el siglo XX, por lo que aparecieron categorías como el contrato con el consumidor, que involucra asimetría jurídica, cognoscitiva y económica entre las partes, así como una efectiva protección. Antes que resultar inadecuadas, la contextualización del Código Civil de Bello y su comprensión con base en la buena fe muestran que las reglas de interpretación tradicionales aplican para dicho contrato porque responden a la asimetría al regular criterios de interpretación objetivos que restablecen el equilibrio entre las partes, la reciprocidad y la interdependencia propios del sinalagma.

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Presupuestos para el reconocimiento de la mayor permanencia en el contrato de obra pública : aspectos doctrinales y jurisprudenciales

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Este estudio pretende identificar los presupuestos para que proceda el reconocimiento de la mayor permanencia en el contrato de obra pública, desde el análisis de su tipología contractual, daño o sobrecostos, imputación y distribución de riesgos; hasta el mantenimiento del equilibrio contractual, con fundamento en la teoría de la imprevisión.

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De las implicaciones en el contrato de arrendamiento de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para la contención y manejo de la pandemia ocasionada por el COVID 19

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El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis acerca del efecto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales con el ánimo de contener la propagación de la actual pandemia ocasionada por el COVID-19, sobre las obligaciones generadas en el marco de un contrato de arrendamiento, y así mismo exponer algunas de las opciones que ofrece el ordenamiento jurídico ante las posibles situaciones de no cumplimiento o inejecución de dichas obligaciones en virtud de los actos de autoridad materializados en la restricción a la libre circulación, reunión o desarrollo de ciertas actividades industriales y comerciales.

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La responsabilidad civil por los daños a la persona causados en el contrato de enseñanza ecuestre en Colombia

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La equitación es una actividad que, sin duda, envuelve sendos riesgos, con altas probabilidades de ocurrencia e, incluso, enfrenta al deportista a daños mortales. La enseñanza de la equitación, a su vez, lejos de escapar de estos riesgos, involucra a aprendices, quienes, la mayoría de las veces, son niños. Colombia carece de una regulación que habilite a las personas a servir como profesores, de manera que, cualquiera con un caballo podría, legalmente, impartir clases. Esta ausencia de reglas conduce a un difícil análisis de responsabilidad civil ante la ocurrencia de un daño a la persona del alumno, en el ejercicio del aprendizaje ecuestre. Por esto, este estudio pretende analizar, en el marco legal colombiano, las obligaciones contractuales que recaen sobre cada una de las partes para, posteriormente, determinar la responsabilidad civil contractual predicable ante la ocurrencia de los posibles daños.

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Contratos coligados : un estudio de la funcionalidad o disfuncionalidad en el ejercicio de los remedios frente al incumplimiento a partir del concepto de causa

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La coligación contractual constituye una forma de disposición de intereses caracterizada por vincular, mediante un nexo de interdependencia funcional, una pluralidad de contratos autónomos e independientes, para lograr una finalidad que se hace posible únicamente por la articulación de sus efectos. Esa estructura, que se muestra en la realidad como una unidad económica y jurídica inescindible, requiere para su buen funcionamiento de una consideración sistemática de la causa que, siendo una manifestación del principio de buena fe, orienta no solo la celebración, interpretación y el cumplimiento de la operación, sino también la legitima gestión de los efectos del incumplimiento mediante el ejercicio de los remedios.

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La responsabilidad extracontractual del estado y el mototaxismo en Colombia

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El objetivo de la investigación fue abordar el análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado colombiano por la muerte o el daño en la salud del usuario y/o “pasajero” del servicio de transporte irregular en motocicleta, también denominado “mototaxismo”, por la omisión en el cumplimiento de los deberes normativos que se imponen al Estado -y específicamente a las autoridades municipales por delegación- para la vigilancia y el control de esta actividad en Colombia.

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