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GFA. Programas Académicos - Departamento de Derecho Constitucional

El control de convencionalidad en materia ambiental aplicada por los jueces del Departamento del Choco, para la protección de la minería ancestral y artesanal en sus dimensiones individuales, sociales y colectivas

La presente investigación, se enfoca en determinar, cuales son los efectos del control de convencionalidad en materia ambiental, aplicado por los jueces del Departamento del Chocó, como mecanismo de protección del derecho al medio ambiente, ante las implicaciones de la minería ancestral y artesanal en sus dimensiones individuales, sociales y colectivas, en el marco temporal comprendido entre los años 2013 y 2018. Para estos efectos se entiende por control de convencionalidad, la obligación que tienen los operadores judiciales y todas las entidades que cumplen funciones públicas en cada uno de los Estados Partes, que conforman el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH), de efectuar no solo un control de legalidad y de constitucionalidad, en el marco de su derecho interno, sino también el de integrar a la resolución de los asuntos de su competencia, la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como valor supremo de protección y reivindicación de los derechos de los sujetos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia; por ello, para el caso que nos ocupa, cobra relevancia el estudio del control de convencionalidad desde la perspectiva de las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, y mestizas afrochocoanas, que pueden ver afectados sus derechos fundamentales como consecuencia del desarrollo de la minería que se práctica en el Departamento del Chocó. Con este objetivo se tomará especialmente en cuenta la caracterización económica del Departamento del Choco, zona, por vocación de tradición estratégica minera, que se constituye en el motor central del desarrollo económico regional.

Análisis jurídico de los acuerdos marco del sistema de compras públicas en Colombia y su posible afectación a la autonomía de las entidades territoriales

La contratación pública es una de las herramientas más importantes para que, entre otros, los gobernantes pongan en práctica sus promesas de campaña, amén que, les permiten el manejo adecuado del presupuesto para cada región y la adquisición de los bienes o servicios que cubrirán las necesidades que ya previamente han identificado en su comunidad, es por esto que la reglamentación de dicho aspecto redunda en el soporte del Estado mismo. A su vez, la autonomía de esos dirigentes, que resulta definida a grosso modo como la facultad de la entidad territorial gestionada de decidir sobre el erario, para así determinar incluso, la manera más efectiva de administrarse. Sin embargo, en el sistema de compras colombiano, que será explicado en este artículo, se crearon mecanismos que inmersos en el ámbito de decisión gubernamental compromete la autonomía de los entes, entre estos, los Acuerdos Marco de Precios, en los que se ahondará a continuación, para revisar puntualmente como se materializan de cara a la ya evocada autonomía territorial, hasta el punto, quizá, de afectarla negativamente y que de la misma manera se restringe. Por tanto, en el presente texto se analizará la eventual pérdida de autonomía de las entidades territoriales, como consecuencia del obligatorio acogimiento de los Acuerdos Marco de Precios como herramienta para efectivizar los recursos públicos o las compras estatales, para lo que se generará una descripción jurídica de aquella figura, se explicará la regulación de los Acuerdos Marco de Precios, como componentes del sistema de compras, y se estudiarán aquellos para identificar la posible afectación al principio en cita; con lo que se logrará, no solo veracidad en las conclusiones a las que se arribe, sino que además, le permitirá al lector la contextualización pertinente afín con los tópicos a tratar. Así mismo, debe decirse que la investigación se abarcará a través de la metodología descriptiva analítica, que será la única plausible de cara al estudio puntual de la normativa aplicable, pues logra facultar el arribo de las conclusiones y, el aporte al lector y a los espacios académicos de reflexión y cuestionamiento actuales en el país.

Impactos de los megaproyectos mineros en las comunidades de Jericó, Segovia y Remedios.

La IED en proyectos extractivos genera afectaciones a las poblaciones receptoras. Las más comunes son los cambios en las costumbres sociales, en el ambiente y prácticas de producción. Por ello es importante esbozar los impactos que han generado los megaproyectos mineros en Colombia. La presente investigación se centra en el estudio de casos: i) la exploración de cobre, oro y plata por parte de AngloGold Ashanti en Jericó; y ii) la explotación aurífera por parte de Gran Colombia Gold en Segovia y Remedios. El estudio de caso se justifica en la necesidad de intercambio de experiencias y en la creación de espacios de socialización, como estrategia de fortalecimiento comunitario y de concientización ciudadana. Se concluye que los principales impactos ocasionados en Jericó son la ruptura del tejido y tradición social. En Segovia y Remedios, el proyecto no genera empleo de calidad y la empresa minera no ha aportado al crecimiento y desarrollo humano de la región.

¿La restricción del derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual se ajusta a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad?

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce que todas las personas son iguales ante la ley, e n virtud de ella tienen derecho a la misma protección legal sin discriminación. A pesar de que Colombia ya la aprobó por medio de la Ley 1346 de 2009 aún persisten normas que generan interrogantes frente a los derechos de las personas con discapacidad como la Resolución 825 de 2018 del Ministerio de Salud, que regula el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes, cuyo artículo 3 determina expresament e que las personas con discapacidad intelectual están excluidas de la posibilidad de elevar la solicitud del procedimiento eutanásico. En este orden de ideas se pregunta si: ¿la restricción del derecho a morir dignamente de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual se ajusta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Se parte del supuesto que esta norma vulnera lo esgrimido en la Convención, por cuanto desconoce el derecho de esta población, al derecho a morir dignamente, debiéndosele garantizar la asistencia apropiada a su discapacidad y edad. Finalmen te, se expondrá las conclusiones que ha arrojado este estudio.

Inhabilidad preventiva en el estatuto de contratación en contravía con el derecho fundamental al debido proceso

El trabajo de grado busca responder y establecer alternativas en relación con las medidas preventivas contenidas en el artículo 2 de la ley 2014 de 2019, la cual desarrolla un nuevo concepto de inhabilidad no contemplado en el estatuto de contratación, relacionado con las inhabilidades preventivas, las cuales consiste en la prohibición para contratar con el estado en los casos en los que esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria. Por lo anterior, trabajo busca determinar la inconveniencia de las inhabilidades preventivas en el ordenamiento jurídico contractual, establecer la necesidad de ampliar o eliminar dicha medida, precisar las consecuencias en materia contractual y los daños antijurídicos al estado en eventos en los cuales se absuelve al apelante, por último, analizar la violación del derecho fundamental al debido proceso y presunción de inocencia con la existencia de dichas inhabilidades preventivas.

La objeción presidencial al proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia en la jurisdicción especial para la paz – JEP.

El trabajo de investigación consiste en el estudio de las objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, comprendido en dos partes: la primera desarrolla lo concerniente al marco teórico general de las objeciones que por razones de inconstitucionalidad o por motivos de inconveniencia puede formular el Presidente de la República, conjuntamente con el ministro del sector administrativo respectivo, sobre proyectos de ley, haciendo énfasis en las objeciones como manifestación de control del Ejecutivo sobre el Legislador, desde la perspectiva del Principio de separación de poderes dentro del Estado Constitucional y teniendo en cuenta la evolución que esta figura registra en el constitucionalismo colombiano, hasta llegar a su regulación actual con base en la Constitución Política de 1991. La segunda parte aborda el estudio específico de las objeciones presentadas por el Presidente de la República al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, a partir de considerar, entre otros aspectos, la decisión del control de constitucionalidad previo, automático y único, realizado sobre el proyecto (Sentencia C-080 de 2018), el contenido y alcances de las objeciones, el trámite dado a las mismas y la posterior actuación de la Corte Constitucional.

Medidas provisionales de la corte IDH como mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno en Colombia

Este documento trata sobre un estudio académico en el que se pretende llevar a cabo un análisis de la relación entre el conflicto armado interno en Colombia y las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en favor de los Defensores y Líderes sociales entre los años 1999-2019. Para tal efecto, se expondrá el contexto histórico del conflicto armado a los ojos del sistema. Luego, se desarrollará una segunda parte en la que se busca explicar la noción de defensor de derechos humanos, los obstáculos y secuelas que conlleva su actividad así como un recorrido de la situación actual de los mismos. Finalmente, se presentará un estudio de los casos elevados ante la CorteIDH para la defensa de los defensores/líderes sociales y a su vez, los patrones de criminalidad que se evidencian en las agresiones en su contra y algunos datos estadísticos para luego culminar con una reflexión sobre el papel que tienen las medidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a esta latente problemática.

La efectividad de la reparación colectiva como mecanismo de justicia transicional en el restablecimiento de los derechos del sujeto de reparación "El Tigre" desde el año 2013 hasta el año 2020

La comunidad de El Tigre, en el Valle del Guamuez, Departamento de Putumayo, fue piloto en el proceso de reparación colectiva en Colombia, dicho proceso se inició en el año 2008, ello bajo la vigencia de la Ley 975 del 2005, empero, con posterioridad aparece la Ley 1448 de 2011, y su Decreto Reglamentario 4800 del mismo año, que trae algunos aspectos novedosos entorno a la reparación colectiva, ello, producto del aprendizaje de las pruebas piloto realizadas, dejando a ésta comunidad al margen de los nuevos enfoques de reparación, lo que contraría el espíritu de recomposición de su estructura social. El presente texto se propone evidenciar la contradicción inmersa en el proceso de reparación del sujeto colectivo El Tigre, quien a la luz de la normatividad vigente no puede ser “doblemente reparado”, advirtiendo que en su reparación inicial hubo vacíos que la experiencia debió cubrir y que la marginan de manera injusta.

El estatuto de la oposición política y su aplicación en las dos primeras legislaturas del cuatrenio 2018-2022 en el congreso de la República de Colombia

El texto analiza la figura del Estatuto de la Oposición Política partiendo de los debates en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que llevaron a su consagración en el artículo 112 de la Constitución Política. Revisa los antecedentes, reformas constitucionales y el trámite que surtió para convertirse en Ley de la República. Contiene las generalidades de la Ley Nº 1909 de 2018, la reglamentación expedida por el Consejo Nacional Electoral y presenta un balance de su implementación en las dos primeras legislaturas del cuatrienio 2018-2022 en el Congreso de la República de Colombia. Se plantea que en este periodo las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno Nacional en el Congreso de la República han tenido una mayor visibilidad en su labor legislativa y de control político, ya que a partir del 20 de julio de 2018 cuentan con una herramienta formal para la garantía de sus derechos. Sin embargo, todavía están lejos de una garantía plena y efectiva frente a los partidos de gobierno e independientes, por lo cual se requiere una serie de reformas que permitan materializar el derecho fundamental a la oposición política y de esta manera consolidar el tan anhelado pluralismo político.

El espejismo de la responsabilidad internacional de las empresas transnacionales : un reto para el contexto colombiano

En el marco de la globalización, los tratados bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio, aparecen en la escena internacional nuevas personas jurídicas que realizan actividades económicas en más de un país a las cuales se les ha nominado empresas transnacionales. Estas entidades se han convertido en un referente ambivalente: en la economía mundial, se han posicionado como actores importantes de poder mientras que en materia de derechos humanos son entes que en su mayoría desconocen y vulneran la normatividad internacional y de los países destino, sin tener un instrumento jurídico que las regule. En ese sentido, esta investigación se centra en responder ¿cuál es la responsabilidad jurídica que tienen las empresas transnacionales en materia de derechos humanos en Colombia? a través de la aproximación a la noción de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos existente, las propuestas de soft law y hard law que se han desarrollado a lo largo del siglo XX en materia de responsabilidad de las empresas a nivel internacional y regional, para finalmente, identificar y analizar el caso colombiano sobre la responsabilidad jurídica de las empresas transnacionales, y así demostrar el espejismo que existe alrededor de la responsabilidad de estas empresas.

Los cambios en la responsabilidad patrimonial del Estado al entrar en contacto con los nuevos sujetos de derecho

El reconocimiento de los nuevos sujetos de derecho por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia T-622 de 2016 supone una transformación sin precedentes en la responsabilidad del Estado colombiano por daños al medio ambiente en la medida en que dicho reconocimiento generó una mayor connotación jurídica ambiental en el ámbito de la responsabilidad patrimonial por tal motivo es necesario hacer un análisis donde se observen los cambios en la responsabilidad patrimonial del estado al entrar en contacto con los nuevos sujetos de derecho.

El derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual : ¿la restricción del derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual se ajusta a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad?

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce que todas las personas son iguales ante la ley, e n virtud de ella tienen derecho a la misma protección legal sin discriminación. A pesar de que Colombia ya la aprobó por medio de la Ley 1346 de 2009 aún persisten normas que generan interrogantes frente a los derechos de las personas con discapacidad como la Resolución 825 de 2018 del Ministerio de Salud, que regula el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes, cuyo artículo 3 determina expresament e que las personas con discapacidad intelectual están excluidas de la posibilidad de elevar la solicitud del procedimiento eutanásico. En este orden de ideas se pregunta si: ¿la restricción del derecho a morir dignamente de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual se ajusta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Se parte del supuesto que esta norma vulnera lo esgrimido en la Convención, por cuanto desconoce el derecho de esta población, al derecho a morir dignamente, debiéndosele garantizar la asistencia apropiada a su discapacidad y edad. Finalmen te, se expondrá las conclusiones que ha arrojado este estudio.

El principio de precaución y su incidencia en la protección de los derechos humanos en el ámbito de la ingeniería genética

El principio de precaución ha sido formulado epistemológicamente como una alternativa filosófica y jurídica para sortear los riesgos de los diferentes daños inciertos que se generan en la sociedad con ocasión de diversas actividades, su asomo en el derecho se da los tratados internacionales sobre protección del medio ambiente con acogimiento en legislaciones ambientales internas. Una vez analizada su efectividad se puede afirmar que el principio de precaución es aplicable al ámbito de la ingeniería genética y la biomedicina para proteger derechos humanos anclados a la dimensión corporal y biológica de los individuos frente a las nuevas amenazas para la dignidad humana, la vida y la integridad psicofísica de las generaciones presentes y futuras.

La adecuación de la Constitución en materia de derechos fundamentales : una especie del género reforma constitucional

Este trabajo inicia con el estudio de la evolución que, en general, ha experimentado el constitucionalismo y los derechos fundamentales, siguiendo con el análisis crítico del enfoque que de la reforma constitucional, como instrumento de transformación en concreto hace mayoritariamente la doctrina desde la teoría sus límites restrictivos; para luego dar una mirada desde la identificación y determinación de eventos y circunstancias cuya presencia indican la necesidad de adecuar la Constitución, proponiendo el entendimiento de esta como una especie del género reforma constitucional tendiente a reforzar las bases del constitucionalismo sustancial, a partir de completar la obra constituyente y aportarle coherencia con el establecimiento de derechos, garantías, obligaciones generales de materialización y específicas de protección como presupuestos democráticos de limitación a los poderes constituidos y al poder constituyente mismo. En este sentido, la adecuación constitucional es fiel a la filosofía liberal que inspiró el constitucionalismo moderno, a la vez que lo dota de nuevos elementos sustanciales de garantía de los derechos fundamentales, siendo un instrumento de protección del carácter y fuerza normativa de la Constitución, en tanto su acometimiento evita la ocurrencia de fenómenos de conmutación constitucional.

Nivel de eficacia del Estado colombiano para garantizar, en el marco del acuerdo de paz de 2016, la justicia transicional de las víctimas (directas e indirectas) de los crímenes de desaparición forzada

El presente trabajo de investigación tiene como fin principal hacer un análisis sobre la eficacia de las herramientas judiciales y extrajudiciales para solucionar y atender el problema de la desaparición forzada en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016. El problema se enmarca en la necesidad de determinar el nivel de eficacia del Estado colombiano para garantizar la justicia transicional de las víctimas de los crímenes de desaparición forzada. La importancia de responder a este cuestionamiento radica en identificar las fortalezas y vacíos presentes en la política pública de Colombia para resolver una de las prácticas de violencia más deplorables como son los crímenes de desaparición forzada. La metodología de investigación se basó en un enfoque cualitativo basado en un tipo de investigación socio-jurídico. Los resultados muestran que el Acuerdo Final de 2016 consolidó un marco normativo integral de justicia transicional como es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Bajo este Sistema se crean mecanismos para reconocer los derechos de las víctimas como es la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), herramienta que busca localizar, identificar y entregar a los familiares los restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. En dicho sentido, los resultados también muestran que falta consolidar un censo único sobre las víctimas de desaparición forzada, a lo que se suma la necesidad de que el Estado fortalezca los recursos físicos y humanos de la UBPD para mejorar su operatividad y logística en la atención de las víctimas de estos crímenes de Estado.

La expropiación urbana como instrumento necesario para la generación de infraestructura social

El presente trabajo explica cómo la expropiación urbana puede ser un instrumento para generar infraestructura social, cimentado en el respeto por los procedimientos legales, la fundamentación del acto administrativo y la salvaguarda del derecho a la propiedad privada. En este sentido, las decisiones administrativas de expropiar deben ser planificadas con el propósito de beneficiar a los ciudadanos que la requieran y en las zonas urbanas apropiadas.

Estudio comparativo de los modelos de justicia transicional en los procesos de paz con las AUC y las FARC

En el presente trabajo se hace una comparación entre los procesos de paz adelantados por el gobierno colombiano, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el gobierno del presidente ALVARO URIBE VELEZ, y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS. En el documento se presentan tanto las similitudes, como las diferencias en los dos procesos. Igualmente se hace énfasis en el modelo de justicia transicional que se aplicó en los dos casos. El objetivo principal de la investigación es conocer los detalles de cada negociación y, sobre todo, resaltar el grado de compromiso con la desmovilización, la reinserción, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Adicionalmente, se quiso poner en público el contenido de los procesos ya que el nivel de exposición y conocimiento entre los mismos difiere enormemente. Mientras el proceso adelantado con las FARC_EP fue muy publicitado, el proceso con las AUC fue poco conocido por la opinión nacional. Finalmente, se concluye que mientras ambos procesos tuvieron aciertos y errores, fueron exitosos. Lo anterior radica en las cifras de homicidios, extorsiones, secuestro, desplazamiento y enfrentamientos con la fuerza pública que bajaron sustancialmente durante los mismos.

Las obligaciones de respeto y garantía en DDHH aplicadas al sistema de alertas tempranas : un análisis desde la situación de los líderes sociales en Colombia

El presente trabajo está enfocado en describir el desempeño del Estado Colombiano cuando se emite una Alerta Temprana respecto de la protección de líderes y lideresas sociales en cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos, para lo cual se realizó una investigación con diferentes derechos de petición presentados a las Entidades del Orden Nacional, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de protección, respecto de las cifras que representa el atropello a sus derechos humanos. Se concluyó que existen profundas deficiencias en materia de protección a los derechos humanos, lo cual, implica un deber de mejoramiento del ente estatal para garantizar la obligación de respeto y garantía consagrada en el Pacto de San José.

Las medidas cautelares en la acción popular y el incidente de desacato : caso del derecho colectivo a un ambiente sano

En la Ley 472 de 1998, se excluyó un ingrediente normativo esencial para garantizar el deber constitucional de proteger los derechos colectivos, como lo es fijar un término para que el Juez se pronuncie para resolver el incidente de desacato cuando se dictan medidas cautelares en el trámite de las acciones populares, por lo que se presenta una omisión legislativa relativa. En este sentido, es necesario que las actuaciones del Juez Popular cumplan con el concepto de “debida protección” componente del Derecho de Acceso a la Administración de Justicia. Por lo que es necesario que sus acciones, especialmente las relacionadas con la protección del derecho colectivo del medio ambiente, sean en oportunidad asegurando la prevalencia del derecho sustancial. Por lo anterior, al evidenciar la omisión legislativa relativa, debe buscarse subsanar la omisión, con el fin de proteger de manera efectiva los derechos colectivos y dar cumplimiento del principio de progresividad, ampliando las dimensiones de protección de los derechos.

Las medidas provisionales para Colombia : entre el cumplimiento y la eficacia

Desde la óptica de protecci6n de los derechos humanos en el nivel interamericano, este artículo pretende mostrar que pueden resultar más trascendentales las medidas provisionales que las sentencias de reparaci6n. Esto se debe a su vocación tutelar y a su impacto expansivo hacia un Estado democrático de Derecho. No obstante, entre el cumplimiento y la eficacia de las medidas tutelares que dicta la Corte lDH se transita un recorrido, a veces pendular, en el que el SIDH debe ponderar entre la debida diligencia, el efecto útil, el principio de complementariedad y el de subsidiariedad. Come resultado de ese ejercicio tenemos que el cumplimiento no es binario, sino que tiene matices.