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GFA. Programas Académicos - Departamento de Derecho Constitucional

Los antecedentes legislativos del estatuto de seguridad nacional y la denuncia de la violación de los derechos humanos en Colombia en la revista Alternativa (1974-1978)

El espíritu autoritario del régimen político colombiano se ha manifestado en distintas medidas legislativas y decisiones del ejecutivo, que han sido usadas como salida a las crisis de gobernabilidad y donde la figura del estado de sitio se utilizó frecuentemente como dispositivo de control social para dar legitimidad a la represión y violación a los DDHH. La década del setenta se caracterizó por la profundización de la crisis del régimen de coalición del Frente Nacional, en el que se interpretaron las protestas sociales por los problemas estructurales y las tensiones sociales como problemas de orden público, ampliando las facultades de las FFMM en materia de control social. En el contexto sociocultural de los años setenta, que se distinguió por el despertar de los movimientos sociales y el activismo por los DDHH, surgió la revista Alternativa como un medio periodístico de oposición al régimen del Frente Nacional. La presente investigación tiene como finalidad establecer ¿Cómo la revista Alternativa contribuyó a fomentar la construcción de una esfera pública, a través de la publicación de denuncias sobre los excesos de las FFMM en el manejo de orden público y violaciones a los DDHH?

Los Kankuamos : sujetos de especial protección en el derecho interno colombiano y en el derecho internacional

Por muchos años, los miembros del pueblo indígena Kankuamo se han visto amenazados y desplazados por la violencia que ha vivido nuestro país. Como se deriva de diversas normas internacionales, de las decisiones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su caso y de la condición de sujetos de especial protección reconocida por nuestro ordenamiento constitucional en su favor, el Estado tiene un deber de protección particular respecto de este pueblo y de sus integrantes. En consecuencia, en asuntos como el fallado por el Consejo de Estado con ocasión de un falso positivo cometido contra un miembro de esta comunidad, el juez está obligado a tener en cuenta esta obligación y a decidir en concordancia con ella. Esto supone que la decisión adoptada y las órdenes emitidas, generen la cesación del hecho ilícito, garanticen su no repetición y reparen de manera integral no solo la víctima directa sino también a su familia y a su comunidad. Frente a los pueblos indígenas, es fundamental tener en cuenta las dimensiones colectiva y simbólica a efectos de determinar las medidas de reparación.

Fundamento y alcance de los derechos a la igualdad y no discriminación. Fundamento del trato diferenciado a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante o lactante conforme a la jurisprudencia de la corte constitucional. Línea jurisprudencial

En el presente trabajo se encontrará la respuesta a la pregunta problema de si ¿en el contexto de la jurisprudencia constitucional se considera justificado el trato diferenciado de estabilidad en materia laboral para la mujer gestante o lactante?, encontrando que, si bien la Corte Constitucional siempre ha hallado justificado el trato diferenciado hacia la mujer gestante o lactante en el ámbito laboral, a través del derecho a la estabilidad laboral reforzada, este fundamento ha cambiado. En un principio dicho fundamento se hallaba en el artículo 43 de la C.P., la garantía de no discriminación en el escenario laboral contra la mujer solo por su estado de embarazo y en la protección de los derechos a la vida, a la mujer, a la madre, a la familia y los de los niños, mientras que ahora el sustento se enmarca en el deber de protección hacia la mujer gestante o lactante y la garantía de no discriminación. Se analizará cómo dicho fundamento encuentra cimiento en la doctrina relevante dedicada a estudiar el fundamento del derecho a la igualdad, la normativa internacional, la Constitución Política y la ley.

Democracia participativa : ineficacia del mecanismo de iniciativa popular legislativa y normativa

La Constitución de 1991, creo una nueva forma de Estado, partir de la cual se introdujeron nuevos mecanismos de iniciativa y participación ciudadana diferentes a la elección de sus representantes mediante voto popular, constituyendo por lo tanto esta novedad, el denominado Constitucionalismo Transformador, definido como una forma efectiva de promoción de cambios sociales en países con altos índices de desigualdad y fragmentación, a través de una reforma constitucional, o a través de la expedición de una nueva Constitución. En el caso particular de nuestro país, la Asamblea Nacional Constituyente creó y aprobó la Constitución de 1991, por lo que valdría la pena determinar, si tratándose de mecanismos de participación de iniciativa ciudadana, más exactamente en lo que tiene que ver con la Iniciativa Popular Legislativa y Normativa, se ha logrado respecto a esta, su eficacia en términos de transformación y cambio, que mitiguen o solventen los serios problemas sociales y políticos, que aquejan a la sociedad colombiana desde los albores de la república.

Medidas provisionales de la corte IDH como mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno en Colombia

Este documento trata sobre un estudio académico en el que se pretende llevar a cabo un análisis de la relación entre el conflicto armado interno en Colombia y las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en favor de los Defensores y Líderes sociales entre los años 1999-2019. Para tal efecto, se expondrá el contexto histórico del conflicto armado a los ojos del sistema. Luego, se desarrollará una segunda parte en la que se busca explicar la noción de defensor de derechos humanos, los obstáculos y secuelas que conlleva su actividad así como un recorrido de la situación actual de los mismos. Finalmente, se presentará un estudio de los casos elevados ante la CorteIDH para la defensa de los defensores/líderes sociales y a su vez, los patrones de criminalidad que se evidencian en las agresiones en su contra y algunos datos estadísticos para luego culminar con una reflexión sobre el papel que tienen las medidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a esta latente problemática.

La protección al inversionista extranjero frente a la regulación del estado: análisis del caso Telefónica

El caso de Telefónica expone con mayor medida la sobre protección que se eleva por encima de las leyes nacionales y de los acuerdos pactados cuando se realiza la inversión. A diferencia de la mayoría de los casos en los cuales Colombia ha sido llevado a tribunales de arbitramento internacional por establecer medidas y regulaciones que afectan los contenidos de los contratos o las expectativas de los inversionistas, este se da en un caso contrario, pues es el inversor el que desconoce y viola lo estipulado en la concesión firmada. La posición del Estado Colombiano es que Telefónica sí debía revertir los activos concesionados necesarios para la operación del servicio, tales como bienes, elementos e infraestructura y no solo el espectro electromagnético. Por lo anterior, Colombia debería replantear la estrategia de atracción de inversión extranjera directa al país basada en la firma de este tipo de acuerdos, o en su defecto renegociar varios de los firmados a la fecha, estableciendo cláusulas que no puedan estar sujetas a interpretaciones subjetivas, y que generen de igual manera deberes y obligaciones a los inversionistas para que estos no gocen de la sobre protección que actualmente tienen y que violenta la soberanía del Estado.

Arbitraje internacional de inversión y participación ciudadana: un análisis desde Latinoamérica

El presente trabajo de grado analiza y discute críticamente la respuesta del sistema de arbitraje de inversión internacional a la tensión jurídica que se presenta entre los derechos de los inversionistas extranjeros y las obligaciones de los Estados anfitriones, cuando estos limitan de algún modo los derechos adquiridos por el inversionista extranjero como consecuencia del rechazo por parte de comunidades locales a los proyectos de inversión.

Reparación integral de víctimas de artefactos explosivos (map-muse) a partir del control de convencionalidad desarrollado por la sección tercera del Consejo de Estado entre los años 2011 y 2021

Si bien es cierto que el número registrado de víctimas por MAP y MUSE por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en comparación con otros hechos victimizantes como el desplazamiento forzado masivo, representa un porcentaje menor en la historia del conflicto armado en Colombia, también es claro que su análisis es importante porque se trata de uno de los delitos más atroces que infringe gravemente las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario. Por tal motivo, resulta de interés indagar sobre esta práctica de guerra, con el objeto de visibilizar a sus víctimas, haciendo evidente los graves daños físicos y psicológicos que les produce, no solamente a quienes afecta directamente, sino también a sus familias. Así las cosas, a partir de la revisión y análisis de algunas sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre los años 2011 y 2021, al resolver demandas de reparación directa por daños producidos por artefactos explosivos, se busca determinar si la forma de reparación adoptada en sede judicial por el Estado resulta armónica con los parámetros de reparación integral establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus sentencias.

Las visiones de seguridad presentes en la comprensión del conflicto armado colombiano e implícitas en el informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas

En el marco de los acuerdos de Paz de La Habana, realizados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-Ep, se propuso una nueva comisión histórica para entender el conflicto armado. Las partes establecieron que el producto de la comisión, es decir el informe, será un insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto, las responsabilidades y para el esclarecimiento de la verdad como elemento básico para la comisión de La Verdad. El informe de la Comisión Histórica Del Conflicto y Sus Víctimas (CHCV) se posiciona como antesala de rigor histórica para el trabajo que desarrollara 111 comisión de la verdad y las implicaciones que ello tendrá para la reconciliación. En medio de este contexto, este trabajo busca realizar una interpretación sobre las visiones de seguridad presentes en los doce ensayos que componen el !,!forme de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Tal interpretación tiene por objeto clasificar los informes de acuerdo al paradigma de seguridad que implícitamente asumen los autores en lo referente al conflicto armado colombiano, en este caso. se estudiará el planteamiento de los autores en lo referente a los paradigmas clásicos y antropocéntricos o de seguridad humana.

El papel del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en el recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia: una cuestión sin resolver

El trabajo se desarrolla en tres capítulos: (i) en el primero se estudia el precedente jurisprudencial como fuente formal del derecho, (ii) en el segundo capítulo, se realiza el estudio sustancial del recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia, estableciendo sus antecedentes y características y (iii) en el tercer capítulo se resuelven algunos interrogantes frente a la procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, y la inaplicación del precedente constitucional, examinando si el recurso garantiza los principios a la igualdad y de seguridad jurídica y realizando un análisis de un caso, en el que se pueden apreciar con mayor claridad los problemas jurídicos encontrados en la estructuración del recurso. Como resultado de la investigación, sobre el Recurso Extraordinario de Unificación de la jurisprudencia (según lo señalado en los artículos 256 y siguientes del CPACA), se concluye lo siguiente: (i) el recurso no desconoce el precedente constitucional. (ii) el recurso no garantiza el principio de igualdad al otorgar diferente tratamiento a personas que se encuentran en una misma situación. (iii) el recurso no garantiza el principio de seguridad jurídica y (iv) el recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia solamente cumple de manera parcial las finalidades para las que fue creado.

Política pública criminal de la Fiscalía General de la Nación en crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, lucha contra la impunidad como garantía de no repetición

Este trabajo presenta una reflexión sobre el nivel de respuesta que ha brindado y/o está en capacidad de brindar la Fiscalía General de la Nación en torno a la investigación de ejecuciones extrajudiciales en modalidad de “falsos positivos”, desplazamiento forzado y violencia sexual y violencia basada en género en contra de la población civil, ocurridos en el país en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020. Esto es, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Tomando en consideración que tales conductas conforman el núcleo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Colombia desde el año 2004. Para ello se estudia, en primer lugar, la relación entre la noción de impunidad y la obligación internacional de investigar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y en segundo lugar, las características dispuestas por la política pública criminal de la Fiscalía para dar respuesta a este fenómeno a partir de su revisión en abstracto y mediante casos determinados y concretos. Posteriormente, se evalúa la política pública criminal e identifican las deficiencias presentes tanto a nivel estructural como de aplicación. Y finalmente se precisan propuestas al respecto que tienen por objeto contribuir a que las labores que desarrolla la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 251 de la Carta Política de 1991 constituyan una verdadera garantía de no repetición de los elevados niveles de impunidad en la investigación de violaciones a los derechos humanos.

Pandemia: una mirada crítica desde la justicia, la igualdad y la responsabilidad del estado

El trabajo refleja un inequívoco propósito de cuestionar desde el punto de vista de la realidad socio jurídica, el entramado de las relaciones de poder asimétricas y las implicaciones que los actos de autoridad revierten en el colectivo social, poniendo de presente que en un estado constitucional, que se rotula como social y democrático de derecho, son inadmisibles e intolerables las condiciones desventajosas en que se ha situado a la mayor parte de la humanidad, en razón a las acciones u omisiones de un estado cuya responsabilidad se agrava, en la medida en que no da cuenta fidedigna de su misión constitucional, y por el contrario, defrauda en grado sumo las expectativas que frente a la satisfacción de las necesidades colectivas se han depositado en él. En ese contexto, el presente trabajo aborda la problemática generada por la pandemia, desde un enfoque que prioriza la justicia, la igualdad y la responsabilidad del Estado en relación con los daños y perjuicios irrogados, y al deber de solidaridad y reparación que asiste en un estado social, comprometido con la plena vigencia y garantía de los derechos y la dignidad humana.

La sentencia SU-230 de 2015 y el régimen de transición pensional para empleados oficiales previsto en la Ley 100 de 1993: fundamentos de un cambio jurisprudencial promovido por la Corte Constitucional

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció el régimen de transición pensional, consistente en mantener la edad, el tiempo de servicio y el monto del régimen al que se estaba afiliado antes para acceder a la pensión de vejez, dadas sus condiciones más favorables. Frente a las reclamaciones de este derecho, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional consideraron que así sería, siempre y cuando se cumplieran los requisitos exigidos por la norma. Sin embargo, en el año 2015, la Corte expide la Sentencia SU-230, cambiando su postura y perjudicando a gran parte de los beneficiarios, quienes recibieron una pensión menor a la de su expectativa legítima. Se resuelve acá el problema jurídico en torno a si el cambio de jurisprudencia estuvo debidamente fundamentado, de acuerdo con los parámetros dispuestos por la misma Corte Constitucional para realizar modificaciones de esa naturaleza. Hacia el fin, se acude a la línea jurisprudencial, revisando casos en los cuales los dos Tribunales resuelven demandas de reliquidación de pensión de empleados oficiales con base en el régimen de transición de la Ley 100 y se aborda el examen de la sentencia de unificación, aún vigente, especialmente desde la figura del precedente.

(In)Compatibilidad entre la legítima defensa preventiva y los principios del derecho internacional público en el marco de las relaciones internacionales de los Estados

La presente investigación busca estudiar sí ¿la teoría de legítima defensa preventiva es compatible con los principios del derecho internacional público en el marco de las relaciones internaciones? Al respecto, se adelanta que se considera que la teoría de la legítima defensa preventiva propuesta por Estados Unidos, especialmente, después del ataque del 11 de septiembre de 2001 va en contra de los principios del derecho internacional público y la prohibición al uso de la fuerza consagrada en la Carta de Naciones Unidas. Por lo anterior, el documento propone hacer un análisis histórico jurídico del constructivismo, los principios del derecho internacional público, las dinámicas de las relaciones internacionales de los Estados y como esas dinámicas fueron determinantes en configuración de la Carta de las Naciones Unidas y, concretamente, en la prohibición del uso de la fuerza y la consagración expresa de las excepciones al uso de la fuerza, entre ellas la legítima defensa en relación con el propósito de mantener la paz y seguridad internacionales. Adicionalmente, se pretende realizar un análisis juicioso de más de 30 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aproximadamente diez resoluciones de la Asamblea General y diez pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, entre casos concretos y opiniones consultivas, para hacer un esfuerzo por delimitar y llenar de contenido los elementos necesarios que se deben cumplir para que un Estado pueda ejercer la legítima defensa, como una excepción a la prohibición del uso de la fuerza. Con esto de presente, se hablará de la nueva teoría de legítima defensa preventiva, los elementos que se proponen para hacer uso de esta teoría comparados con los elementos necesarios para ejercer la legítima defensa. Finalmente, se hará una crítica a la teoría de la legítima defensa preventiva.

Controversias en la relación inversionistas y derechos humanos en Latinoamérica: el principio de proporcionalidad como una solución desde el derecho internacional de inversiones

Las transformaciones económicas, sociales y políticas generadas por la globalización han impactado las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. En esta dinámica, los Estados se han visto obligados a adoptar una serie de estándares internacionales dentro de sus ordenamientos, que entrañan intereses que potencialmente podrían entrar en colisión. Tales cambios suponen un reto para los operadores jurídicos, avocados a dirimir los conflictos en un mundo de pluralismo jurídico y de estándares internacionales contradictorios. En este escenario, coexisten dos especialidades del derecho internacional que demandan conductas, en muchas ocasiones, contradictorias: por una parte, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es la protección y garantía de los derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y, por otra, el Derecho Internacional de Inversiones, que pretende la defensa de la inversión extranjera. Esta tesis tiene por propósito evidenciar la tensión que subyace a las relaciones entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional de Inversiones y la falta de coordinación que en la práctica existe entre ellos; así mismo, pretende advertir que esa tensión, aunque parece ser el producto de intereses irreconciliables, tiene una solución: el principio de proporcionalidad.

Juicios de sustitución constitucional: caso la reelección presidencial, análisis de la sentencia C-1040 de 2005

El trabajo que presento analiza las consideraciones que tuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-1040 de 2005, de cara al sistema de frenos y contrapesos que existe en la constitución, para determinar si la reforma establecida en el Acto legislativo 02 de 2004, atendiendo a la configuración de los controles establecidos por el constituyente y que resultan transversales a todos los poderes públicos, sustituyo o no la constitución. Así mismo, se analiza la evolución jurisprudencial en lo que respecta al test de sustitución constitucional planteado por primera vez en la sentencia C-551 de 2003. Finalmente haré un examen de la eventual desviación de poder en que incurrieron algunos congresistas durante el trámite aprobatorio del acto legislativo 02 de 2004y sus efectos en la aprobación del texto constitucional.

Reconocimiento y protección constitucional de la garantía de la persona en condición de discapacidad cognitiva a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos en condiciones de igualdad: un estudio jurisprudencial sobre el caso de la esterilización quirúrgica

La adopción del modelo social de discapacidad ha marcado un cambio de paradigma en la forma de protección de los derechos de las personas en condición de discapacidad, quienes históricamente han padecido la marginación, estigmatización y la negación de su autonomía para decidir sobre su proyecto de vida, en especial, sobre sus derechos sexuales y reproductivos. El modelo social propende por la reivindicación de la dignidad humana y la diversidad como característica intrínseca de la condición humana dirigida hacia el reconocimiento de la capacidad y autonomía para el ejercicio de los derechos fundamentales bajo los principios de accesibilidad y no discriminación. Este texto tiene como propósito analizar desde la perspectiva del modelo social de discapacidad, el desarrollo teórico, normativo y jurisprudencial sobre el reconocimiento y protección de la garantía de las personas en condición de discapacidad cognitiva para decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos en casos de la esterilización quirúrgica, en un contexto e igualdad y autonomía, con el fin de visibilizar la evolución paulatina en la adopción de los conceptos de accesibilidad universal y ajustes razonables que permiten la eliminación de las barreras para el reconocimiento de la autonomía y capacidad jurídica para la toma de decisiones.

Partería urbana en Bogotá y derechos reproductivos de las mujeres: aportes del patrimonio cultural inmaterial de los saberes asociados a la partería Afro del Pacífico

La partería urbana es una alternativa al parto clínico para aquellas mujeres que desean parir a sus hijos en casa y adicionalmente, es una herramienta para contrarrestar la violencia obstétrica. De ahí que este texto presente en primer lugar una descripción teórica de los derechos reproductivos de las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos y un acercamiento conceptual a la atención humanizada del parto. Luego como resultado de un trabajo de campo se exponen prácticas, usos y herramientas presentes en la partería urbana, así como sus elementos en común con el Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a la Partería Afro-pacífica de Colombia.

La discusión de la agenda global en empresas y derechos humanos desde una perspectiva del tercer mundo

La evolución del derecho internacional en la reglamentación de las actividades empresariales en el campo de los derechos humanos se ha extendido por más de 50 años en el seno de Naciones Unidas, aunque hoy todavía no encuentra un punto de equilibrio y eficacia frente a la garantía de los derechos humanos. Actualmente existe una fragmentación de posiciones sobre la manera adecuada de regular a las ET y hacer contra peso a su poder, si a través de instrumentos de soft law o de hard law. Sin embargo, independientemente de la naturaleza del instrumento, todas estas discusiones han privilegiado la protección de los intereses de un grupo de actores que se benefician de un sistema económico global que sigue sus propias reglas, ajenas al objeto y fin de las normas del DIDH, como lo son las Empresas Transnacionales. Para comprender este fenómeno es indispensable realizar una lectura crítica del derecho internacional, como propone TWAIL, a fin de observar que la regulación de las ET va en contra de las luchas y resistencias de quiénes más han sufrido sus impactos negativos, el Tercer Mundo, y sigue beneficiando a los que debieran ser titulares de obligaciones a la luz del derecho internacional.

El control de convencionalidad en materia ambiental aplicada por los jueces del Departamento del Choco, para la protección de la minería ancestral y artesanal en sus dimensiones individuales, sociales y colectivas

La presente investigación, se enfoca en determinar, cuales son los efectos del control de convencionalidad en materia ambiental, aplicado por los jueces del Departamento del Chocó, como mecanismo de protección del derecho al medio ambiente, ante las implicaciones de la minería ancestral y artesanal en sus dimensiones individuales, sociales y colectivas, en el marco temporal comprendido entre los años 2013 y 2018. Para estos efectos se entiende por control de convencionalidad, la obligación que tienen los operadores judiciales y todas las entidades que cumplen funciones públicas en cada uno de los Estados Partes, que conforman el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH), de efectuar no solo un control de legalidad y de constitucionalidad, en el marco de su derecho interno, sino también el de integrar a la resolución de los asuntos de su competencia, la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como valor supremo de protección y reivindicación de los derechos de los sujetos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia; por ello, para el caso que nos ocupa, cobra relevancia el estudio del control de convencionalidad desde la perspectiva de las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, y mestizas afrochocoanas, que pueden ver afectados sus derechos fundamentales como consecuencia del desarrollo de la minería que se práctica en el Departamento del Chocó. Con este objetivo se tomará especialmente en cuenta la caracterización económica del Departamento del Choco, zona, por vocación de tradición estratégica minera, que se constituye en el motor central del desarrollo económico regional.