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GFA. Programas Académicos - Departamento de Derecho Constitucional

La doble instancia en los procesos penales contra aforados, ¿un asunto de convencionalidad o de constitucionalidad?

La aplicación del control de convencionalidad, tal como ha sido planteado, ha encontrado algunos obstáculos en los Estados. Por ejemplo, en Colombia es objeto de un trato ambiguo, siempre usando como justificación el ordenamiento jurídico interno. Pese a que en el país su relevancia siempre ha sido ampliamente reconocida por las altas cortes, antes de 2018 los jueces desconocían en sus providencias una de las garantías contempladas en el derecho internacional de los derechos humanos: la doble instancia en los procesos penales adelantados contra los aforados. Esto puede explicarse dada la evolución que ha tenido el principio general de la doble instancia en el caso de los aforados en Colombia. Este derecho no fue previsto en la Constitución Política por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, sino que fue agregado vía reforma constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de enero de 2018 que modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Carta. En razón a lo anterior, se puede señalar que la aplicación del principio de la doble instancia, dependió durante muchos años de la discrecionalidad de las autoridades judiciales que, con el argumento de la Supremacía Constitucional, se negaron a adoptar la normatividad del Derecho Internacional en la materia. La inaplicación del control de convencionalidad sobre la doble instancia en los procesos adelantados en contra de aforados, punto central del presente trabajo, comprende, no solo al derecho interno y a las autoridades nacionales, sino a todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues involucra tanto la protección de los derechos de los aforados como la fuerza vinculante del derecho internacional. Dicha inobservancia del ordenamiento jurídico internacional por parte de un Estado que se ha comprometido a respetarlo y a aplicarlo despierta la curiosidad y el estado de alerta entre la comunidad académica y motiva a los estudiosos del derecho a investigar, plantear nuevas preguntas, aportar nuevas consideraciones y nuevas propuestas al respecto. Surgen así algunos interrogantes. ¿El Estado Colombiano ha vulnerado el derecho de los aforados a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior? De haber sido así, ¿conllevaría esto a la nulidad de todos los procesos? O, por el contrario, ¿las decisiones tomadas por las autoridades nacionales tienen verdadero sustento jurídico, no han sido violatorias de derechos protegidos y, por tanto, no deben ser declaradas nulas? Y, aunque la ambigüedad provocada por la diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional sobre la doble instancia en los procesos de aforados quedó superada gracias al Acto Legislativo expedido por el Congreso en enero de 2018 (que reguló la situación conforme a las normas internacionales), el tema no ha perdido importancia jurídica ni política ya que la problemática no ha desaparecido de la mente de los juristas ni de aquellos aforados a quienes los jueces negaron la posibilidad de recurrir el fallo.

El río Atrato como sujeto de derechos y el constitucionalismo transformador Sentencia T-622, 2016

Este estudio presenta los resultados de un ejercicio de indagación aplicado a la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, cuyo objetivo principal se alcanza al identificar tres referentes de análisis reveladores para enriquecer la concepción del constitucionalismo ambiental transformador: i) el primero revisa los principales argumentos que la Corte Constitucional plantea en torno a la conducta omisiva por parte de las entidades del Estado a la luz de la fórmula del Estado Social de Derecho colombiano; ii) el segundo, identifica aportes analíticos sustanciales hacia la protección del medio ambiente, a la “ecologización” equilibrada y a la conservación de los recursos naturales en el planeta, desde la concepción de la justicia ambiental; y iii) el tercero analiza desde una perspectiva activista, las órdenes emanadas por parte de la Corporación frente a la crisis humanitaria y social en el Chocó, en torno a la necesidad de: a) una intervención efectiva por parte del Gobierno nacional y, b) una participación comprometida por parte de las comunidades étnicas. Este recorrido promete ofrecer un panorama más amplio y completo sobre la complejidad del asunto, que sirva como guía para la concepción y desarrollo de un constitucionalismo ambiental transformador dirigido a la protección del medio ambiente, al logro de una ecología equilibrada y a la conservación de los recursos naturales en el planeta.

Financiación privada de campañas electorales y contratación estatal. Una revisión de riesgos, vacíos y propuesta de modernización al financiamiento privado de campañas electorales por parte de contratistas en Colombia

La financiación de campañas electorales se ha constituido en un objeto de estudio recurrente en los regímenes democráticos, cuya finalidad en principio, ha sido prevenir prácticas corruptas que pueden generar desigualdades económicas significativas entre las campañas electorales, evitando que los factores determinantes de la elección, obedezcan a prácticas clientelisticas y fortaleciendo la concepción del voto programático en la elección. Éste articulo abordará la lógica de los financiadores privados de campañas electorales que en el futuro, logran llegar a ser contratistas del candidato electo desde tres puntos de vista. Primero, se realizará una revisión de la normatividad regulatoria de la financiación de campañas electorales con énfasis en la financiación privada. Segundo, se demostraran algunos riesgos y vacíos que se presentan en la financiación privada de campañas electorales y su posible incidencia en la contratación estatal. Tercero, se propondrá una modernización del modelo actual de financiación privada de campañas electorales por parte de futuros contratistas a candidatos de elección popular. Finalmente se presentaran las conclusiones y las fuentes bibliográficas utilizadas.

Los límites del juez constitucional en la intervención a las políticas públicas. El caso colombiano del fallo estructural en salud

La presente investigación tiene como propósito determinar los límites del juez constitucional en la intervención de las políticas públicas desde el estudio de caso de la sentencia estructural en salud T-760 de 2008, auscultando para ello en el fenómeno de la judicialización de la política, las experiencias comparadas en tribunales constitucionales y la competencia de la Corte Constitucional para adelantar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia estudiada, en particular, la orden de unificación aritmética de la unidad de pago por capitación -UPC-. Se concluye que el límite del juez constitucional en la intervención a la política pública está dado en la objeción técnica de las decisiones que adopta; es decir, se debe sustraer de la intervención judicial la determinación puntual y detallada de las medidas a ejecutar, pues al invadir la órbita del Ejecutivo en el diseño e implementación en dicho ciclo, no cuenta con la información y el conocimiento especializado requerido para tal fin. En tal medida, las órdenes de reemplazo o mandatos de sustitución pierden toda razón de ser en el proceso judicial, por más loables que sean los objetivos que persiguen.

La contribución de valorización como mecanismo generador de ciudad

La contribución a la valorización es un tributo que grava los inmuebles que se benefician de una obra estatal, tiene una gran relevancia en el ámbito social, tributario y en especial urbanístico. Esta contribución se relaciona con la infraestructura urbana, por cuanto genera desarrollo en la ciudad y ha sido un músculo financiero principalmente del orden territorial. No obstante, se presenta una problemática jurídica en razón a si la distribución de cargas se efectúa con fundamento en los principios tributarios de legalidad, equidad y progresividad. Así mismo, se debate los métodos de factores de beneficios y doble avalúo por muestreo más utilizados en Bogotá y Medellín para aplicar la técnica del derrame de valorización en los predios. Finalmente, se destaca que hay obras públicas que desvalorizan y no genera beneficios a los bienes inmuebles, desnaturalizando el fin de esta contribución. Por tanto, esto conlleva la declaración de la responsabilidad del Estado por daño especial, ocasionando la indemnización de perjuicios a los contribuyentes que han soportado una carga excepcional que rompe la igualdad ante las cargas públicas.

La etno-reparación a favor de los pueblos indígenas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Consejo de Estado

La reconfiguración del Estado a partir de principios como diversidad, pluralismo y democracia, fundamento para la visibilización de cosmovisiones disidentes, ha permitido la reivindicación de los pueblos indígenas como sujetos demandantes de participación y autonomía para decidir su destino. Lo anterior adquiere especial relevancia en las situaciones donde esos pueblos son víctimas de fracturas en su identidad cultural que requiere la especial consideración de su diferencia en los procesos de reparación. Este texto tiene como fin indagar desde una perspectiva de diversidad cultural, el desarrollo teórico y jurisprudencial la conciencia étnica en las medidas de reparación o etno-reparaciones adoptadas a favor de pueblos indígenas. partiendo de una perspectiva epistemológica y descriptiva, sobre el fundamento y la necesidad de la adopción de criterios culturales en los procesos de reparación, se pretende confrontar dichos criterios en el ejercicio judicial, escenario propicio donde confluye la evolución en la protección y maximización de los derechos de los pueblos indígenas, y el derecho a obtener reparación, siendo los jueces artífices de su garantía.

Análisis crítico del caso Electricaribe Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano : ¿Expropiación?

La presente investigación se desarrolla teniendo al arbitraje de inversión como eje central, analizado a la luz de un caso específico, en donde el Estado colombiano es demandado por la multinacional española Gas Natural Fenosa (GNF) hoy denominada Naturgy, accionista mayoritaria de la sociedad Electrificadora del Caribe – Electricaribe S.A. E.S.P. El cuestionamiento central de esta investigación es determinar sí con la intervención y orden de liquidación de Electricaribe ¿El Estado colombiano expropió a GNF o si su actuación corresponde al ejercicio legitimo de la potestad o derecho a regular que tienen los Estados? El anterior cuestionamiento se responde con un concluyente argumento: el Estado colombiano con sus actuaciones a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no expropió a la multinacional española Gas Natural Fenosa.

La configuración del daño especial en la planificación de la ciudad

Un análisis de la responsabilidad estatal generada a partir de actuaciones legales en temas relacionados con la planificación de la ciudad es el objetivo principal a desarrollar, para ello, se hace preciso ahondar en dos conceptos jurídicos de total trascendencia por activar toda una cadena de eventos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado. Ese primer concepto al que se hace alusión se encuentra enmarcado como principio dentro de la ordenación del territorio, y es la distribución equitativa de las cargas y beneficios entre los propietarios. Esta se justifica en la igualdad y ordena que todas las herramientas normativas de planeación urbanística establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento. Sin embargo, cuando ese reparto no es equitativo y por el contrario, se imponen cargas que limiten el ejercicio del derecho a la propiedad sin beneficios que las compensen, se activa nuestro segundo concepto a estudiar, el equilibrio de las cargas públicas como criterio de imputación de responsabilidad. Por tanto, cuando se rompe ese equilibrio es posible configurar daños que ameritan su resarcimiento, siendo la planeación de ciudad el proceso durante el cual se puede configurar ese daño especial.

Medidas de construcción de confianza en las negociaciones de paz con grupos armados organizados al margen de la ley

La presente investigación tiene por objeto identificar, definir, caracterizar, priorizar, establecer secuencias y clasificar las Medidas de Construcción de Confianza (MCC), a utilizar en un proceso de negociación con Grupos Armados Organizados al margen de la Ley, mediante la utilización de documentos investigativos, insumos doctrinales y conocimientos empíricos adquiridos bajo la experiencia de trabajo en la institución castrense relacionados con el proceso de Negociación entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln); para construir un documento que en un futuro brinde asesorías a personal inmerso en procesos de negociación similares.

Lucha contra el terrorismo o neoimperialismo basado en TWAIL : una mirada desde el principio de no intervención

Terrorismo, una palabra de diez letras que ni los organismos internacionales, Estados y academia han podido definir; una palabra indeterminada, vaga, subjetiva y con un contenido político la cual en la actualidad invoca la comisión de un delito al que hoy nos vemos avocados a luchar y rechazar, generando una batalla preventiva al interior de los Estados en contra de este flagelo que ha dejado tantos millones de víctimas alrededor del mundo. El terrorismo es un estado de guerra permanente, presentándose en un discurso violento que conlleva a acciones en contra de la comunidad internacional. No se sabe cuál es su significado, pero este delito y su comisión se ajustan al panorama mundial en el que se desenvuelve. Parece evidente y estratégicamente calculado es el vació conceptual frente a este delito, pues como es bien sabido existen más de 108 definiciones a nivel mundial sobre el tema; presentándose una regulación conceptual y legal diferente al interior de muchos Estados sobre lo que es terrorismo. La palabra terrorismo es utilizada para significar actos de violencia que conllevan a generar miedo y temor en la población; pero al no existir definición, es empleada en jefes de gobierno, líderes mundiales, periodistas y comunidad en general, con el propósito de destruir de raíz los grupos y células que empleen este tipo de violencia.

¿Qué entiende la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por precedente judicial y cuándo se configura el prevaricato por su desconocimiento?

Las decisiones judiciales en el marco de la exigencia de la justicia igualitaria, se han configurado en una herramienta indispensable para la protección de los derechos fundamentales y la gestación de cambios sociales, lo que ha implicado la reivindicación de su vinculatoriedad dentro del sistema de fuentes como un medio para la garantía de valores como la Igualdad, Seguridad Jurídica y Confianza legítima; de manera que su inobservancia implica serias fracturas a dichos principios constitucionales que generan consecuencias jurídicas. Este texto tiene como fin analizar la evolución teórica y jurisprudencial entorno al contenido, fundamento y condiciones de la fuerza normativa predicable de las decisiones judiciales a partir de las figuras de doctrina probable y precedente judicial, para posteriormente, enfocarse en el contenido del punible de prevaricato como consecuencia jurídica de su desconocimiento. Se pretende analizar la forma en que dichos conceptos han sido acogidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el estudio de casos en los que los funcionarios judiciales se han apartado del precedente judicial sin la argumentación de rigor, además del criterio en la reafirmación de su obligatoriedad como parte esencial del entramado jurídico colombiano.

Contribuciones del cine a la garantía de no repetición del delito de desplazamiento forzado. Casos: cine comunitario en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y "Siembra" película colombo alemana de los directores Ángela Osorio y Santiago Lozano

Este artículo se centra en el estudio de dos experiencias audiovisuales que exploran el problema del desplazamiento forzado, una a través del cine comunitario que realiza la organización Sueños Films Colombia en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y que exhibe cada año en el Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario “Ojo al Sancocho” y otra por medio del cine de ficción con la película colombo alemana “Siembra” de los directores Ángela Osorio y Santiago Lozano que muestra desde una dimensión humana la cotidianidad del desplazado. Sueños Films Colombia desarrolla su trabajo en Ciudad Bolívar, una localidad de Bogotá donde habitan más de setecientas mil personas. Si bien este sector de la ciudad recibe la mayor parte de desplazados provenientes de todo el territorio colombiano, no existe una cifra exacta del número de población desplazada residente allí. Ciudad Bolívar, está ubicada en el suroccidente de la capital y es percibida por el resto de la ciudad como un lugar peligroso, marginal y sucio. Lo mismo ocurre con la percepción que se tiene de sus habitantes, pues son considerados personas violentas, pobres y sin derechos. Este texto parte de considerar que el cine es capaz de remover esos estereotipos en la medida en que modifica la percepción que tiene la sociedad respecto a Ciudad Bolívar y a sus habitantes, así como la del desplazado sobre sí mismo. A través de un trabajo empírico desarrollado en Ciudad Bolívar donde se mostró el proyecto de Sueños Films Colombia y se realizó un cine foro después de ver la película “Siembra”, se descubrió que efectivamente el cine transforma culturalmente a la sociedad generando conciencia en la ciudadanía entorno al desplazamiento forzado y logrando un cambio positivo en la autopercepción de las víctimas dotándolas de herramientas que permitan que se reconozcan como sujeto de derechos.

Análisis jurisprudencial : la nacionalidad y residencia como criterios diferenciadores para acceder a las listas regional y nacional de espera para el trasplante de órganos o tejidos

El presente documento expone un análisis jurisprudencial de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional respecto a sí existe un trato diferenciado que se encuentre justificado entre los receptores nacionales y extranjeros residentes en Colombia con relación a los extranjeros no residentes en el país, para realizarse un trasplante de órganos o tejidos. Para lograr tal cometido, se expone de manera general el marco legal nacional que regula la materia, posteriormente se abordan los fundamentos teóricos de la igualdad, no discriminación y trato diferenciado justificado e injustificado, luego se pasa realizar el desarrollo de la línea jurisprudencial y el análisis del Art. 10 de la ley 1805 de 2016 para finalmente llegar a conclusiones y aportes críticos del trabajo.

El diálogo judicial entre la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Este documento presenta un estudio abordado desde el escenario nacional sobre el análisis de algunos pronunciamientos de la Corte de Constitucional de Colombia emitidos entre los años 2014 a 2016, con relación al uso de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se propone como objetivo general realizar una aproximación práctica de la teoría del diálogo judicial, contrastando la teoría sobre el uso de las herramientas hermenéuticas como la interpretación conforme, el principio pro persona y el control de convencionalidad, con la práctica judicial concreta de la Corte Constitucional de Colombia. Metodológicamente se tienen en cuenta las teorías de diálogo judicial de diferentes autores, como Slaughter (1994), Santolaya (2010) y Bazán (2017), con el fin de identificar en el escenario planteado la existencia y clase de diálogo judicial en el cual se enmarca la interacción de los tribunales mencionados, mediando una aproximación crítica a las teorías correspondientes.

Línea jurisprudencial : la valoración de los hechos y las pruebas en los casos de violencia contra la mujer

La valoración de los hechos y las pruebas en los casos de violencia contra la mujer con enfoque de género es un mandato constitucional, en cumplimiento de las obligaciones en torno a la eliminación de todo tipo de discriminación o violencia ejercida contra las mujeres y de la garantía del derecho a la igualdad, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, es un deber de los órganos del poder público reconocer que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional y garantizarles un trato diferenciado debido a la existencia histórica y actual de discriminación en su contra que repercutió en una situación de desventaja. El Estado, al administrar justicia, y los servidores públicos que actúen en su nombre están obligados a dar aplicación de las normas de derechos humanos, que son parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con la línea jurisprudencial descrita, que indican que deben actuar en los procesos relacionados con violencia contra la mujer de forma diferencial y, en consecuencia, actuar con miras a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer.

Responsabilidad extracontractual del Estado colombiano por falta de acceso al agua potable en el pueblo Wayúu

La responsabilidad del Estado por el desabastecimiento hídrico que atraviesa la población Wayúu se inserta en un contexto multicausal en el cual se entremezclan motivos sociales que han excluido históricamente a ese grupo étnico del líquido vital, motivos políticos que impiden la articulación de las autoridades públicas y un manejo trasparente de los recursos públicos para asegurar la obtención del agua potable, y motivos económicos que se relacionan con la explotación minera del territorio que ha aparejado prácticas de contaminación ambiental sobre los recursos acuíferos. El Estado puede ser responsabilizado extracontractualmente por la falta de suministro de agua potable a esta población, puesto que ha incumplido con su posición de garante al no crear y articular una política pública eficaz que permita garantizar el flujo del recurso hídrico en condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad. La ausencia de acciones sincronizadas por parte de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar el agua potable configura un daño antijurídico contra la comunidad Wayúu de La Guajira que ha incidido en sus derechos a la vida, la salud, la seguridad alimentaria y al trabajo, que se refleja en sus cifras negativas de morbilidad y mortalidad que son superiores al promedio nacional.

Eficacia de los dispositivos normativos de restitución de tierra

Mediante el presente documento de trata de resolver la pregunta, acerca del grado de eficacia de la ley 1448 de 2011 en materia de restitución de tierras. Para ello, primero, se plantea la teoría de la eficacia utilizando como marco teórico los trabajos de sociología jurídica del profesor Mauricio García Villegas y la profesora Julieta Lemaitre. Segundo, se hace una lectura desde el discurso de la eficacia de algunos instrumentos normativos del ordenamiento jurídico colombiano que en distintos tiempos han regulado el acceso y la tenencia de la tierra. En tercer lugar, se hace una lectura de la restitución de tierra en el marco de la Ley de Víctimas, poniendo en dialogo el discurso de la eficacia con la arquitectura jurídica del proceso en tanto lo administrativo como lo judicial. En cuarto lugar, se analiza la eficacia del proceso de Restitución de Tierras, desde el punto de vista de los instrumentos de planeación del gobierno nacional, utilizando para ello la información reportada en el sistema Sinergia del DNP. Se concluye, que el discurso de la eficacia es buen referente teórico para hacer análisis normativo, y se hace una propuesta de ampliación de su clasificación tanto en sus categorías instrumental como simbólica. Finalmente, se hace un llamado a fortalecer el discurso de la eficacia, por medio de herramientas provenientes de otras áreas del conocimiento.

Las objeciones gubernamentales frente a los fines y principios del estado social de derecho y la colaboración armónica transformadora. Estudio de caso: objeciones al proyecto de Código General Disciplinario

El presente trabajo se propone analizar la utilidad de la figura de las objeciones presidenciales en un caso concreto: el proyecto de Código General Disciplinario en Colombia. Dicho análisis se desarrolla en un primer capítulo, teórico-descriptivo, en el cual se abordan dos temas. En primer lugar, la teoría clásica sobre la tridivisión de poderes como pilar fundamental del Estado de Derecho; en segundo lugar, una minuciosa revisión de la teoría sobre las patologías de la división de poderes a partir del trabajo desarrollado por MALEM SEÑA & SELEME. El segundo capítulo se ocupa de examinar la figura de las objeciones presidenciales y su proceso de constitucionalización. Un tercer último capítulo se centra en el análisis pormenorizado de la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en el marco de las objeciones presidenciales que fueron presentadas en torno al Código Disciplinario Único, a partir de los argumentos del Gobierno como los de la Corte Constitucional. Por último, se presenta el acápite de conclusiones, en el cual se recogen nuestras apreciaciones frente al caso específico, señalando la utilidad de la figura e incluyendo algunas propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de las objeciones gubernamentales.

La implementación normativa del acuerdo final para la paz en el ordenamiento jurídico colombiano, en virtud a fallos relevantes de la Corte Constitucional

El presente documento se caracteriza por el análisis jurisprudencial efectuado a varios fallos generados por la Corte Constitucional en relación con la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado por el por el Gobierno Nacional y las Farc EP el 24 de noviembre de 2016. En el desarrollo del mismo se evidenció el papel primordial ejercido por la Corte como guardiana de la Carta Política de 1991y la interpretación crucial que se adelantó de la Paz en su triple dimensión (valor, derecho y deber) y como su materialización se estableció como fin último de la normatividad objeto de control, la importancia del mandato otorgado en razón de los acuerdos a las instituciones y autoridades en escenarios de transición hacia la paz, así como la decantación, caracterización y ponderación realizada de los principios axiales que integran la Constitución Nacional tales como la supremacía constitucional, rigidez, separación de poderes, deliberación , legalidad entre otros.

Criterios para la asignación de recursos en los municipios de sexta categoría. Escenario para la efectiva descentralización en Colombia

Mediante esta tesis se abordará el modelo del ordenamiento territorial adoptado por el Constituyente de 1991 explicando sus antecedentes, para analizar las atribuciones de la entidad municipal, específicamente aquellos ubicados en la categoría sexta, desde la perspectiva del ejercicio de las competencias asignadas a su cargo dentro del desarrollo de las funciones de esa unidad administrativa, con un enfoque dirigido a los criterios que han sido implementados para la asignación de recursos. Así mismo, se desarrollara el principio de "Autonomía Municipal como el atributo fundamental que ostenta y que permiten su desenvolvimiento y el cumplimiento de las tareas que les han sido asignadas con ocasión de lo dispuesto en la Carta. Se presenta una descripción del Reparto de Competencias, finalmente se hace un análisis a la gestión de los recursos propios de estas entidades. Con base en lo anterior, se determina su pertinencia bajo los parámetros de eficiencia en la prestación servicios y mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades, así como de los esfuerzos que demanda el desarrollo de sus territorios.