La alta litigiosidad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la congestión judicial y el aumento exponencial del pasivo contingente de sentencias, conciliaciones y otras formas de terminación de litigios impactan de forma directa el patrimonio público y la planeación fiscal de las entidades estatales, porque la destinación de los recursos públicos se concentra en solventar deudas ocasionadas por los daños antijurídicos que provocan los agentes estatales.