Reflexiones sobre el régimen tarifario del transporte terrestre y sus implicaciones en Colombia
Portada
PDF 
FLIP 
Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Indexadores
Código QR
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Tipo de Material
Fecha
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
El Estado colombiano a lo largo de los años ha mostrado particular interés en intervenir en las denominadas “relaciones económicas” del sector transporte terrestre de carga y, en cierta forma, regular los pagos que realiza el generador de carga a las empresas de transporte, y a su vez el que estas realizan a los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos. Sin embargo, a pesar de que se trata del desarrollo de una facultad otorgada por ley al Gobierno, no existido una línea clara a la hora de justificar el establecimiento de restricciones al libre juego de la oferta y demanda en este ámbito, pareciendo en ocasiones incluso que lo que se busca, lejos de solucionar alguna falla del mercado o de proteger en general el régimen de competencia, es solucionar un problema político garantizando un mínimo de ingreso a uno de los integrantes de la cadena de transporte: el propietario, poseedor o tenedor del vehículo.
Resumen en ingles
The Colombian State has shown particular interest over the years in intervening in the so-called "economic relations" of the land freight transportation sector and, in a way, regulating the payments made by the shipper to transport companies (and in turn, those made by said companies to the owners, possessors or holders of vehicles). However, despite the fact that said intervention is an execution of a power granted by law to the Government, there has not been a clear line as to justify the establishment of restrictions on the free competition rule in this area, sometimes even appearing that what is sought, far from solving any market failure or protecting the competition regime in general, is to solve a political problem by guaranteeing a minimum of income to one of the members of the transport chain: the owner, possessor or holder of the vehicle.