Medidas adoptadas en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en Colombia y los nuevos escenarios regulatorios en cara a la nueva realidad
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Resumen en español
En el marco de las dos declaratorias de emergencia económica, social y ecológica para Colombia, fueron expedidos decretos legislativos en diferentes áreas, entre ellas la referente a los servicios públicos. Es así como, en el marco de la primera declaratoria del Estado de emergencia consagrada en el Decreto 417 de 2020, se expidieron once decretos legislativos en materia de servicios públicos y en la segunda declaratoria prevista en el Decreto 637 de 2020, se expidieron cinco decretos legislativos en la materia. Con este conjunto de medidas se buscó garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, mecanismos asociados para asegurar el pago de los mismos y la posibilidad de solicitar el pago diferido en el caso específico de los servicios de agua, energía y gas. Adicionalmente, mecanismos de acceso a los fondos para que las empresas prestadoras del servicio pudieran continuar prestando sus actividades, como principales medidas definidas por el Gobierno. Sumado a este marco, los reguladores sectoriales se vieron abocados a expedir regulaciones acordes a los mandatos establecidos en los decretos, flexibilizando su regulación, en materia de calidad, de reportes de información, entre otras. Una vez finalizadas las dos declaratorias de emergencia económica, social y ecológica, más no la sanitaria, la cual se ha extendido hasta el 30 de noviembre del presente año (2020), surge la pregunta, ¿Cuál es el nuevo escenario en materia de servicios públicos de cara a la nueva normalidad? Para responder tal pregunta, se tendrá en cuenta lo que la pandemia evidenció: la falta de cobertura de los servicios públicos o su deficiente prestación. De allí que sea necesario revisar el papel del Estado como director de las actividades económicas, y si debe acentuar su intervención en el mercado de los servicios públicos, con el fin de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales o permitir que el mercado restablezca por si solo su equilibrio y el Estado ejerza únicamente la supervisión, vigilancia y control de los sectores. En uno u otro escenario debe existir una política pública acompañada de una agenda estratégica, cuyo objetivo sea minimizar las brechas y desigualdad entre los habitantes del territorio nacional respecto al acceso de los servicios públicos
Resumen en ingles
Around the two declarations of economic, social and ecological emergency for Colombia several legislative decrees were issued in different areas, including the one referring to public services. This is how, within the framework of the first declaration of emergency state enshrined in Decree 417 of 2020, eleven legislative decrees on public services were issued, and in the second declaration provided for in Decree 637 of 2020, five decrees were issued legislation on the matter. This set of measures sought to guarantee continuity in the provision of services, associated mechanisms to ensure their payment and the possibility of requesting deferred payment in the specific case of water, energy and gas services. Additionally, mechanisms for access to funds so that the companies providing the service could continue providing their activities, as the main measures defined by government. Added to the fact that sector regulators issued regulations in accordance with the mandates established in the decrees, making their regulation more flexible, in terms of quality, information reports, among others. Once the two declarations of economic, social and ecological emergency have ended, the question arises, what is the new scenario in terms of public services facing the new normality? To answer this question, we will take into account what the pandemic evidenced: the lack of coverage of public services or their deficient provision. Hence, it is necessary to review the role of the State as director of economic activities, and whether it should accentuate its intervention in the public services market, in order to comply with constitutional mandates or allow the market to reestablish itself its balance, and the State exercises only the supervision, vigilance and control of the sectors. In one or the other scenario, there must be a public policy accompanied by a strategic agenda, whose objective is to minimize the gaps and inequality between the inhabitants of the national territory regarding access to public services.