Participación ciudadana y consulta previa en el sector minero argentino
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Resumen en español
Este artículo examina los fundamentos constitucionales y legales de la participación ciudadana y de la consulta previa a pueblos originarios en el sector minero en la República Argentina, apuntando tanto desarrollos regulatorios como, de modo general, vacíos normativos e institucionales para garantizar la plena efectividad de estos derechos. El artículo hace una revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de participación ciudadana y consulta previa, de la cual pueden extraerse estándares relevantes a los casos concernientes a la actividad minera. Del análisis surge el contraste entre el ambicioso marco constitucional aplicable a los recursos naturales, que descansa en un enfoque de sostenibilidad y derechos humanos a partir de la reforma de 1994, y los mecanismos de participación pública y consulta previa, que son resorte de las autoridades provinciales. En materia de consulta previa, hay una gran brecha entre los principios emanados de las cláusulas constitucionales y los compromisos internacionales, y la implementación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados en proyectos que los afectan a través de medidas legislativas y administrativas, institucionalidad apropiada y políticas públicas en la materia.
Resumen en ingles
This article examines into the constitutional and legal foundations of citizen participation and prior consultation to indigenous peoples in mining projects in Argentina. It points out legal developments and, in general terms, normative and institutional gaps that hinder the full effectiveness of these rights. The article reviews decisions of the Supreme Court of Justice concerning citizen participation and prior consultation, which provide a basis to draw standards relevant to cases related to mining. The article underlines the contrast between the ambitious constitutional framework applicable to natural resources, embedded in a sustainability and human rights approach as of the 1994 constitutional reform, and the public participation and prior consultation mechanisms in force, which fall under the competence of provincial authorities. Regarding prior consultation, there is a wide gap between the principles derived from constitutional provisions and international commitments, and the effective implementation of the rights of indigenous peoples to be consulted on projects that affect them through legislative and administrative measures, appropriate institutions and public policy on the subject matter.