Análisis a la restitución de los derechos territoriales de la comunidad Embera Katío del Alto Andágueda
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Resumen en español
En el presente, abordo el estudio del proceso de Restitución de Derechos Territoriales de la Comunidad Indígena Embera Katío del Alto Andágueda, analizando las afectaciones territoriales y de daños de la Comunidad, así como la efectividad o no de la materialización de las órdenes de la Sentencia proferida por el Tribunal de Antioquia. Se llegó a la conclusión que el estado de cosas inconstitucional persiste, como quiera que se siguen generando desplazamientos, muertes a líderes y lo que es aún más grave, el conflicto armado subsiste en la zona de ubicación del resguardo. Se evidencia en el trabajo la preocupación de la falta de enfoque diferencial étnico, que ha dificultado la implementación y ejecución de los programas que pretenden cumplir lo decidido por la Judicatura. Otro de los temas sensibles ha sido la falta de claridad de la política estatal en el caso concreto, sobre ponderaciones entre la explotación de recursos no renovables versus la política pública de reparación a víctimas del conflicto armado y a la falta de coordinación institucional por medio de directrices para la efectividad de la política pública que promulga el gobierno en favor de las víctimas.
Resumen en ingles
Throughout this document, I address the study of the process of Restitution of Territorial Rights of the Embera Katío Community of Alto Andágueda, analyzing the territorial effects and damages to the Community, as well as the effectiveness in the materialization of the orders of the Judgment issued by the Antioquia’s Court. After performing the study, it was concluded that the unconstitutional state of affairs persists due to the displacement and death of the leaders continues and what is even worst, the armed conflict pursues in the area where the reservation is located. Also emerges the concern about the lack of ethnic differential focus throughout this document, which has hindered the implementation and execution of the programs that seek to comply with what was decided by the Judiciary and the gaps in the Decree Law 4633 of 2011. Furthermore, another sensitive issue has been the lack of clarity of state policy in the specific case, on weightings between the exploitation of non-renewable resources versus the public policy of reparation for victims of the armed conflict, this added to the lack of institutional coordination through guidelines for the effectiveness of the public policy that the government enacts in favor of the victims.