Resumen en español

El control sobre los servicios públicos domiciliarios y otras industrias en redes es un modo de intervención especial, distinto de la policía general que tiene el Estado sobre la actividad económica. Por las altas inversiones en infraestructura y las fuertes dimensiones sociales y ambientales de las externalidades negativas y positivas en estas industrias, se argumentó durante un largo tiempo que dichos servicios debían ser asumidos por actores públicos. Sin embargo, los problemas crecientes en el modelo de prestación estatal de los servicios públicos domiciliarios hicieron palpables las ineficiencias derivadas de años de malas prácticas, observándose tarifas que no cubrían el costo de prestación, falta de continuidad y una baja cobertura y calidad en su provisión. Estos resultados suscitaron serios cuestionamientos desde la economía y la ciencia política sobre la capacidad de producción y planificación del Estado y acerca de los posibles efectos dañinos que la titularidad pública de estos servicios tiene como alternativa para corregir fallas en las industrias en redes. En el marco de las reformas emprendidas por diferentes países para hacer frente a estas críticas, el constituyente de 1991 optó por la apertura al sector privado de esa actividad económica y creó, por ende, un escenario de libre competencia para los servicios públicos.