¿De la declaratoria de inexequibilidad del requisito de procedibilidad para demandar la nulidad de una elección por voto popular en el CPACA, se deriva la no exigencia del mismo a pesar de ser un requisito de orden constitucional?
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Resumen en inglés
The Legis/ative Act 01 of 2009, through its eighth article, introduced a new requirement to the constitutional text befare initiating the action of electoral nullity befare the jurisdiction, procedural requirement that was regulated in the sixth paragraph of article 161 of Law 1437 of 2011 -(PACA-, according to which, befare the declaration of the election, the claim must be made befare the corresponding electoral authority about the facts that arise during the voting or the scrutiny and that may result in an objective nullity of that contest electoral. The requirement of this procedural requirement has been a matter of controversy among the State Counselors of the Fifth Section, since there are those who oppose it by virtue of the fundamental right of access to justice, and after almos! 6 years of its regulation in the CPACA, that is to say in 2017, the requirement was subject to a public action of unconstitutionality from which its unconstitutionality was derived and has left a series of doubts about its application.
Resumen en español
El Acto Legislativo 01 de 2009 mediante su artículo octavo, introdujo al texto constitucional un nuevo requisito a cumplir antes de incoar la acción de nulidad electoral ante la jurisdicción, requisito de procedibilidad que fue regulado en el numeral sexto del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011-CPACA-, según el cual, antes de la declaratoria de la elección debe hacerse la reclamación ante la autoridad electoral correspondiente sobre los hechos que se presenten durante la votación o el escrutinio y que puedan derivar en una causal de nulidad objetiva de ese certamen electoral. La exigencia de este requisito de procedibilidad ha sido materia de controversia entre los Consejeros de Estado de la Sección Quinta pues hay quienes se oponen a la misma en virtud del derecho fundamental del acceso a la justicia, y luego de casi 6 años de su regulación en el CPACA, es decir en el 2017, el requisito fue objeto de una acción pública de inconstitucionalidad de la cual se derivó su inexequibilidad y ha dejado una serie de dudas acerca de su aplicación.