Efectividad de la multa como instrumento sancionatorio ambiental. Análisis del monto máximo imponible y la capacidad económica del infractor como criterios sustanciales
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Resumen en español
El procedimiento sancionatorio ambiental establecido en Colombia le permite a los titulares de la potestad sancionatoria imponer a los infractores multas diarias hasta de 5.000 smlv; desde el punto de vista doctrinal se ha considerado que la multa debe cumplir un fin preventivo, y para lograrlo el monto debe ser lo suficientemente perjudicial como para lograr fines de prevención general e individual. Del mismo modo, según una de las metodologías definidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para calcular las multas en materia administrativa ambiental se deben tener en cuenta diversos criterios que permitan individualizar la sanción, así como las particularidades de la infracción y del sujeto que ha violado la norma o ha generado un daño ambiental. Este documento procura identificar si el monto máximo de la multa es suficiente para lograr la efectividad del procedimiento sancionatorio y si los criterios dispuestos por la Resolución 2086 de 2010 resultan idóneos para conocer la capacidad económica del infractor.
Resumen en inglés
The environmental sanction procedure established in Colombia allows the holders of the sanctioning power to impose daily fines of up to 5000 smlv on perpetrators. From the doctrinal point of view, it has been considered that the fine must fulfill a preventive purpose and to achieve it, the amount of the fine imposed on the offender must be sufficiently harmful to achieve general and individual prevention purposes. In the same way; according to one of the methodologies defined by the oecd to calculate fines in environmental administrative matters, several criteria that allow individualization of the sanction should be taken into account, as well as the particularities of the infraction and the subject that has violated the law or has generated environmental damage. This document seeks to identify if the maximum amount of the fine is sufficient to achieve the effectiveness of the sanctioning procedure and if the criteria set forth in Resolution 2086 of 2010 are suitable to identify the offender’s economic capacity.