Baldíos desde la perspectiva de patrimonio nacional y la eficaz protección ambiental
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Resumen en ingles
From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.
Resumen en español
Desde la especialidad del denominado derecho de tierras o derecho agrario, la ciencia jurídica tiene en Colombia un gran reto para evitar los conflictos sociales que puedan surgir al distribuir la superficie territorial rural entre quienes la desean y están en condición para explotarla, por el incesante crecimiento de la demanda de nuevas tierras disponibles para uso agrario o pecuario, las necesidades también crecientes de recursos naturales no renovables y la obligación constitucional de conservación natural para garantizar el desarrollo sostenible de la Nación. En otras palabras, es evidente que junto a la necesidad de garantizar la sostenibilidad alimentaria de la población, o satisfacer otras intenciones económicas que presionan la disponibilidad de más áreas para explotación, están la de conservar las áreas de especial importancia ecológica, y la de proteger y acrecentar el patrimonio público presente en el territorio. ¿Cómo hacer todo eso simultánea y jurídicamente posible? Aunque en Colombia se dice frecuentemente que por diversas razones la tierra está inequitativamente distribuida, lo cierto es que la mayoría de ella está ocupada, bien porque quien la posee tiene títulos de dominio o propiedad privada sobre ella, o bien porque se ocupa y explota sin título ante el descuido de su propietario particular o estatal. Y es de esta última situación que nos ocuparemos, pues la mayor preocupación de la sociedad debe ser cómo evitar la ocupación indebida de los bienes fiscales o estatales, y los bienes de uso público de propiedad de la Nación bajo administración del Estado, especialmente, en este último caso, los páramos, cuya estrategia ideal de conservación, por su inmensurable valor ecológico, es que deberían permanecer como baldíos para garantizar que nunca se ocupen o adjudiquen. Actualmente los marcos normativos han sido desbordados en su propósito de proteger los bienes baldíos (por la necesidad de garantizar el desarrollo sostenible y al mismo tiempo de salvaguardar el patrimonio fiscal nacional), y algunas decisiones de las cortes, Constitucional y Suprema de Justicia, posiblemente sin que se lo propusieran, han acrecentado las posibilidades de que esto suceda bajo la sana intención de que las personas que los ocupan no vean menoscabados sus derechos fundamentales. ¿Cómo evitarlo? Paralelamente ha surgido un alto interés por proteger eficaz y efectivamente ciertas áreas del territorio nacional, como los páramos, los santuarios de flora y fauna, y los parques nacionales naturales (los dos últimos ya incluidas legalmente como áreas naturales protegidas), incluso de la actividad agropecuaria, para dedicarlos exclusivamente a la conservación natural, lo que disminuye las posibilidades de adjudicaciones administrativas por vía del desarrollo agropecuario y la protección del hombre del campo, y al mismo tiempo, reservando bienes inmuebles como inventario del patrimonio nacional. Las fórmulas que se proponen para resolver esa situación y absolver las preguntas anteriores parten tanto de claridades conceptuales como desde el sentido común, pilar fundamental de una política pública que concilie los intereses agropecuarios y ambientales que, descubrimos, están íntimamente ligados.