Un análisis del principio de universalidad respecto de los delitos de drogas en Estados Unidos a la luz del derecho penal del ciudadano
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Resumen en español
¿Tiene Estados Unidos la legitimidad para castigar a un individuo sudamericano que participa en un transporte de drogas desde Sudamérica a Asia? La pregunta es relevante porque la Maritime Drug Law Enforcement Act (MDLEA) de dicho país establece -en los hechos- una jurisdicción universal, tratándose probablemente del cuerpo legal que permite más condenas conforme a dicho principio del derecho internacional. Ni el derecho internacional, ni la constitución estadounidense, ni las teorías del derecho penal orientadas a la protección de intereses (la teoría del bien jurídico o el principio del daño) ofrecen un freno normativo a este recurso al principio de universalidad. En cambio, la idea de fundar la legitimidad del derecho penal en el vínculo político existente entre el estado que pretende castigar y el destinatario de la norma (concretado en la ciudadanía) pone en duda que se pueda intentar optimizar los resultados de la guerra contra el narcotráfico reconociendo a los Estados la posibilidad de ejercer jurisdicción universal. Si el referido vínculo es importante, entonces no da lo mismo quién castiga. En consecuencia, el ejercicio de jurisdicción extraterritorial no puede degradarse a una división eficiente del trabajo en el combate contra aquellos que se perciben como enemigos comunes.
Resumen en inglés
Can the United States claim the legitimacy to punish an individual from South America involved in transporting drugs from South America to Asia? Such a question is relevant because the U.S. Maritime Drug Law Enforcement Act (MDLEA) effectively establishes universal jurisdiction and is probably the body of law that allows for the most convictions under such a principle of international law. Neither international law, nor the U.S. Constitution, nor theories of criminal law focused on the protection of interests (the legal good theory or the harm principle) offer a normative restraint on this resort to the universality principle. On the other hand, the idea of basing the legitimacy of criminal law on the political bond existing between the state that seeks punishment and the addressee of the norm (concretized in the citizenry) casts doubt on whether it is legitimate to try to optimize the outcomes of the war on drugs by acknowledging to states the possibility of exercising universal jurisdiction. If the aforementioned bond matters, then who inflicts punishment is relevant. Consequently, the exercise of extraterritorial jurisdiction cannot be downgraded to an efficient division of labor in the fight against those perceived as common enemies.