El acceso a la administración de justicia de los menores de edad : déficit de protección en el proceso contencioso administrativo
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Resumen en ingles
Child's best interest principles, and the prevalence of their rights over the others' impose the State the obligation of guarantying a special protection to the under-age population on all aspects, which will facilitate its effective access to justice administration. However, this is a commitment that is not being fully fulfilled in Colombia, despite the fact that those injunctions implied all the legal system. However, this is not carried out as intended in practice. The reason of this issue lies in the fact that the criminal, civil, and family process can acknowledge a considerable protection of the children's rights. On the other hand, the administrative contentious process ignores the special treatment that under-age population deserves under constitutional provision. As a matter of fact, it is remarkable the need of establishing a differential treatment that leads to overcome the situations previously mentioned, and additionally, to guarantee the effective application of the constitutional injunctions.
Resumen en español
Los principios de interés superior del niño y prevalencia de sus derechos sobre los de los demás le imponen al Estado la obligación de garantizar una protección especial a los menores de edad, en todos los ámbitos, inclusive en el judicial, que facilite su acceso efectivo a la administración de justicia. Compromiso que en Colombia no se ha cumplido a cabalidad, como quiera que a pesar de que esos mandatos irradian todo el ordenamiento jurídico, en la práctica se observa que ello no es así, pues mientras en el proceso penal, civil y de familia se puede reconocer una robusta protección a los derechos de los niños, en el proceso contencioso administrativo se desconoce el trato especial que los menores ameritan por disposición constitucional, lo que llama la atención sobre la necesidad de establecer un trato diferencial que permita superar la situación y asegurar la efectiva aplicación de los mandatos constitucionales.