Plazos sin derechos:los términos procesales de la Ley 1826 de 2017 bajo la mirada del bloque de convencionalidad
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Resumen en español
La reducción de los plazos procesales en materia penal puede contribuir a la materialización de los derechos fundamentales derivados del proceso. Sin embargo, no siempre abreviar las etapas puede optimizar garantías constitucionales y convencionales. En esta investigación se estudia cómo la reforma procesal realizada por la Ley 1826 de 2017 al código de procedimiento penal, en ciertos términos, interviene la carga de derechos fundamentales de las partes intervinientes en una causa penal (la víctima, el procesado, el Estado). Para ello, mediante una recolección de términos, según el acusador privado, el procedimiento abreviado y los actos concurrentes, se estudia los grados de satisfacción del alcance de derechos que pretenden alcanzar cada término (adscripción de principios ius-fundamentales). En ese sentido, se formula un modelo de tres niveles para la medición de la satisfacción (en una escala de semaforización) que permita fijar las situaciones en las que la reducción de términos fragmenta el plazo razonable y, de ese modo, las garantías constitucionales que desea materializar.
Resumen en ingles
The reduction of procedural terms in criminal cases can contribute to the materialization of the fundamental rights derived from the process. However, not always abbreviating the procedural can optimize constitutional and conventional guarantees. This research studies how the procedural reform carried out by The Act 1826 of 2017, in certain terms, intervenes in the burden of fundamental rights of the parties involved in a criminal case (the victim, the criminal, and the State). To do this, through a collection of terms, according to the private prosecutor, the abbreviated procedure, and the concurrent acts, the degrees of satisfaction of the scope of rights that each term intends to achieve (assignment of ius-fundamental principles) are studied. In this sense, a three-level model is formulated for the measurement of satisfaction (on a stoplight scale) that allows establishing the situations in which the reduction of terms fragments the reasonable term and, in this way, the constitutional guarantees that you want to materialize.