El principio de proporcionalidad en el procedimiento sancionatorio en materia contractual
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Resumen en español
La superioridad del Estado por el ejercicio de la potestad sancionatoria genera muchos debates entre el control social y la protección de los derechos y garantías de los administrados. Esa supremacía del Estado en la contratación Estatal está comprendida en el Estatuto General de Contratación de la Administración pública, al otorgarle a las entidades públicas discrecionalidad para sancionar al contratista que incumple con las obligaciones contractuales. El abordaje del estudio del debido proceso administrativo y las diferentes sanciones en materia contractual que tiene a disposición la administración pública para constreñir el cumplimiento del contrato estatal, pone de manifiesto que el principio de proporcionalidad conformado por el subprincipio de idoneidad, subprincipio de necesidad y subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto es el mejor instrumento que puede contar la Administración pública para el análisis de la situación fáctica y jurídica del caso concreto, y la determinación de la sanción administrativa a imponer. También estudia los medios de control judiciales que puede interponer el administrado para la defensa de sus derechos y garantías al encontrar que la situación fáctica y la sanción contenida en el acto administrativo sancionatorio carecen de proporcionalidad.
Resumen en inglés
The State's sanctioning power sparks numerous debates about social control and the protection of rights and guarantees for its targets. The State's supremacy in Government contracting is reflected in the General Statute of Contracting of the Public Administration, which gives public entities the authority to sanction contractors who fail to meet contractual obligations. This research focuses on the general study of administrative due process and the various contractual sanctions available to the Public Administration to ensure compliance with state contracts. This demonstrates that the proportionality principle, comprised of the subprinciples of suitability, necessity, and proportionality in the strict sense, is the best tool that the Public Administration can rely on for the analysis of the factual and legal situation of the specific case, as well as the determination of the administrative sanction to be imposed. It also studies the judicial control means that may be used by the target to defend its rights and guarantees when it finds that the factual situation and the sanction contained in the sanctioning administrative act lack proportionality.