Contra toda apariencia, en 1991 no hubo reforma territorial. Está pendiente y para llevarla a cabo será inevitable reabrir el debate constitucional. Los principios de descentralización y autonomía, defectuosos en su concepción y desprovistos de garantías, no han podido llevarse a la realidad. El municipio y el departamento son instituciones rígidas, anacrónicas y disfuncionales, están petrificados en la Constitución. La realidad de la descentralización reclama un desarrollo institucional que la Constitución no provee ni permite que la ley la cree. Una oleada de modernidad, flexibilidad, racionalidad y democracia debe renovar desde sus cimientos el Título XI, que regula la organización territorial.