Resumen en español

La Constitución de 1991 creó la Jurisdicción Especial Indígena, mas no las funciones contenciosas de las autoridades indígenas. Es decir que la resolución de litigios por parte de quien detenta la autoridad en tales comunidades es una función previa a la Constitución Política, propia, connatural a su historia y a su identidad. La articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y los jueces de la Rama Judicial del poder público ha sido un trabajo de construcción jurisprudencial, a través de la decisión de acciones de tutela y de conflictos de competencia por parte del Consejo Superior de la Judicatura y, ahora, de la Corte Constitucional.