Resumen en español

Enmarcado en la proliferación regional de sistemas de ciencia, tecnología e innovación, el capítulo indaga sobre el papel asignado a la ciencia en el ámbito de la regulación y, de manera más concreta, en la posibilidad de que el cambio de paradigma que acompaña las relaciones universidad-empresa induzca a un escenario adverso para la integridad científica. Desde esta perspectiva, el Estado, en ejercicio de su función de promotor de la interacción universidad-empresa, asume dos obligaciones principales: por un lado, debe garantizar la participación de la comunidad científica en los debates que conciernen al interés general, y por el otro, debe comprometerse a contar con un marco legal en materia de integridad científica enfocado de manera exclusiva en reducir las asimetrías de información que pueden afectar a los consumidores y competidores en el ámbito industrial y comercial.