Persona: Santaella Quintero, Héctor
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Algunas reflexiones sobre las nuevas formas de actuación administrativa impuestas por el mercado y la técnica y sus implicaciones para la metodología de la ciencia jurídica-administrativa
Este trabajo pone de relieve las transformaciones que recientemente ha registrado el Derecho Administrativo en relación con la forma como tradicionalmente se han atendido funciones como la protección de la comunidad frente a riesgos o amenazas para la seguridad o salubridad públicas. Al análisis efectuado subyace una pretensión metodológica básica: subrayar la importancia que tiene para la ciencia jurídico-administrativa la observación de la práctica cotidiana de la Administración, en contraste con la visión que privilegia la construcción del Derecho Administrativo a partir del estudio de la jurisprudencia de juez de la Administración.
Notas sobre el concepto y la garantía de la propiedad en la Constitución colombiana
Este artículo plantea la necesidad de explorar el régimen constitucional del derecho de propiedad privada como condición para llevar a cabo una reconstrucción adecuada del contenido y concepto del mismo, así como un presupuesto para la determinación del significado de su garantía establecida por el artículo 58 párr. 1 frase 1 de la Constitución colombiana. Las transformaciones actuales de la sociedad, la proliferación de formas de propiedad privada difícilmente reconducibles al esquema tradicional del Código Civil y el reconocimiento de los notables poderes de intervención sobre el derecho previstas por el texto constitucional como formas de asegurar la tutela del interés general elevan esta exigencia y demandan llevar a cabo esta labor. No de otra forma resulta posible asegurar tanto una base constitucional común a todas las relaciones entre el Estado, los particulares y lo adquirido por ellos, que al tiempo que formaliza su sometimiento a los poderes de injerencia estatal en este ámbito, racionaliza estos poderes y hace operativa la idea de garantía del derecho proclamada en la Constitución.
La forma del contrato estatal: algunas reflexiones sobre la incidencia del Estatuto Orgánico del Presupuesto sobre el perfeccionamiento de los contratos del Estado
Dentro del controvertido mundo de la contratación estatal, uno de los problemas que mayor debate suscita, pero frente a los cuales, paradójicamente, menor claridad existe, es el relacionado con el perfeccionamiento del contrato estatal. La vigencia de un Estatuto de Contratación Estatal (en adelante ECE) que disciplina la materia en un sentido y de una Ley Orgánica del Presupuesto (en adelante LOP) posterior que lo regula en otro han dado lugar a una encendida polémica frente a la cual la jurisprudencia, si bien se ha decantado mayoritariamente por una posición, no ha sentado una línea unívoca e inequívoca que permita disipar las dudas que esta aparente antinomia comporta, con la consecuente afectación de la seguridad jurídica que de ello resulta.
Encuadre sistemático de la regulación de telecomunicaciones en el esquema de fuentes del derecho administrativo colombiano
Pese a no gozar de reconocimiento constitucional, la autonomía y especialidad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (crc) existe y es un dato clave para la existencia de la regulación en el sector de las tic. Esto, debido a que el legislador, en desarrollo de la reserva de ley en materia de servicios públicos, definió y programó el ámbito de competencia de este órgano y tomó así una decisión que no solo configuró un ámbito positivo e inalienable de decisión en cabeza de aquella, sino que además delimitó una esfera en la que resultan vedadas las injerencias de otras autoridades. La competencia regulatoria expresamente atribuida por la ley a la crc excluye la posibilidad de que otra autoridad, con independencia de su rango, pretenda rivalizar con ella en el ejercicio de esa competencia. La norma regulatoria en materia de tic surge así como una norma subordinada a la Constitución, la ley, los decretos reglamentarios y la política gubernamental, pero dotada de un ámbito normativo propio, esto es, no residual. Por ende, resultaría contrario a la ley que el presidente de la República, en ejercicio de su competencia para reglamentar la ley, se tome atribuciones que no le corresponden y desborde la esfera de sus facultades adoptando decisiones de contenido regulatorio.
Debates y dilemas en materia de control judicial del acto administrativo en tiempos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El continuismo que en términos generales se observa entre el CPACA y la legislación anterior en relación con el control de legalidad del acto administrativo puede dar la impresión equivocada de que se trata de una materia estática y exenta de controversias. Con el fin de desvirtuar esa imagen, el artículo plantea un estudio detallado de los principales problemas que se identifican en el análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con los distintos medios de control que conforman este importante grupo de medios de control judicial de la Administración, a saber: la nulidad por inconstitucionalidad, el control inmediato de legalidad de las medidas administrativas adoptadas en estados de excepción, la nulidad simple y la nulidad y restablecimiento del derecho.
La maraña de las competencias e instrumentos de ordenación del territorio en el derecho administrativo colombiano: interacción multinivel más allá del criterio jerárquico y de la simple concertación horizontal
La decisión del constituyente de 1991 de estatuir un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales (art. 1.º), a las cuales reconoce, además, en su artículo 287, “autonomía para la gestión de sus intereses” y un conjunto de “derechos” (entre los que se destacan los de “[g]obernarse por sus propias autoridades” y “[e]jercer las competencias que les correspondan”), no solo supone la opción por un modelo territorial alejado del desgastado esquema centralista de la Constitución de 1886. Si bien desde un punto de vista político ello resulta coherente con la apuesta por la descentralización territorial efectuada en la reforma constitucional de 1986, desde un punto de vista jurídico-administrativo resulta harto audaz: supone abandonar la lógica de las relaciones de subordinación y el principio jerárquico como principales claves articuladoras de las relaciones entre la Nación y las autoridades territoriales.
Autonomía, Estado Social y Corte Constitucional. Vicisitudes del proceso de consolidación de la banca central indedependiente en Colombia
Categorías que perfilan el objeto y condicionan el acceso al juicio de nulidad: una reflexión metodológica y dogmática
De acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–), debido a su trascendencia para el Estado de Derecho y para el funcionamiento del sistema democrático, el control de legalidad de los actos de autoridad de la Administración centrado en los denominados juicios de nulidad está configurado de manera abierta y exenta de grandes formalidades. La regulación legal de los juicios de nulidad por inconstitucionalidad (art. 135 del cpaca) o de simple nulidad (art. 137 del CPACA) así permiten concluirlo.