Persona: Cardona González, Álvaro Hernando
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Análisis del origen del proceso sancionatorio ambiental por infracción normativa. Propuestas
La Ley 1333 de 2009, por la cual se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental vigente para Colombia, cumple diez años de aplicación. En ese lapso se ha recopilado información estadística que permite evaluar, desde el análisis de las infracciones por violación normativa, si esta labor de gestión basada en la vigilancia y el control ha sido eficaz y efectiva. Las actividades de vigilancia y control de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que hacen parte de un numeroso grupo de entidades ambientales y entes territoriales con funciones ambientales, pueden estarse distrayendo del principal objeto legal que tienen: la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. Y todo por estar privilegiando en algunos casos la vigilancia normativa y el impulso de procesos administrativos sancionatorios antes que procurar que los ciudadanos usen legalmente los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales, o den manejo adecuado a los impactos generados por sus obras o proyectos. Para corregir y evitar en lo sucesivo este yerro se propone un cambio en la visión administrativa, se hace una crítica a la política pública sectorial, y se plantean alternativas de acción focalizadas en las causas de las infracciones ambientales.
Participación de terceros en el trámite de concesiones y reglamentaciones de agua
La participación ciudadana se encuentra en el núcleo mismo de la concepción y el alcance de la democracia. Facilita la distribución equilibrada y más igualitaria de las políticas públicas, las acciones y los logros sociales para satisfacer las necesidades de las sociedades. Y en materia ambiental, y especialmente en tratándose de satisfacer las necesidades de agua, se convierte en instrumento que facilita la mejor toma de decisiones por el Estado como administrador del recurso natural, en su deber de planificación del manejo y aprovechamiento de este recurso natural renovable. Pero, por otra parte, en la interminable y cada vez más acuciante necesidad de prevenir los conflictos y definir estrategias más eficientes para resolverlos, la participación ciudadana es insustituible. Aunque se corre el riesgo de que ella, en cambio, los genere como oposición a veces alejada de las realidades y necesidades colectivas alrededor del agua.
Características generales y clasificación de los trámites ambientales
Cualquier introducción al derecho ambiental que rige en Colombia debe pasar por el conocimiento del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Allí encontrará desde el principio (art. 3.º) la lista de recursos naturales y los elementos ambientales que comprende. Y muy pronto también hallará la manera como esa compilación básica establece los modos para adquirir el derecho a usar los recursos naturales y demás elementos ambientales que, por ser de dominio público, requieren de previo trámite administrativo ante el Estado y expresa autorización. Sin embargo, es curioso que tal cúmulo normativo no se haya detenido en conceptualizar cada modo y cada procedimiento para esos efectos. Que tampoco lo haya hecho para precisar detalles de cada uno y clasificarlos. Y menos, que haya sistematizado la manera como en las sucesivas reglamentaciones o desarrollos normativos esas disposiciones generales se hayan respetado. En este corto escrito, se pretende corregir tales yerros. Y se hace con la intención, no de agotar la investigación acerca de los modos de adquirir en Colombia el derecho de uso de los recursos naturales y demás elementos ambientales sino, por el contrario, de estimular mayores investigaciones para que ello conduzca a mejores fórmulas jurídicas de prevención y resolución de los conflictos sociales como extenuante esfuerzo de un derecho verdaderamente científico-social. Esta es una exposición sintética y clara de los tipos de modos para adquirir el derecho de uso de los recursos naturales y demás elementos ambientales, las definiciones y características de cada uno, las clasificaciones posibles de los mismos y las sugerencias, no solo para continuar investigando en esa área, sino para ahondar en el esfuerzo, de forma que desde lo ambiental la ciencia jurídica rescate su esencia como área del conocimiento social. Aboga por tener insumos para enfrentar con mayor éxito las tendencias reformadoras del régimen ambiental, que si bien son necesarias para contextualizarlo y ponerlo a tono con el conocimiento científico más actualizado, también corre el riesgo de fracasar en el intento de ser más coherente y aplacar los conflictos crecientes.
Una Encíclica ecológica: Laudato Si´
Cuando se publicó, Laudato Si’ coincidió con una reflexión nacional acerca de si el modelo económico-capitalista fundado en el desarrollo sostenible adoptado por Colombia en su Constitución Política era suficiente para garantizar la sobrevivencia de la sociedad hacia el futuro, dada la forma como seguimos utilizando los recursos que lo hacen posible. Como católicos, y en relación con ello, como producto de una sincera reflexión ética, llegamos a la conclusión de que visto así el desarrollo sostenible no es tampoco la salida adecuada. Y en gran parte fue la Encíclica Laudato Si’ la que nos permitió llegar a la conclusión práctica y ética de que si seguimos usando los recursos naturales de que disponemos como lo venimos haciendo, de forma que los entreguemos a las siguientes generaciones en las mismas condiciones no es suficiente, pues ello plantea un futuro de igual o peor calamidad ambiental. De esa misma conclusión derivamos que el Derecho debe cambiar paradigmas en su papel de mediador en la sociedad.
Historia y evaluación de las celebraciones ambientales
Desde los orígenes de la legislación ambiental la educación, la comunicación y la conciencia colectivas relativas a la protección y recuperación del ambiente natural son consideradas medios de desarrollo de la política ambiental colombiana y se reflejan, primero, en la Declaración de Estocolmo de 1972, y luego en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente de Colombia de 1974. Una estrategia en ese sentido, y por tanto una actividad nada superflua para el ambientalismo y para el derecho ambiental, consiste en establecer fechas para celebrar ciertos aspectos relevantes de esas ciencias. Por eso es importante evaluar cuáles son y cómo han influido en los cambios comportamentales (son el objeto principal del derecho) en favor del medio ambiente y el modelo del desarrollo sostenible.
Análisis del decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible
Después de mucho debatirse en Colombia la necesidad de realizar un esfuerzo por avanzar en la seguridad jurídica, mejorar la calidad de las normas y simplificar para el ciudadano la consulta de las reglas de comportamiento, al gobierno nacional se le ocurrió comenzar por la unificación de las prescripciones contenidas en los decretos reglamentarios en todos los sectores de interés de la sociedad. En materia ambiental esta codificación quedó incluida en el Decreto 1076 de 2015. Sin embargo, este ensayo devela las dificultades que esta única reglamentación aún debe superar para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se trazaron en el Documento Conpes 3816 de 2014, acordado para definir una política pública destinada a mejorar la normativa y cumplir con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde); al fin y al cabo lo que se debe lograr es mejorar la administración de la economía, implementar políticas públicas, y corregir y estimular los comportamientos positivos de los miembros de la sociedad.
Las aguas subterráneas y las autoridades competentes en Colombia
El deficiente conocimiento científico sobre la cantidad y calidad del agua, el indebido y desbordado uso, y la contaminación creciente del recurso hídrico son una realidad en Colombia. Los esfuerzos en su administración requieren de nuevos marcos regulatorios, una racionalidad en los instrumentos de uso y control, y mayor coordinación institucional, pues crecen las autoridades competentes. Esto afecta también a las aguas subterráneas, que ya no pueden verse como recurso que tenemos en ahorro y al que alguna vez acudiremos, sino como una fuente cada vez más demandada y origen de conflictos que no hemos previsto. En este documento confiamos en que una más eficiente gestión del recurso hídrico que parta de mayor conocimiento de la regulación existente y de su revisión con propósitos jurídico-científicos puede contribuir a la prevención de conflictos sociales.
Modos de adquirir el derecho al uso de las aguas superficiales de dominio público en Colombia
Las formas de adquirir la autorización para usar los recursos naturales renovables en Colombia se denominan en las normas “modos”. Y es en materia de uso de aguas de dominio público donde todos ellos se pueden apreciar. ¿Cuáles son, cómo se pueden definir, cuándo operan?, son interrogantes que adquieren relevancia cuando la legislación no se ocupa adecuadamente de ellos, generando, en contravía de lo que debe ser el papel del derecho, conflictos cada vez más numerosos. Igualmente, cuando se hacen más complejas las relaciones entre el Estado, que es exigido como administrador del medio ambiente, y los ciudadanos que demandan más y más recursos naturales por aumento de la población o por el incremento de los medios de producción que los necesitan. Así que el objeto de estudio propuesto en el presente escrito son los modos de adquirir el derecho al uso de las aguas continentales, el cual no abarcará el estudio de las aguas marítimas por tratarse de un régimen jurídico distinto.
El Decreto 578 de 2018 y los procesos de reconocimiento de dominio rural
From the specialty of the denominated Land Law or Agrarian Law, legal science has a great challenge in Colombia to avoid social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface between those who want it and can exploit it, and those who possess them materially, due to the incessant growth in demand for new lands available for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. Although the country has recognized the importance of closing the rural poverty gap and generating the factors to prevent migration to the cities of men who have a vocation to develop agricultural activities and has tried to implement policies and legislation to address these problems. Today, there is still a need to guarantee the food sustainability of the population and satisfy the economic desires of a growing population, which brings with it greater pressures to have more areas for agricultural exploitation. In order to formalize the holdings and possessions on rural properties with registration records that begin with false tradition, which have evidenced the enormous informality in the ownership of the domain or property over the rural property, the State issued Decree 578 of 2018, which generates many susceptibilities that merit analyzing and guiding a unique legal position. And there arises the purpose of this four-hand article between who must promote the formalization administrative processes supporting the responsibilities that in this matter correspond to the National Land Agency (ant) and who must ensure the defense of the interests of the farmers from the Public Ministry. Of course, without the presumption of declaring the debate exhausted, but instead providing elements from their experience for a better analysis.