Persona: Ortiz Laverde, Sandra Milena
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El regulador convergente. Ventajas y desventajas. La revisión de la experiencia del modelo del Reino Unido, México y Argentina de cara al nuevo regulador colombiano
En el 2014, producto de las recomendaciones dadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el sector de las telecomunicaciones, dentro del proceso que está adelantado Colombia para el ingreso a esta organización, se consideró la conveniencia y la oportunidad de crear un órgano convergente para el sector de las comunicaciones electrónicas, no limitándolo al sector de las telecomunicaciones o al sector audiovisual exclusivamente, dando respuesta al fenómeno de la convergencia regulatoria desde el punto de vista institucional, siendo uno de los últimos aspectos a tener en cuenta para garantizar el desarrollo y evolución del sector tic, como un sector convergente, el cual es transversal a todas las actividades económicas del país. Por lo anterior, es necesario revisar desde el punto de vista institucional las implicaciones que traería para el sector TIC colombiano la creación de un solo ente regulador que cuente con independencia, autonomía y con unas competencias claramente definidas para este sector, así como las ventajas y desventajas derivadas de su creación, como lo son las modificaciones al modelo institucional vigente, para lo cual es necesario revisar el modelo comparado en aquellos países que han considerado oportuno crear un regulador convergente que integre a los sectores de telecomunicaciones y el sector audiovisual, así como la reciente experiencia del Reino Unido, México y Argentina que han creado reguladores convergentes y cuál sería el modelo más óptimo para Colombia.
Medidas adoptadas en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en Colombia y los nuevos escenarios regulatorios en cara a la nueva realidad
En el marco de las dos declaratorias de emergencia económica, social y ecológica para Colombia, fueron expedidos decretos legislativos en diferentes áreas, entre ellas la referente a los servicios públicos. Es así como, en el marco de la primera declaratoria del Estado de emergencia consagrada en el Decreto 417 de 2020, se expidieron once decretos legislativos en materia de servicios públicos y en la segunda declaratoria prevista en el Decreto 637 de 2020, se expidieron cinco decretos legislativos en la materia. Con este conjunto de medidas se buscó garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, mecanismos asociados para asegurar el pago de los mismos y la posibilidad de solicitar el pago diferido en el caso específico de los servicios de agua, energía y gas. Adicionalmente, mecanismos de acceso a los fondos para que las empresas prestadoras del servicio pudieran continuar prestando sus actividades, como principales medidas definidas por el Gobierno. Sumado a este marco, los reguladores sectoriales se vieron abocados a expedir regulaciones acordes a los mandatos establecidos en los decretos, flexibilizando su regulación, en materia de calidad, de reportes de información, entre otras. Una vez finalizadas las dos declaratorias de emergencia económica, social y ecológica, más no la sanitaria, la cual se ha extendido hasta el 30 de noviembre del presente año (2020), surge la pregunta, ¿Cuál es el nuevo escenario en materia de servicios públicos de cara a la nueva normalidad? Para responder tal pregunta, se tendrá en cuenta lo que la pandemia evidenció: la falta de cobertura de los servicios públicos o su deficiente prestación. De allí que sea necesario revisar el papel del Estado como director de las actividades económicas, y si debe acentuar su intervención en el mercado de los servicios públicos, con el fin de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales o permitir que el mercado restablezca por si solo su equilibrio y el Estado ejerza únicamente la supervisión, vigilancia y control de los sectores. En uno u otro escenario debe existir una política pública acompañada de una agenda estratégica, cuyo objetivo sea minimizar las brechas y desigualdad entre los habitantes del territorio nacional respecto al acceso de los servicios públicos
Compartición de infraestructura del sector de energía eléctrica para la prestación de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en Colombia. Una revisión del marco regulatorio y la autoridad competente para resolver las controversias originadas entre los operadores
El objetivo del presente artículo, es efectuar una revisión de las diferentes disposiciones que han sido expedidas por la Comisión de Regulación de Comunicación, en desarrollo de sus competencias legales, identificando los criterios establecidos en materia de compartición de infraestructura de energía eléctrica para el suministro de servicios de telecomunicaciones y las ventajas que este tipo de comparticiones pueden generar para la consecución de la conectividad en el territorio nacional. Adicionalmente, el por qué el regulador de comunicaciones y no el regulador de energía cuenta con la atribución para resolver los conflictos relacionados con la compartición de la infraestructura, finalizando con la identificación de los principales conflictos que se han originado entre los operadores del sector de energía eléctrica.
Los nuevos instrumentos para fomentar la inversión y de esta manera garantizar la conectividad y el cierre de la brecha digital en Colombia
Al realizar un balance de la importancia de la expedición de la Ley 1341 de 2009, se observa que trajo significativos avances en materia de competencia, producto de la incorporación de figuras tales como la habilitación general, el registro tic, la regulación por mercados, las políticas en materia de acceso y servicio universal, así como unas primeras aproximaciones a una legislación de carácter convergente, los cuales se configuraron como instrumentos que dinamizaron la competencia, poniéndonos a la vanguardia en Latinoamérica al contar con una legislación en materia de telecomunicaciones acorde con los cambios en la legislación europea, y orientada principalmente a establecer mecanismos para el cierre de la brecha digital, y de esa manera lograr que la sociedad colombiana accediera a la sociedad de la información y del conocimiento.
La regulación por mercados : la nueva perspectiva del sector de las telecomunicaciones
El cierre de la brecha digital, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, como mecanismo efectivo para la democratización de las TIC
En el presente artículo se hará una reflexión sobre los instrumentos de intervención pública asociados con la conectividad digital en Colombia, que se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y que se formalizaron con la expedición de la Ley 2294 de 2023, para lograr la conectividad universal en Colombia, y se analizará si estos instrumentos sí se reflejaron en el diseño de unas nuevas políticas públicas digitales que contribuyan de forma definitiva a cerrar la brecha digital que se presenta en el país. Para realizar este análisis se describe de manera previa la consolidación institucional del sector de las comunicaciones, con ocasión de la expedición de la Ley 1978 de 2019, y el efecto que tuvo en el debate nacional el impacto de la pandemia por COVID-19. Esta revisión institucional es fundamental en el estudio de las políticas públicas digitales, dado que tanto la expedición de la mencionada Ley, como los efectos normativos que generó la pandemia por COVID-19 marcaron de forma inevitable, no solo al sector de las comunicaciones sino también a la sociedad colombiana. En efecto, y como consecuencia de la pandemia, en Colombia, a través de la Ley 2108 de 2021 se estableció el internet como un servicio esencial; lo que necesariamente generó un nuevo alcance para las políticas públicas digitales para responder a este nuevo reto. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se convertiría en el primer plan de políticas públicas con una nueva obligación social, en cuanto a la necesidad de garantizar a todos los colombianos el acceso a internet como un derecho derivado de la declaratoria de servicio esencial de este servicio. El artículo finaliza con una serie de consideraciones y recomendaciones orientadas a contribuir con el desarrollo de las políticas públicas de conectividad, elemento esencial para el bienestar de los colombianos.
Criterios definidos en la Resolución 5890 de 2020 de la CRC, para la compartición de infraestructura del sector eléctrico, de acuerdo con los mandatos de la Ley 1978 de 2019
Entre los objetivos de la Ley 1978 de 2019 o Ley de Modernización tic, está garantizar la conectividad para todos los habitantes del territorio nacional, de allí que nuevamente la ley apelara a figuras que habían sido incorporadas en las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, en materia de compartición de infraestructuras con otros sectores, principalmente con el sector eléctrico, mecanismo que se materializó en tres resoluciones específicas: la crc 4245 de 2013 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones; la creg 063 de 2013 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas; la creg 140 de 2014 y la crc 5283 de 2017, en las que se definieron las condiciones de la compartición, su calidad, y la remuneración por el uso de los elementos indispensables, por ejemplo los postes y ductos, entre otros. Si bien estas tres resoluciones tienen como aspecto común la identificación de los elementos necesarios para la compartición entre los operadores de esos sectores, fue necesario expedir una nueva resolución, la crc 5890 de 2020, en la que se incorporaron nuevos elementos en materia de remuneración para hacer efectiva dicha compartición, y que mediante dicha figura se pueda lograr la conectividad y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones de gran parte de los colombianos
Nuevos modelos regulatorios. Sandboxes regulatorios como instrumentos para garantizar la innovación y conectividad en Colombia
Han pasado treinta años desde el inicio de los procesos de liberalización y privatización mediante los cuales se introdujeron nuevas reglas orientadas a garantizar la competencia, maximizar el bienestar general y proteger a los usuarios. Así, se pasó de escenarios de concesión o de permisos para la prestación de los servicios de telecomunicaciones previstos en el anterior modelo de intervención, a un modelo de habilitaciones generales para la prestación de los servicios, ajustados todos a marcos legales y regulatorios previamente definidos tanto por el legislador como por el regulador, en los que los operadores y prestadores de redes de servicios de comunicaciones no podrían proponer nuevos modelos de negocios, o modelos de innovación para este sector.