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Ortiz Laverde, Sandra Milena

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    Medidas adoptadas en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en Colombia y los nuevos escenarios regulatorios en cara a la nueva realidad
    (Universidad Externado de Colombia, 2022) Ortiz Laverde, Sandra Milena; Ortiz Cabrera, Maria Alexandra; Sánchez Guzmán, Paula Vanessa; Moreno Castillo, Luis Ferney; Ortiz Zamora, Luis A.
    En el marco de las dos declaratorias de emergencia económica, social y ecológica para Colombia, fueron expedidos decretos legislativos en diferentes áreas, entre ellas la referente a los servicios públicos. Es así como, en el marco de la primera declaratoria del Estado de emergencia consagrada en el Decreto 417 de 2020, se expidieron once decretos legislativos en materia de servicios públicos y en la segunda declaratoria prevista en el Decreto 637 de 2020, se expidieron cinco decretos legislativos en la materia. Con este conjunto de medidas se buscó garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, mecanismos asociados para asegurar el pago de los mismos y la posibilidad de solicitar el pago diferido en el caso específico de los servicios de agua, energía y gas. Adicionalmente, mecanismos de acceso a los fondos para que las empresas prestadoras del servicio pudieran continuar prestando sus actividades, como principales medidas definidas por el Gobierno. Sumado a este marco, los reguladores sectoriales se vieron abocados a expedir regulaciones acordes a los mandatos establecidos en los decretos, flexibilizando su regulación, en materia de calidad, de reportes de información, entre otras. Una vez finalizadas las dos declaratorias de emergencia económica, social y ecológica, más no la sanitaria, la cual se ha extendido hasta el 30 de noviembre del presente año (2020), surge la pregunta, ¿Cuál es el nuevo escenario en materia de servicios públicos de cara a la nueva normalidad? Para responder tal pregunta, se tendrá en cuenta lo que la pandemia evidenció: la falta de cobertura de los servicios públicos o su deficiente prestación. De allí que sea necesario revisar el papel del Estado como director de las actividades económicas, y si debe acentuar su intervención en el mercado de los servicios públicos, con el fin de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales o permitir que el mercado restablezca por si solo su equilibrio y el Estado ejerza únicamente la supervisión, vigilancia y control de los sectores. En uno u otro escenario debe existir una política pública acompañada de una agenda estratégica, cuyo objetivo sea minimizar las brechas y desigualdad entre los habitantes del territorio nacional respecto al acceso de los servicios públicos