Persona: Zarate Pérez, Aníbal Rafael
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El eufemismo del término agencia en el ordenamiento jurídico colombiano
La proliferación de agencias en el derecho colombiano es justificada por una necesidad de mayor independencia técnica y la implementación de buenas prácticas en la organización administrativa del orden nacional. Mediante la comparación con el caso estadounidense, sistema en el que se origina el término, este capítulo muestra cómo las agencias nacionales carecen de los componentes orgánicos que tienen las agencias de los Estados Unidos, que son calificadas como independientes del Ejecutivo. Más que constituir una categoría de órganos, se trata de una denominación genérica e imprecisa para referirse a formas organizativas en su mayoría pertenecientes al sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva y que evocan unidades de trabajo bajo la orientación de comités compuestos de agentes del presidente, no siempre expertos en las áreas de intervención. El eufemismo alrededor de la noción apela a una reforma de la Administración que considere aspectos orgánicos y no solo funcionales de diseño institucional.
La cláusula general de competencia de los entes territoriales en materia económica
Si la autonomía territorial con que cuentan los entes locales para la “gestión de sus intereses” permite fundar, vía una cláusula general de competencia, las iniciativas económicas locales, esta fórmula aparece sujeta a los límites constitucionales y legales sobre las modalidades de intervención local, como lo sugiere el respeto de las normas nacionales en materia de competencia económica.
La especialidad relativa de la potestad sancionadora en materia de servicios públicos domiciliarios
El control sobre los servicios públicos domiciliarios y otras industrias en redes es un modo de intervención especial, distinto de la policía general que tiene el Estado sobre la actividad económica. Por las altas inversiones en infraestructura y las fuertes dimensiones sociales y ambientales de las externalidades negativas y positivas en estas industrias, se argumentó durante un largo tiempo que dichos servicios debían ser asumidos por actores públicos. Sin embargo, los problemas crecientes en el modelo de prestación estatal de los servicios públicos domiciliarios hicieron palpables las ineficiencias derivadas de años de malas prácticas, observándose tarifas que no cubrían el costo de prestación, falta de continuidad y una baja cobertura y calidad en su provisión. Estos resultados suscitaron serios cuestionamientos desde la economía y la ciencia política sobre la capacidad de producción y planificación del Estado y acerca de los posibles efectos dañinos que la titularidad pública de estos servicios tiene como alternativa para corregir fallas en las industrias en redes. En el marco de las reformas emprendidas por diferentes países para hacer frente a estas críticas, el constituyente de 1991 optó por la apertura al sector privado de esa actividad económica y creó, por ende, un escenario de libre competencia para los servicios públicos.
La protección constitucional de la rivalidad en el mercado como interés de las actuaciones administrativas en materia económica
Relaciones peligrosas: corrupción y captura del regulador por grupos de intereses
La captura del regulador, antecedida de actos de corrupción, implica que se desvía del logro de equilibrios al interior de los dispositivos económicos y sociales en los cuales está llamado a intervenir. No solamente son corruptos los medios que se emplean para capturar al regulador, sino que, además, el producto regulatorio que luego adopta, al anteponer intereses específicos al interés general, constituye en sí mismo un acto de corrupción. Pero, ¿podemos aceptar la idea según la cual toda relación cercana entre el regulador y grupos de intereses es peligrosa? La participación de particulares en los procesos de decisiones públicas es un factor de legitimidad que insta al cumplimiento de la norma regulatoria. Más que aislar al regulador del sector regulado, se busca demostrar cómo, desde consideraciones orgánicas y de arquitectura de los reguladores, es posible potencializar los beneficios provenientes de la colaboración de los administrados sin aumentar el riesgo de captura.
L'indépendance des autorités de concurrence, analyse comparative Colombie, France, Etats-Unis
Si l‘indépendance des autorités de concurrence est souvent justifiée par le besoin d‘une expertise objective, ce besoin ne suffit pourtant pas à la légitimer. Créées en contradiction apparente avec le principe de séparation des pouvoirs, les autorités de concurrence « indépendantes » ne peuvent trouver leur légitimité que dans la conjonction de diverses garanties institutionnelles, et de différents mécanismes de contrôle et procédures. S‘interroger sur la place de l‘indépendance des autorités de concurrence en Colombie suppose alors l‘identification de ces garanties et mécanismes.